Los primeros cien días de una administración federal son un referente más o menos arbitrario para presentar la eficacia y celeridad con la cual un sistema presidencialista aborda los retos que se impuso con la toma de protesta. La tradición viene de la narrativa que Franklin D. Roosevelt se dio a sí mismo para su primer periodo, en 1933.
Ya muchos comentaristas en México han brindado su análisis, en diversos campos y por, supuesto, también para lo educativo. En esta ocasión yo prefiero hacer mención no de las promesas de campañas o el discurso inicial, ni de las iniciativas que se discuten en la Cámara de Diputados para reformar los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución, sino de algunos pendientes que urgen. Son procesos que traen su propio arrastre de consecuencias, y que afectan –dependiendo de cómo se resuelvan- el derecho a aprender de la joven generación en el país.
Uno: Urge resolver pendientes que apremian sobre la asignación y el gasto educativo. Los más obvios son los que tienen que ver con pagos a maestros. No sólo es dolorosamente presente el hecho de que hay adeudos graves de incumplimiento para maestros de inglés –además de un recorte de la mitad de lo que tenía el año pasado el Programa Nacional de Inglés-, regularizaciones pendientes de las promociones a director que no incluyeron la composición del nivel de Carrera Magisterial, los aumentos omisos a quienes alcanzaron el nivel "destacado" en las evaluaciones de desempeño ya realizadas y reportadas. Hay, además, desajustes graves para siquiera pagar la nómina regular en Guerrero, manejos confusos de las retenciones de impuestos y créditos, falta de claridad sobre la viabilidad y ritmo de los compromisos para mejora de infraestructura escolar que van a la mitad, la disminución de casi diez por ciento para la ya de por sí precaria operación de CONAFE. El más impactante es el recorte para este año de 61% para la formación continua de los docentes. Sin un reajuste mayúsculo –y con y sin nuevo texto constitucional sobre los fines de la educación- los medios para la garantía del Estado al ejercicio del derecho quedarán, por decir lo menos, deprimidos. ¿Quién y cuándo va a hacer esa reingeniería financiera?
Dos: tenemos un pendiente urgente de asistencia técnica a la escuela. Poner a niñas, niños y jóvenes al centro implica saber –y toda la evidencia lo confirma- que no basta salones, maestros, libros, agua, electricidad y consumibles en cada escuela. Se requiere de una vigorosa red de apoyo que alcance, conecte y coordine la atención a sus necesidades específicas y cotidianas. Las supervisiones y jefaturas no pueden ser oficinas de "inspectores", que sólo lleguen a ver cómo encuentran a la comunidad de aprendizaje en falla administrativa. Su cuerpo de apoyo, los Asesores Técnico-Pedagógicos, los maestros y especialistas que no estando frente a grupo tienen la tarea de acompañar y favorecer las soluciones, llegan a cumplir su tarea en pocas ocasiones y en condiciones adversas. En Mexicanos Primero hemos estimado un déficit de al menos 20 mil de estas figuras educativas, para un servicio no óptimo sino apenas suficiente para atender las escuelas de educación básica públicas del país. El año pasado se difirieron los nombramientos por la falta de confiabilidad de los resultados; las y los profesores están ahí, haciendo su trabajo, pero con la incertidumbre de lo que sigue. En el debate de la equidad y la inclusión, es materia pendiente y urgente el ajuste de ese acompañamiento; la "correa de transmisión" entre las prácticas y las metas de cada escuela es tenue y tiene rupturas en multitud de puntos. No alcanza, aunque se agradecerá, la descarga administrativa; falta su contraparte positiva y efectiva: que el aterrizaje de programas, la comunicación de la implementación de métodos y materiales pase por personas reales, y no por cursos a distancia o meros manuales que se envían en forma de copias o emails a las escuelas. ¿Y la asistencia técnica a la escuela?
Tres: el avance obvio, y en muchos sentidos definitorio, de todo sistema escolar de una nación es preguntarse: ¿y aprendieron? Si no queremos ser un país de certificados y diplomas sin sustento, la verificación del logro de aprendizaje es crucial. El "aprovechamiento" (aunque es un término anticuado y que refiere a algo más cercano a la digestión que al ejercicio cabal del derecho a aprender) es algo que no se puede ni se debe omitir. No lo capta plenamente la boleta de calificaciones, pero es un acercamiento estratégico; complementado con reportes cualitativos y con evaluaciones estandarizadas, el mapa para las futuras atenciones que recibirán los alumnos se va completando. Y sin embargo, está en jaque el componente de verificación del sistema mismo en cuanto a logro de aprendizaje. La junta de gobierno del INEE dice que este año PLANEA no va porque no hay dinero; la SEP dice que sí, a nivel escuela por escuela, pero sin la muestra representativa nacional se pierde la ahora ya muy pautada serie histórica. ¿Ya se pusieron de acuerdo? ¿Quién va a procesar los resultados del global de escuelas? Lo más importante, ¿cómo leeremos los resultados y qué podrán hacer los alumnos mismos, los maestros, las escuelas y los funcionarios mayores con los resultados? Nos tenemos que salir en México de "¡Ah, qué mal estamos!" y, en cambio, usar los resultados para convocar a un renovado esfuerzo. Necesitamos saber -y que los datos sean confiables- para que la intervención sea precisa.
Tan pronto como en el curso del día que sale esta columna, puede que se llegue ya a un dictamen en comisiones para el cambio constitucional. Pero la ruta legislativa sigue, y no interfiere con hallarle solución o comenzar contundentes acciones para los pendientes urgentes que he mencionado. No podemos estar como los ewoks de la Guerra de las Galaxias celebrando o abucheando los estallidos en el firmamento legislativo, restándonos de lo que tierra-tierra, a nivel de piso, nos urge para mejorar la educación. No son cien días; es ya.