La infraestructura rara vez ocupa los primeros lugares en las encuestas de opinión, pero es uno de los factores que más inciden en la competitividad de un país. Mientras las empresas evalúan dónde invertir, analizan la calidad de las carreteras, la disponibilidad de energía, la capacidad de los puertos, la conectividad ferroviaria, el acceso al agua y la eficiencia logística. En buena medida, el desarrollo económico comienza ahí.
México atraviesa un momento decisivo. La relocalización de cadenas de suministro, la consolidación del T-MEC y la integración productiva de América del Norte representan una oportunidad histórica para atraer inversión y acelerar el crecimiento. Sin embargo, ese potencial solo podrá materializarse si el país cuenta con infraestructura suficiente, moderna y confiable.
No es casualidad que organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial hayan señalado reiteradamente que la inversión en infraestructura es uno de los principales detonadores de la productividad, la competitividad y el desarrollo regional. La infraestructura no solo facilita el comercio, también reduce costos logísticos, incrementa la eficiencia de las empresas, genera empleo y mejora la calidad de vida de millones de personas.
En este contexto, resulta positivo que el gobierno federal haya colocado la infraestructura entre las prioridades nacionales mediante el Plan México, cuya cartera contempla inversiones públicas y mixtas superiores a 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030, distribuidas en más de mil 500 proyectos relacionados con carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, energía e infraestructura hidráulica.
Se trata de una apuesta de gran escala cuyo propósito es fortalecer la competitividad nacional y preparar al país para las próximas décadas. Como toda política pública de esta magnitud, será el tiempo, la calidad de su ejecución y los resultados obtenidos los que permitan evaluar su éxito. Pero hay un aspecto que difícilmente admite debate: México necesita seguir invirtiendo en infraestructura.
La experiencia internacional confirma que la infraestructura bien planeada puede transformar la competitividad de un país durante décadas. Un ejemplo emblemático es el Canal de Panamá, cuya ampliación, inaugurada en 2016, permitió duplicar prácticamente su capacidad para recibir embarcaciones de mayor tamaño, incrementó los ingresos por peajes, fortaleció el comercio marítimo mundial y consolidó a Panamá como uno de los principales centros logísticos del planeta. De manera similar, la red de trenes de alta velocidad de Japón (Shinkansen) ha demostrado durante más de medio siglo que la inversión sostenida en infraestructura puede impulsar el desarrollo regional, reducir significativamente los tiempos de traslado, elevar la productividad y fortalecer la integración económica entre las principales ciudades del país.
Ahora bien, construir más representa solo una parte del desafío.
Durante décadas, el país ha destinado importantes recursos públicos a desarrollar una extensa red de carreteras, puentes, hospitales, puertos, aeropuertos, presas y sistemas eléctricos. Ese patrimonio constituye uno de los activos más valiosos del Estado y requiere una política permanente de conservación y modernización.
Existe un principio básico de la ingeniería: conservar oportunamente siempre cuesta menos que reconstruir. El mantenimiento preventivo prolonga la vida útil de los activos, reduce riesgos, mejora la seguridad y evita costos significativamente mayores para el erario. Una carretera en buen estado disminuye tiempos de traslado y costos logísticos; una presa correctamente mantenida fortalece la seguridad hídrica; una red eléctrica modernizada incrementa la confiabilidad del suministro.
En esa misma lógica, resulta relevante que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes haya destinado para 2025 más de 56 mil millones de pesos a la conservación y modernización de la red carretera federal y proyecte inversiones superiores a 369 mil millones de pesos durante el periodo 2025-2030. La conservación de más de 48 mil kilómetros de carreteras y la modernización de corredores estratégicos confirman que mantener la infraestructura existente también genera desarrollo y empleo.
La infraestructura tampoco puede entenderse hoy sin la participación del sector privado.
Las concesiones han permitido desarrollar autopistas, puertos, aeropuertos y obras logísticas que difícilmente habrían podido financiarse únicamente con recursos públicos. Lejos de cuestionar este modelo, conviene fortalecerlo mediante reglas claras, seguridad jurídica y mecanismos eficaces de supervisión.
Desde la perspectiva jurídica, una concesión no constituye un derecho absoluto, sino un instrumento mediante el cual el Estado autoriza a un particular a prestar un servicio público o explotar un bien de dominio público bajo condiciones previamente establecidas. En consecuencia, revisar periódicamente el cumplimiento de los programas de mantenimiento, los niveles de servicio y las inversiones comprometidas no representa una excepción, sino una obligación del propio Estado.
La supervisión fortalece la confianza de los inversionistas, protege a los usuarios y garantiza que la rentabilidad de los proyectos continúe traduciéndose en infraestructura segura, eficiente y adecuadamente conservada.
Otro reto ineludible es la sostenibilidad. La infraestructura del siglo XXI debe diseñarse considerando la eficiencia energética, la resiliencia frente al cambio climático, el uso responsable del agua, el respeto a la flora y la fauna y la reducción de emisiones, entre otras. Construir y conservar infraestructura bajo criterios ambientales ya no constituye una opción, sino una condición para asegurar el desarrollo de largo plazo.
La discusión, por tanto, no debe centrarse únicamente en cuántas obras se construyen, sino en qué infraestructura necesita México, dónde debe desarrollarse, cómo debe financiarse y de qué manera generará el mayor beneficio económico y social posible.
Los programas impulsados por el gobierno federal representan una oportunidad para fortalecer la capacidad productiva del país. Su evaluación deberá realizarse con indicadores objetivos de productividad, conectividad, generación de empleo, atracción de inversiones, sostenibilidad y bienestar social, más allá del número de obras inauguradas o de los periodos de gobierno.
La infraestructura debe entenderse como una auténtica política de Estado. Requiere continuidad, planeación de largo plazo, coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y una estrecha colaboración con el sector privado.
Construir más, conservar mejor y desarrollar proyectos técnicamente sólidos, sostenibles y socialmente rentables permitirá fortalecer la competitividad de México y generar mayor bienestar para las próximas generaciones. El objetivo no debe ser únicamente inaugurar obras, sino asegurar que cada proyecto responda a necesidades reales, produzca beneficios medibles y contribuya al desarrollo duradero del país.
