El sector energético mexicano atraviesa una etapa de mayor complejidad regulatoria que obliga a las empresas a considerar cada vez más variables para tomar decisiones operativas, económicas y de inversión.
Entender de manera conjunta estos cambios se ha vuelto fundamental para las compañías que participan en los sectores eléctrico, de gas natural y medio ambiente.
En los últimos 15 años, dichos sectores han atravesado dos reformas que modificaron de manera significativa las condiciones bajo las cuales operan empresas, inversionistas y consumidores.
La reforma constitucional de 2013 dio paso a una nueva industria eléctrica y, en 2016, a la implementación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
A partir de entonces surgieron mecanismos como las subastas de largo plazo y aumentó la participación de empresas de generación, comercialización y suministro.
De acuerdo con un análisis de Enegence, tras un periodo de menor inversión a partir de 2018, a finales de 2024 se realizaron nuevos cambios constitucionales y legales.
Entre ellos se encuentran la reintegración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una sola empresa, su prevalencia sobre los particulares y el establecimiento de una planeación centralizada y obligatoria, mediante la cual el Estado define tecnologías, capacidades y zonas geográficas abiertas a la participación privada.
Aunque se ratificó la operación del MEM, la implementación del nuevo esquema implica también disposiciones administrativas, modificaciones a las reglas del mercado y nuevas figuras de participación que las compañías deberán incorporar a sus estrategias.
Entre los cambios en generación se encuentran nuevas disposiciones en materia de permisos y la figura de autoconsumo, tanto aislado como interconectado, que en algunos casos requerirá infraestructura de gas natural.
También se establecen disposiciones para cogeneración y almacenamiento de energía, mientras que el umbral de generación exenta aumenta a 0.7 MW, aunque las reglas correspondientes permanecen pendientes de emisión.
Del lado del consumo permanecen el suministro básico y el suministro calificado, así como los criterios para conectar Centros de Carga.
Esto permite a inversionistas desarrollar infraestructura privada, como subestaciones y redes particulares, para facilitar el acceso de consumidores finales a capacidad de conexión y energía.
Integran más variables
La transformación no se limita al sector eléctrico. En gas natural se estableció la obligación de implementar controles volumétricos y están previstas obligaciones relacionadas con nominaciones y nueva regulación en materia de permisos.
En eficiencia energética se encuentran en consulta pública disposiciones para un sistema de gestión de energía, mientras que en materia ambiental está pendiente la implementación del Sistema de Comercio de Emisiones.
Desde mi perspectiva, la combinación de estos factores aumenta la dificultad para diseñar estrategias que cumplan con las disposiciones y, al mismo tiempo, permitan mantener una operación competitiva.
El marco regulatorio actual es sumamente complejo, y esto se incrementa con la necesidad de modelar todas las variables e instrumentos que forman parte del sector eléctrico de gas natural y medio ambiente que impactan a todos los puntos anteriores.
A ello se suma la incorporación de herramientas para responder a nuevas obligaciones de supervisión.
Implementar hardware y software, así como nuevas tecnologías y procesos para poder cumplir con las nuevas obligaciones impuestas en materia de supervisión por parte de las autoridades regulatorias y fiscales, representan retos mayores para las empresas.
Otro de los desafíos está en analizar simultáneamente las alternativas disponibles y sus riesgos para encontrar esquemas que permitan optimizar costos y atender las exigencias de distintas áreas.
Lo anterior se complica aún más cuando hay que optimizar las distintas combinaciones para no sólo ser eficientes en costos, indispensable en una economía cada vez más competitiva, sino además por la interrelación con los distintos sectores como lo es con el de gas natural, de eficiencia energética y de medio ambiente, por lo que se requiere un entendimiento regulatorio integral y una gran sofisticación en la modelación integral para poder optimizar beneficios y costos.
