El fenómeno climático de El Niño no crea las fragilidades económicas de América Latina: las desnuda y les asigna un precio. Una carretera peruana que desaparece en un tramo bajo un huaico (como la Costanera Sur entre Illo y Tacna), un embalse colombiano que se vacía (Punchiná, en Antioquia) o una restricción de tránsito en el Canal de Panamá (octubre de 2023) parecen episodios distintos.
Económicamente, pertenecen a una misma historia y a una sucesión de consecuencias: menos producción, más inflación, presión fiscal y capital que deja de rendir. Esa contabilidad de agregados macroeconómicos, sin embargo, resulta limitada.
El coste decisivo de El Niño no reside sólo en lo que destruye, sino en lo que interrumpe: jornadas no trabajadas, mercancías no distribuidas, inversiones aplazadas y recursos destinados a reconstruir lo ya construido, en una rima perversa del mito de Sísifo.
Perú permite medir la magnitud del problema. Según un estudio del FMI publicado en 2025, los episodios fuertes o muy fuertes de El Niño Costero reducen, en promedio, su producción pesquera en torno a un 70% y la agrícola en cerca de un 11% durante el primer año posterior al inicio del episodio, frente al nivel esperable en ausencia de este fenómeno.
La inflación puede aumentar varios puntos y las cuentas públicas pueden deteriorarse: mengua la recaudación mientras crece el gasto de emergencia y de reconstrucción. El shock opera en tres frentes simultáneos (actividad, precios y presupuesto) y erosiona el margen de maniobra del Estado justo cuando más lo necesita.
Hay, además, una dimensión distributiva que suele obviarse. La inflación climática se parece a un impuesto sin ley ni parlamento, pero con una incidencia inequívocamente regresiva.
Los hogares con menores ingresos dedican una proporción mayor de su renta a alimentos, transporte y energía, precisamente los componentes más expuestos a disrupciones de la oferta. El Niño puede comenzar como una anomalía térmica en el Pacífico y terminar meses después en el precio de bienes y servicios esenciales.
Colombia ilustra otro mecanismo. El Niño suele reducir las precipitaciones y elevar las temperaturas en amplias zonas del país (sobre todo en las regiones Andina, Caribe y Pacífica), afectando no solo a la agricultura, sino también al sistema eléctrico, en el que la hidroelectricidad representa el 65,5% de la generación (2024).
Una menor disponibilidad de agua en los embalses puede exigir más generación térmica, encarecer la electricidad y presionar las tarifas al cliente final.
El fenómeno acaba entonces atravesando una frontera inesperada: de la meteorología a la política monetaria. Si el encarecimiento de los alimentos y la energía se traslada a otros precios y contribuye a deteriorar las expectativas de inflación, el Banco de la República tiene menos margen para bajar los tipos sin comprometer sus metas de inflación.
Chile, por su parte, aporta una variante particularmente reveladora: la exposición del capital productivo. El Banco Central de Chile estima que, históricamente, durante El Niño, las precipitaciones han sido alrededor de un 11% superiores a sus niveles promedio entre Coquimbo y O’Higgins e inferiores en esa misma medida en el norte.
Más agua puede aliviar las restricciones hídricas, pero las lluvias intensas también dañan la infraestructura y alteran la actividad, afectando, por ejemplo, la continuidad productiva de las empresas mineras, como ocurrió el pasado mes de julio. El impacto no se limita a la producción.
El Niño también puede elevar los precios de los alimentos sensibles al clima, especialmente los de frutas y verduras.
Aunque ello no implica por sí mismo una pérdida significativa de competitividad, una inflación más persistente puede elevar los costes internos y condicionar la política monetaria, amplificando el impacto inicial del shock climático.
El caso chileno importa también por la composición de su economía. El PIB cayó un 0,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, en buena medida por la minería, y el Banco Central proyecta para el año un crecimiento de apenas 1% a 1,75%.
Con la minería representando un 13,1% de la economía, una interrupción de los accesos, de la disponibilidad de agua, de la electricidad o de la continuidad productiva puede adquirir rápidamente una dimensión macroeconómica. No hace falta destruir una mina para destruir valor: basta con impedir que produzca durante el tiempo suficiente.
