En México, la tierra y los inmuebles representan mucho más que un patrimonio económico: son el resultado del trabajo de generaciones y, con frecuencia, el principal legado que una familia puede dejar a sus hijos. Sin embargo, miles de propiedades en todo el país mantienen algún grado de irregularidad jurídica, situación que puede facilitar conflictos, fraudes e incluso despojos.
El problema tiene raíces históricas. El artículo 27 de la Constitución de 1917 sentó las bases del régimen de propiedad y de la reforma agraria. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el reparto agrario alcanzó una dimensión sin precedentes y consolidó el sistema ejidal. Décadas después, la reforma constitucional de 1992 y la Ley Agraria dieron paso a mecanismos para otorgar mayor certeza a la propiedad social. Entre ellos destacó el PROCEDE, programa mediante el cual se certificaron derechos ejidales y se titularon solares urbanos.
Por otra parte, el crecimiento de las ciudades generó asentamientos irregulares que dieron origen a programas de regularización. La antigua CORETT, hoy INSUS, ha desempeñado un papel relevante en la regularización de terrenos y asentamientos humanos, buscando que sus poseedores puedan obtener certeza jurídica sobre sus inmuebles.
A pesar de estos esfuerzos, el problema persiste. En la Ciudad de México y en otras entidades del país se han presentado casos de despojo y fraude inmobiliario. En algunos casos, los delincuentes aprovechan propiedades abandonadas, sucesiones no tramitadas, escrituras que nunca fueron inscritas, información registral desactualizada o documentos deficientes.
Por ello, el Registro Público de la Propiedad constituye una herramienta fundamental de seguridad jurídica. No basta con tener un documento que aparentemente acredite la propiedad: es necesario conocer los antecedentes registrales, verificar quién aparece como titular y revisar si existen gravámenes, embargos o cualquier otra limitación.
Un problema frecuente surge después del fallecimiento del propietario. Cuando existe testamento, se tramita una sucesión testamentaria; cuando no existe, procede la sucesión intestamentaria, conforme a las reglas establecidas por la legislación civil. En ambos casos, es indispensable concluir el procedimiento y formalizar la adjudicación del inmueble o los inmuebles.
Dejar una propiedad sin regularizar durante años puede convertir un trámite relativamente sencillo en un problema para varias generaciones. Una casa que perteneció a los abuelos puede terminar involucrando a numerosos herederos, haciendo más complejo determinar quién tiene derechos sobre ella.
La recomendación es preventiva: revisar y regularizar el patrimonio antes de necesitarlo.
Los propietarios deben verificar sus escrituras, antecedentes registrales, situación catastral y, cuando corresponda, la existencia de gravámenes. En materia agraria, deben revisar sus certificados y derechos ante el Registro Agrario Nacional, considerando que la propiedad ejidal y la propiedad privada tienen regímenes jurídicos diferentes.
Pero la responsabilidad no puede recaer únicamente en los ciudadanos. Los gobiernos federal y locales también deben hacer un esfuerzo para facilitar la regularización patrimonial, simplificando trámites, reduciendo tiempos y costos, ampliando campañas de asesoría y acercando los servicios registrales, notariales y agrarios a la población.
Regularizar un inmueble puede representar para una familia un costo importante y, en algunos casos, un procedimiento complejo que desincentiva la formalización. Por ello, sería conveniente fortalecer programas de regularización con costos accesibles, trámites simplificados y mecanismos de atención para las personas que más lo necesitan. Facilitar la formalización de la propiedad también beneficia al Estado, al generar mayor certeza jurídica, mejorar la información registral y contribuir a un mercado inmobiliario más ordenado.
Regularizar un inmueble no debe verse como un gasto, sino como una inversión en seguridad. Un patrimonio jurídicamente ordenado facilita su defensa, permite enajenarlo con mayor certeza y hace mucho más sencilla su transmisión a los herederos.
La tierra tiene historia, pero también tiene futuro. Cuidar ese futuro comienza por poner en orden los documentos que acreditan nuestros derechos.
No debemos esperar a enfrentar un despojo, una venta o el fallecimiento de un familiar para descubrir que nuestra propiedad tiene un problema.
Revisar, regularizar y actualizar: tres acciones indispensables para proteger hoy el patrimonio de mañana.
