México enfrenta una transformación demográfica que avanza más rápidamente que la capacidad institucional de alcanzar los niveles de desarrollo, ingreso y protección social de las economías avanzadas.
En 2025, alrededor de 19.2 millones de personas tenían 60 años o más, equivalentes a 14.7% de la población, según la Encuesta Intercensal del INEGI. Para 2070 se estima que esta proporción podría alcanzar 34.2%. La disminución de la fecundidad, actualmente cercana a 1.6 hijos por mujer, y el aumento de la esperanza de vida, que llegó a 75.9 años, están modificando la estructura poblacional del país. México envejece, y lo hace con rapidez.
Esta transformación también ejerce una presión creciente sobre las finanzas públicas. En 2026, el Gobierno Federal destinará cerca de 1.7 billones de pesos al pago de pensiones y jubilaciones, casi una cuarta parte del gasto programable. En instituciones como el IMSS y el ISSSTE, una parte muy importante de sus recursos se concentra en este rubro, lo que reduce el margen para fortalecer servicios médicos, construir hospitales o mejorar el abasto de medicamentos.
A ello se suman programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que han sido fundamentales para apoyar a quienes no cuentan con una pensión laboral. Estos apoyos han contribuido a reducir la vulnerabilidad económica de millones de personas mayores, pero también representan un compromiso financiero cada vez mayor para el Estado. El reto consiste en garantizar estos ingresos sin comprometer los recursos necesarios para otros servicios públicos esenciales, como la salud, la educación o la infraestructura.
A los desafíos financieros se suma otro igual de importante: la salud. México sigue enfrentando enfermedades infecciosas y emergentes, mientras aumentan padecimientos como la hipertensión y la diabetes, que requieren atención médica permanente. Entre las personas de 50 años y más, cuatro de cada diez viven con hipertensión y una de cada cuatro con diabetes. Esto implica consultas frecuentes, medicamentos, estudios y seguimiento continuo. Cuando los servicios públicos son insuficientes o los tratamientos se interrumpen, los costos terminan recayendo en las familias, que deben asumir gastos que pueden acompañarlas durante años.
El envejecimiento también obliga a repensar los sistemas de cuidado. Más personas mayores significan una mayor necesidad de especialistas en geriatría, personal de enfermería, cuidadores profesionales y servicios de rehabilitación.
Hoy, gran parte de esas tareas se realizan dentro de los hogares y recaen principalmente en las mujeres, quienes con frecuencia reducen sus jornadas de trabajo o incluso abandonan el mercado laboral para atender a familiares, con el consecuente impacto en sus ingresos, ahorros y futuras pensiones.
La reciente discusión sobre la Modalidad 40 del IMSS también mostró la otra cara de las tensiones que enfrenta el sistema pensionario. Este mecanismo permite mejorar la pensión de ciertos trabajadores mediante aportaciones voluntarias después de dejar un empleo formal.
Sin embargo, también abre un debate sobre la equidad, ya que quienes cuentan con mayores recursos pueden acceder a beneficios significativamente superiores a los de personas que han enfrentado bajos salarios, informalidad o periodos de desempleo.
El reto consiste en preservar los derechos de las y los trabajadores sin generar compromisos financieros que, con perspectiva de futuro, resulten difíciles de sostener.
En última instancia, cuando los servicios públicos son insuficientes, las familias absorben buena parte de los costos económicos, físicos y emocionales asociados a la enfermedad y la dependencia. En esas condiciones, el envejecimiento de la población puede ampliar las desigualdades y aumentar la vulnerabilidad de muchos hogares.
México enfrenta una paradoja que definirá buena parte de su futuro: vivimos más años que nunca, pero aún no garantizamos que esos años adicionales se vivan con bienestar, salud y seguridad económica.
Gabriela A. Luna Ruiz es académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.