Hoy quiero abordar un tema básico: la fiscalización es la lógica que acompaña la vida completa del recurso público, desde que se identificó una necesidad y se autorizó una asignación, hasta que se ejerce, se registra, se comprueba y se rinde cuentas ante ciudadanos y órganos revisores.
En México esta idea es muy relevante, entre otras cosas porque somos un país federal. Los recursos públicos operan en una arquitectura compleja (Federación, entidades, municipios, órganos autónomos y servidores públicos) que interviene en distintas etapas de la decisión.
Cuando una parte de esta cadena falla, la fiscalización revela una debilidad institucional. Un gasto público bien ejercido es aquel que puede explicarse de principio a fin.
No sólo con pagar, ni con tener una factura, ni con afirmar que el servicio se recibió o la obra se ejecutó: la gestión pública debe poder reconstruir la historia completa del recurso, con documentos, registros, evidencia física e indicadores verificables.
Recientemente, el Instituto Nacional de Administración Pública INAP, encabezado por el Dr. Eber Betanzos, el cual mantiene una colaboración activa con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y organismos como el INAFED, ha reforzado los esfuerzos de capacitación y profesionalización, enfocándose en temas clave como la “Inducción a la Fiscalización del Gasto Federalizado en Estados y Municipios”.
El objetivo central de estos encuentros es dotar a los servidores públicos locales de herramientas técnicas y tecnológicas para transparentar el uso de recursos federales (como las participaciones y aportaciones del Ramo 33) y combatir la corrupción desde el ámbito municipal.
El gasto de los gobiernos es un reflejo claro de la acción del Estado: cada peso presupuestado es una decisión pública, una prioridad, una obligación legal. Por ello no es únicamente una operación financiera, sino una decisión institucional con consecuencias sociales y obligaciones de legalidad, dado que en algunos espacios de gobierno el manejo de los recursos ha sido arbitrario, como se ha visto incluso en Pemex y en algunas entidades estatales y municipales.
El gasto federalizado es por ello un tema estratégico: son recursos de origen federal que llegan a Estados y Municipios como parte de la Coordinación Fiscal, mediante participaciones, aportaciones, convenios y subsidios, y que financian servicios públicos, infraestructura social, seguridad, educación y salud. Recuerdo un episodio en Quintana Roo: un presidente municipal al que le decían “El Chacho” abusaba del manejo de los recursos públicos, y fue tal su habilidad política que sumó a su causa al secretario de Gobierno del Estado. Sin embargo, en su momento fue castigado y encarcelado.
Los recursos de origen federal se utilizan conforme a la decisión de los gobiernos estatales: se autorizan federalmente, se transfieren por reglas de coordinación hacendaria, se incorporan a presupuestos locales y se reportan en la cuenta pública, sujetos a revisión.
Cuando realizamos la última Comisión Nacional Hacendaria, cuyo titular fue el Dr. Gil Díaz, me tocó coordinar los trabajos, con la participación de estados y municipios. Ahí vimos un error común: asumir que recibir recursos federales equivale a poder gastarlos libremente.
No es así: el recurso público tiene una naturaleza jurídica, con una fuente, un destino, un calendario y la obligación de reportar lo que se gasta. En el caso del Ramo 28, las participaciones, cuyo énfasis de revisión está en la recepción, distribución, registro, conciliación e incorporación presupuestaria. En el Ramo 33, las aportaciones, el énfasis se coloca además en el destino específico de cada centavo.
La revisión obliga a separar las participaciones —de libre disposición local— de las aportaciones —condicionadas a los fines que marca la Ley de Coordinación Fiscal—, que requieren evidencia compatible con su destino. Confundir estas dos lógicas produce errores de planeación y ejercicio y, en algunos estados, de corrupción institucional.
Por ello es indispensable administrar el gasto federalizado con responsabilidad: ¿qué recursos llegaron?, ¿con qué fundamento?, ¿a qué cuenta?, ¿para qué?, ¿qué unidad lo ejerció? y ¿qué documento prueba cómo se utilizaron?, de ahí el papel que juegan las autoridades fiscalizadoras. Continuaré con esto más adelante.
PD: Perder a alguien con quien compartiste varias décadas de vida es despedir a un testigo de tu propia historia. Cuánto lamento tu partida, querido Óscar Mario Beteta.