El impuesto predial es el tributo local por excelencia; sin embargo, dadas las condiciones socioeconómicas e históricas de nuestros municipios y localidades, no siempre es potencialmente eficiente.
Es evidente que se trata del impuesto más relevante, dada la estructura de la desigualdad municipal.
Hagamos un recuento: en el caso de la reforma constitucional al artículo 115, a partir de 1984, se determinó la naturaleza municipal de la recaudación del impuesto predial.
En las cuatro reuniones que se realizaron para concretar y consensuar las reformas, los presidentes municipales que participaban en el tema de ingresos manifestaron su preocupación.
Se preguntaban qué pasaría si intentaban cobrar este impuesto a su compadre, a su primo o a su vecino. Recuerdo que esta era una preocupación en el estado de Quintana Roo hace muchos años. Porque se decía que había gente de “mucho dinero y poder político”.
Por ejemplo, en los años 90 me tocó promover en Oaxaca una reforma para incrementar la recaudación del predial, con el fin de “jugar con eficiencia” en las reformas al sistema de distribución de participaciones aprobado a finales de ese año por la Comisión Permanente.
La reforma operaba en dos sentidos: uno, cobrando lo que la precaria y desactualizada base catastral determinaba, y en otro, revisando los valores catastrales para acercarlos cada vez más a la realidad.
La fórmula del Fondo de Fomento Municipal (FFM), que funciona desde 1991, ha vinculado la dinámica recaudatoria de predial y agua con la de distribución de ese fondo.
En mi posición de secretario de Finanzas en Oaxaca, encabecé un gran esfuerzo en ambos sentidos; sin embargo, en cada actuación que hacíamos, el tesorero municipal de la capital descontaba por lo menos la mitad al contribuyente.
¿Qué fue lo que hicimos para buscar una solución?
Establecer convenios de colaboración para que el gobierno estatal lo cobrara. El resultado fue que, en 1991, respecto de 1990, el incremento fue mayor a 1000 por ciento, a pesar de que se bajaron las tasas, pero se amplió la base.
Esto se refleja en el coeficiente del FFM, ya que, por cada peso adicional recaudado, Oaxaca recibió tres pesos por medio del crecimiento de su coeficiente de participaciones en el FFM, pero eso duró poco con el cambio de gobierno.
El estímulo funcionó hasta 1998, cuando se creó el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), con un monto de recursos superior en 2.5 veces al FFM, el cual se les pagaba solo por el número de habitantes.
Por supuesto que hay municipios que sí cumplen con su responsabilidad, pero son los menos.
Podemos decir que en la coyuntura será importante reforzar en los canales correspondientes la recaudación del impuesto predial, potenciando así ingresos propios, que tendrán que ser revisados y, si se da el caso, sancionados por los congresos locales. La realidad obliga a ser eficientes en esta materia.
En la Coordinación Fiscal, entre lo que facturan los municipios y lo que efectivamente cobran, hay una diferencia; aun sin reformas en el catastro, cerrar esa brecha sería suficiente para casi duplicar el monto de lo recaudado.
En algún momento, el gobernador de Sonora me planteó que la situación es que nosotros contábamos con un sistema que él llamaba “padrotismo fiscal”.
En ese sentido, el catastro, el Registro Público de la Propiedad y los derechos de agua forman parte de un programa que siempre ha sido preocupación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
En los tiempos en que afortunadamente me ha tocado participar, considero que uno de los pendientes ha sido la revisión y el cobro de este impuesto tan relevante. Es de suma importancia que fortalezcamos a los municipios con el apoyo de los estados y con una colaboración administrativa que potencie la recaudación local del impuesto predial.