El 1 de septiembre hubo dos informes: el mensaje en Palacio Nacional, con los datos que sostienen la narrativa de avance, y las mil 342 páginas entregadas al Congreso, con sus respectivos anexos, permiten evaluar la política sanitaria con rigor. No hay contradicción. El mensaje selecciona resultados; el informe completo reporta indicadores, incluidos los que no favorecen. Quien quiera un juicio objetivo debe leer el segundo.
Hay avances que merecen registrarse. La estrategia contra el dengue redujo los casos 78.3 %. Las infecciones asociadas a la atención bajaron de 7.8 a 6.7 por cada mil días de estancia. Yucatán se sumó como entidad 24 del IMSS-Bienestar. Se inauguraron 32 hospitales con casi 48 mil millones de pesos. Y el Servicio Universal de Salud, publicado en abril en el Diario Oficial, pretende corregir la fragmentación que arrastra el sistema desde los años cuarenta. Si funciona, será la reforma sanitaria más importante en décadas.
El informe completo contiene datos que no aparecieron en el mensaje: El indicador 3.1 del Programa Sectorial mide, por encuesta, cuántas personas sin seguridad social salieron con todos sus medicamentos del lugar donde las atendieron: cayó de 61.55 % en 2024 a 53.55 % en 2025. Casi la mitad no los recibió completos.
Esa cifra es de quienes no tienen seguridad social. Para los derechohabientes hay una medición equivalente. En los tres niveles de atención, la Encuesta Nacional de Calidad (ENCAL) 2025 del IMSS reporta que el 79 % de quienes acuden a la farmacia recibe todos sus medicamentos. El propio instituto concluye que el abasto es el problema más homogéneo del sistema, con 89 a 93 % de los faltantes por inexistencia.
En el informe de gobierno, en cambio, el IMSS reporta 96.1 % de surtimiento y el ISSSTE 97.5 %. No es fraude estadístico, se mide distinto: la cifra institucional cuenta recetas capturadas en la farmacia, y si el médico no prescribe una clave porque sabe que no hay, esa receta nunca entra al denominador. La ENCAL pregunta al paciente. Entre 96.1 y 79 % hay diecisiete puntos: los que separan al sistema de la ventanilla.
Lo que sigue también está medido: 31 % de quienes no reciben su receta completa acude a una farmacia privada y 3 % suspende el tratamiento. Por eso el gasto de bolsillo creció 7.9 % real entre 2022 y 2024, y 23 % en los hogares más pobres. En el tercer nivel, donde se atiende oncología, la interrupción no produce insatisfacción: produce desenlaces.
El mismo estudio ilumina otro contraste. El informe presume 650 quirófanos habilitados; la ENCAL reporta que 16 % de las cirugías de segundo nivel y 14.2 % de las de tercer nivel se reprograman por falta de quirófano, y que la primera consulta de especialidad tarda hasta casi 70 días. Ninguno de esos indicadores llegó al capítulo de salud.
Otro dato es una confesión: de 8 mil 260 unidades de primer nivel monitoreadas, 2 mil 431 tenían médico los siete días de la semana en al menos un turno, 29.4 % de la meta para 2030. En la mayoría de las comunidades la clínica cierra el fin de semana.
En el anexo de salud infantil, la mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de cinco años pasó de 6.0 por cada cien mil niños de esa edad en 2024 a 8.1 en 2025 y una estimación de 9.9 en 2026.
La de infecciones respiratorias, de 11.4 a 15.3 y 15.9. Son causas que la medicina resolvió hace medio siglo. El sarampión, tras años en cero, pasó de 6 mil 614 casos en 2025 a 12 mil 183 estimados en 2026, y la tosferina de 443 a mil 582. No son problemas distintos: es uno solo, la debilidad del primer nivel.
Conviene ser justo: el origen es anterior a esta administración. La cobertura de vacunación en niños de un año fue 96.7 % en 2015 y cayó a 75.7 en 2023. El virus del sarampión encontró una población ya susceptible. La recuperación, 80.2 % en 2025 y 94.6 en 2026, es real, pero llegó después del brote.
El indicador 5.1, que mide la participación de unidades en el intercambio de servicios, corazón del Servicio Universal de Salud, reporta 0.0 % de avance en 2025. Y el informe afirma que crecieron 161.1 % al pasar de 628 unidades médicas en diciembre de 2025 a mil 12 en junio de 2026. El aumento real es de 61.1 % (es decir, 384 unidades incorporadas). Un error aritmético simple magnifica el avance del indicador central de la reforma y obliga a preguntar: ¿cómo se revisa un documento de esta jerarquía antes de que llegue al Congreso?
Falta un número que el informe no incluye: el gasto público en salud como proporción del PIB. Sigue en 2.6 %, contra el 6 % que recomienda la OMS. Condiciona todo lo demás, porque cada hospital inaugurado genera una obligación permanente de nómina, insumos y mantenimiento sin resolver en el presupuesto.
Nada de esto anula lo construido. Obliga a reconocer que el cuello de botella se movió. Ya no es el ladrillo ni el decreto: es que haya médico todos los días y medicina en la mano del paciente. Ahí el sistema mide dos realidades: ocho de cada diez derechohabientes del IMSS salen con su receta completa; solo cinco de cada diez de quienes no tienen seguridad social. Esos más de 26 puntos son la desigualdad que el Servicio Universal de Salud dice querer corregir, y deberían encabezar el Tercer Informe de Gobierno.
