He podido leer el reporte que Mariana Mazzucato y Lara Merling escribieron sobre el Plan México y para mí hay muchos elementos que abren debates sobre el diseño de una política industrial para el país. En los últimos días he leído un sinfín de comentarios especializados, casi todos coincidiendo en que el andamiaje de sus propuestas es transferible a cualquier país de renta media con solo cambiar los nombres propios. Muchas críticas me parecen acertadas, pero mientras se discute este borrador, otro documento, una ley publicada en el Diario Oficial, construyó una arquitectura que apunta en una dirección similar.
El problema que ambos textos abordan es el mismo. El crédito al sector privado en México ronda 35% del PIB, el nivel más bajo entre las grandes economías de la región y apenas una fracción de lo que registra Chile. No se trata de un problema de solvencia bancaria, la señal más interesante está en que el sistema está capitalizado muy por encima de los mínimos regulatorios. Hay por lo tanto un reto de distribución, ya que aunque existe capital, los beneficios que podrían detonar no llegan a donde se requiere.
La banca de desarrollo ha abordado este reto con el instrumento de la garantía. Nafin y Bancomext anunciaron este año garantías de hasta 70% para créditos en sectores prioritarios y de 80% para acreditados sin historial, con 120 mil millones de pesos dirigidos a Mipymes y una promesa de movilizar siete pesos por cada peso garantizado. En ese sentido, aunque la aritmética es correcta, la plomería deja bastante que desear. La garantía viaja al acreditado a través del banco comercial, que le añade su propio margen y con ello el resultado es un empresario que paga una tasa activa muy superior a la que justificaría el riesgo que efectivamente asume.
La receta que propone Mazzucato ante esto es coordinar a Nafin, Banobras, Bancomext y Fonadin alrededor de portafolios de misión: prestar antes, con un horizonte más largo y con dirección. Es un diagnóstico correcto con una solución conservadora, ya que sugiere dejar a la banca de desarrollo haciendo lo que ya hace —prestar— solo que con mejor brújula y un balance más grande. Sin embargo, hay evidencia incómoda para esa ruta, pues los multiplicadores estimados del gasto público en México son bajos, y los de inversión pública resultan estadísticamente indistinguibles de cero.
El giro más ambicioso no está en el tamaño del balance sino en la función. Consiste en que la banca de desarrollo deje de ser el prestamista y se convierta en el primer tramo de pérdida de vehículos estructurados, como fideicomisos que originan cartera productiva, la empaquetan en certificados bursátiles con tramos de distinto riesgo y los colocan entre inversionistas institucionales. El Estado no aporta el crédito; sino que opta por ofrecer la subordinación que hace invertible el crédito para todos los demás. De este modo, su efecto multiplicador deja de medirse en pesos prestados y empieza a medirse en pesos ajenos movilizados.
Nada de esto es hipotético. Santander México colocó a finales de 2024 una bursatilización privada de cartera automotriz por unos 11 mil millones de pesos, la primera de su tipo en América Latina. Las Afores administran 8.67 billones de pesos, cerca de 20% del PIB, y desde octubre de 2024 pueden destinar hasta 30% de sus activos a instrumentos estructurados. Ahí es donde entra el segundo documento, porque la ley de abril creó los vehículos de propósito específico: fideicomisos que emiten certificados bursátiles y pueden recibir garantías de la banca de desarrollo. El límite está en que esta plomería se escribió pensando en carreteras y presas, no en el crédito a una empresa de cincuenta empleados o menos.
Conviene decir lo incómodo. Este modelo es, en su forma pura, lo que Daniela Gabor llamó el Estado que absorbe el riesgo, puesto que el sector público absorbe la pérdida y el privado conserva el rendimiento. Y arrastra una lección de 2008 que Keys, Mukherjee, Seru y Vig documentaron con datos: cuando quien origina el crédito no retiene riesgo, la calidad del análisis se deteriora. Ninguna de las dos objeciones invalida el modelo; ambas definen sus condiciones. El originador debe conservar un tramo, mientras que la subordinación pública debe obtener algo más que rendimiento privado.
Ahí, con cierta ironía, el reporte tiene la respuesta. Mazzucato y Rodrik han insistido en que el apoyo público debe ser recíproco, condicionado a que se canalice hacia proveeduría doméstica, formalización, empleo, o regiones rezagadas. Un tramo de primera pérdida sin condiciones termina por convertirse en un subsidio, pero condicionado a objetivos específicos de desarrollo, se transforma en política industrial. La diferencia no está en la estructura financiera, que es idéntica, sino en lo que el Estado exige a cambio de pararse en el peor lugar de la fila.
Al final, de eso se trata. La banca de desarrollo mexicana ha querido durante décadas estar al frente para originar, prestar y aparecer en la foto del crédito otorgado. Pero su potencial puede enfocarse en el lugar contrario: aceptar cobrar al último y, de algún modo, “perder” primero es el mecanismo que acciona al resto de la fila. Ahí es donde la ley publicada en abril apunta la mirada, y aunque el reporte no nos indica cómo, permanece la pregunta sobre las condiciones que exigirá la banca de desarrollo a cambio de ocupar ese lugar.
