Actualmente, el mundo enfrenta tres crisis ambientales generadas por todos los que habitamos el planeta, sin embargo, se pueden atribuir en gran parte a la economía extractiva de las empresas, que urge transformar.
Dichas crisis tienen un impacto negativo en los ecosistemas, pero también directa o indirectamente en empresas, gobiernos y sociedad al afectar cadenas productivas y de valor. Por ello, es necesario que el riesgo a la naturaleza se entienda como un reto de negocio, financiero, estabilidad económica e incluso de seguridad alimentaria.
La primera es el cambio climático, que sube la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales, como huracanes, o sequías; según la Organización Meteorológica Mundial, entre 1970 y 2019 las pérdidas económicas por eventos extremos se multiplicó por siete, al pasar de una media de 49 millones de dólares a 383 millones de dólares por día. En ese tiempo hubo más de 11 mil desastres naturales, pérdidas económicas por 3.64 billones de dólares y más de 2 millones de fallecidos, con un 91% concentrado en países en vías de desarrollo.
La segunda es la pérdida de biodiversidad. México es el cuarto país más megadiverso del mundo, alberga entre el 10 y 12% de las especies de flora y fauna, pero en el último reporte oficial se detectaron 2678 especies en riesgo, divididas en cuatro categorías: peligro de extinción, amenazadas, probablemente extintas en el medio silvestre o sujetas a protección especial.
La última es la contaminación y pérdida del agua, suelo y aire. México es el segundo país de América Latina, detrás de Brasil, con mayor emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI); cada mexicano emite en promedio seis toneladas de CO2 equivalente por año.
Si bien hay iniciativas para mitigar estos retos ambientales, son insuficientes, ya que por cada dólar que se invierte en el mundo para proteger la naturaleza, se gastan 30 dólares en destruirla, indica el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El impacto es para todos
La naturaleza es un activo financiero y un factor de seguridad para la supervivencia de empresas, gobiernos, sociedades y en general, la especie humana. Hay que dejar de verla como “marketing verde” o voluntariado, aumentar los recursos destinados a la recuperación de ecosistemas y desarrollar mecanismos que permitan financiar proyectos de conservación y regeneración.
Por poner algún ejemplo, las industrias de neumáticos, vino o café dependen de materia prima que se obtiene gracias al agua y suelo, y deben interesarse en cuidarlos, si no crece el riesgo para sus negocios. Es importante que integren a la naturaleza en su cadena de valor, suministros y balance financiero, para que no pierdan competitividad.
El uso combinado de las nuevas tecnologías ayuda a monitorear sus emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero y a dar seguimiento a su “descarbonización”, que es un proceso estratégico, operativo y financiero, que busca la reducción sistemática del carbono en las actividades de las compañías.
Algunas medidas financieras, como los créditos de naturaleza (agua, suelo y biodiversidad), o sus antecesores, los créditos de carbono (mal llamados “bonos”), permiten compensar emisiones de dióxido de carbono (CO2) al invertir en proyectos sostenibles. Cada crédito representa la disminución o eliminación de una tonelada de dióxido de carbono equivalente de la atmósfera, y se genera a partir de proyectos certificados que se enfocan en actividades como reforestación, energías renovables, gestión de residuos o recuperación y protección de ecosistemas. En el caso de biodiversidad, agua y suelo, se refieren a metros cuadrados protegidos, metros cúbicos preservados y toneladas de suelo restaurado, respectivamente.
La certificación y trazabilidad de los proyectos se realiza con tecnologías de punta como la inteligencia artificial, gemelos digitales o blockchain, con los que se monitorean, crean maquetas para medir riesgos y validan y emiten créditos de naturaleza.
Es hora de que las empresas lideren esta revolución de sostenibilidad, pero aún falta la señal regulatoria para que los proyectos de naturaleza se vean como un activo y se comercien de forma justa y transparente.
La pregunta es: ¿las organizaciones y países están listos para transformar sus modelos de negocio y gobierno y convertir la sostenibilidad en su mayor ventaja?