Auditor Superior de la Federación
En memoria de René Juárez
Aun en su muerte, René Juárez Cisneros marcó un hito como observamos en el Homenaje que el Congreso de la Unión en sus dos Cámaras realizó: reconociendo su espíritu democrático; su decencia, carácter y gran honestidad política; su espíritu de diálogo democrático y una vida pública sin escándalos de corrupción, nos deja su ejemplo y a sus amigos, la tristeza de ya no contar con su presencia. Fue mi amigo; como coordinador de la legislatura que está terminando, tuvimos en René como jefe de su bancada, respeto y apoyo al trabajo de la ASF.
Durante los últimos 20 años el fenómeno de la corrupción ha ocupado un puesto preponderante en la agenda pública. Distintas instancias y organismos internacionales y regionales, como las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), han expresado su preocupación por los efectos nocivos de la corrupción y han destacado la necesidad de adoptar medidas efectivas para hacerle frente.
Esa preocupación no es gratuita. La corrupción, como una expresión del abuso de poder, desplaza el interés general para buscar un beneficio privado, dañando a la democracia y al Estado de derecho. A su vez, como efecto dominó, impactará, ya sea de manera directa o indirecta, todos los aspectos de la vida pública, como los derechos humanos.
En torno a la corrupción los distintos organismos de derechos humanos, internacionales y nacionales, han manifestado la importancia de reconocer, primero, que la corrupción afecta el acceso y el ejercicio pleno y efectivo de todos los derechos humanos; segundo, que daña de manera especial a quienes son afectados por la desigualdad estructural, y, tercero, que, en ciertos casos, forma parte del contexto en el que ocurre una violación a los derechos humanos.
Por otra parte, los derechos humanos implican obligaciones para el Estado y sus instituciones, como lo establece nuestra Constitución y los distintos tratados internacionales: todas las autoridades, en el marco de nuestras atribuciones y facultades, debemos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Las obligaciones en esta materia se complementan con nuestro deber, constitucional y ético de combatir a la corrupción. Es decir, para combatir la corrupción y la desigualdad, debemos adoptar una estrategia integral y multidimensional, que promueva el fortalecimiento institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia en las actividades públicas.
Para cumplir esos objetivos, es indispensable la contribución de las Entidades de Fiscalización Superior, como la ASF. La fiscalización superior favorece que los recursos públicos se ejerzan de manera apropiada y la mejora de la gestión pública.
En ese orden de ideas, nuestra labor contribuye a garantizar los derechos humanos en tres vías. La primera, al vigilar que el presupuesto destinado a las instituciones y políticas de derechos humanos se ejerza correctamente y con apego a la ley; la segunda, al evaluar el desempeño de dichas instituciones y políticas para determinar su eficacia, eficiencia, economía y efectividad y hacer recomendaciones para abonar a su progreso. Por último, al ejercer correctamente, nuestras atribuciones y facultades, contribuimos a la prevención, detección, sanción y eventual erradicación de la corrupción y beneficiamos el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. La rendición de cuentas es un componente clave del respeto a los derechos humanos y del combate a la corrupción, y, por ello, es un principio fundamental del Estado de derecho y de la democracia.