Brasil y el Cono Sur recuerdan, por su parte, que El Niño no distribuye sus efectos de manera uniforme. Más lluvia puede beneficiar inicialmente determinadas cosechas en Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil; en exceso, puede inundar campos, erosionar suelos y dañar infraestructuras.
Otras regiones padecen más calor y un riesgo creciente de sequías cada vez más frecuentes e intensas. El Niño no equivale simplemente a “más lluvia” ni a “sequía más intensa”. Es una redistribución brusca, incierta (y social y económicamente costosa) del riesgo.
El Canal de Panamá convierte esa vulnerabilidad regional en una cuestión global. Sus esclusas dependen de enormes volúmenes de agua dulce. Cuando las lluvias escasean, disminuye la capacidad operativa y surgen restricciones de calado o de tránsito.
La sequía de 2023-2024 mostró que una anomalía hídrica localizada en Centroamérica puede alterar rutas, inventarios y costes logísticos a miles de kilómetros de distancia. Para Panamá, además, la cuestión afecta directamente a las finanzas públicas: el Canal aporta más de 90.000 millones de dólares al Estado, lo que equivale al 3,3% de su PIB.
Pero quizá el coste más profundo sea también el menos visible: la productividad perdida por la discontinuidad. Durante las últimas décadas, buena parte de la literatura económica sobre el débil crecimiento de la productividad en América Latina ha puesto el foco en factores como la elevada informalidad, las brechas en capital humano, los bajos niveles de innovación y las limitaciones a la competencia.
Todos son factores reales. Falta, sin embargo, un elemento clave: ¿cuánto pierde una economía no porque algunas de sus empresas sean ineficientes cuando operan, sino porque lo hacen de forma intermitente?
Una fábrica, durante un corte de suministro eléctrico; una explotación agrícola aislada por una carretera inundada; una faena minera sin acceso; o un comercio sin mercancía producen menos, aunque su tecnología, sus trabajadores y su gestión no hayan cambiado.
Parte de la brecha en la región podría encontrarse, por tanto, fuera de las empresas: en la red eléctrica, el suministro de agua, el drenaje urbano, las carreteras y la capacidad de anticipación de los distintos niveles del Estado.
A ello se añade una segunda pérdida, más sutil. Reconstruir no equivale a ampliar la capacidad productiva. Una carretera concebida para durar unas décadas, pero reparada repetidamente tras inundaciones, tiene una vida económica muy inferior a su vida útil contable.El Niño acelera así una suerte de depreciación climática del capital.
De una carretera peruana a una instalación minera chilena, el problema es idéntico: capital en el balance que deja de producir. En una región con inversión crónicamente insuficiente, cada dólar destinado a recuperar lo perdido es un dólar que no genera nueva conectividad, capacidad digital, educación ni infraestructura productiva.
Aquí reside la diferencia entre El Niño y un shock genuinamente imprevisible. El Niño es recurrente y parcialmente previsible: sus episodios ocurren de forma irregular cada dos a siete años y hoy pueden anticiparse, con distintos grados de incertidumbre, con hasta seis meses de antelación.
Esa previsibilidad modifica la naturaleza económica del problema. La pregunta ya no puede limitarse a cuánto daño causó el fenómeno; debe incluir qué parte pudo haberse evitado.
La primera inundación en una carretera puede ser una catástrofe. La tercera empieza a parecerse a una decisión de inversión.
Si una red eléctrica depende excesivamente de una fuente vulnerable, como en Ecuador; si una ciudad se expande sobre áreas inundables, como ocurre en Bogotá; o si un sistema de agua carece de redundancia, El Niño acaba convirtiéndose en una auditoría involuntaria e implacable de las decisiones acumuladas durante años.
La adaptación climática merece salir del compartimento de la política ambiental. Una represa, un drenaje urbano, una red eléctrica diversificada, una carretera resiliente o un buen sistema de alerta no deberían valorarse sólo por los activos físicos que preservan. Su rentabilidad incluye los días de normalidad que garantizan.
La adaptación es, en este sentido, una política de productividad, un factor crítico de competitividad. El Niño obliga a reconsiderar una vieja pregunta: quizá el bajo crecimiento de la región no responda únicamente a una productividad estructuralmente débil.
También puede reflejar las pérdidas recurrentes de actividad provocadas por shocks que interrumpen la producción, dañan el capital y obligan a destinar recursos a la reconstrucción.