El T-MEC debería evolucionar de un acuerdo comercial para minimizar costos a uno que asegure la resiliencia económica y política de la región.
Antes, la globalización buscaba producir barato; ahora, los socios comerciales buscan acuerdos que garanticen que las cadenas productivas van a resistir las crisis. Eso —que se conoce como friendshoring— exige comunión en tres ejes: alineación política, reglas similares y algo que realmente no tenemos: estabilidad institucional.
Ahí es en donde el T-MEC se topa con pared. Es evidente que no hay alineación política entre los gobiernos de las tres naciones; tampoco entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Un ejemplo: ¿En dónde se van a procesar los casos de crimen organizado de alto nivel? México no acepta que todos sean procesados en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, tampoco puede procesarlos aquí por la casi nula capacidad de las fiscalías. Los estudios de México Evalúa publicados este año sobre la operación de estas instituciones, subrayan el tamaño del desafío. “Radiografía de las fiscalías en México” expone que la impunidad en 2024 alcanzó 89 por ciento, el rezago de casos aumentó 62.5 por ciento de 2019 a 2024, y hay 2.5 millones de casos sin resolver.
Aunque parezca increíble —tal como muestra “Justicia Digital en Fiscalías, 2025”—, no se cuenta ni con la mitad de las 14 tecnologías básicas para la investigación, y ninguna mejora a esto aparece en el Plan México.
En este contexto, no es una sorpresa que la primera revisión sexenal del T-MEC no produjo la certidumbre que América del Norte necesitaba. El tratado no desapareció ni dejó de operar el 1 de julio. Sin embargo, al no acordarse su extensión por otros 16 años, la región entró en un periodo de revisiones anuales que podría prolongarse hasta 2036.
Es vital entender que las empresas deciden sus inversiones en horizontes de 10, 20 o incluso 30 años, y no con reglas que sólo existirán los próximos 12 meses. La incertidumbre anual incorpora una prima de riesgo; pospone proyectos y puede desviar inversiones hacia otras regiones.
Estados Unidos busca que una mayor proporción del valor de los productos beneficiados por el tratado se genere dentro de América del Norte. También pretende limitar el aprovechamiento indirecto del T-MEC por empresas o insumos provenientes, particularmente de China.
Las preocupaciones estadounidenses no deben ignorarse. La competencia es América del Norte, unida, frente a otras plataformas globales de producción, especialmente la de Asia.
El tamaño de lo que está en juego es enorme. En 2025, el intercambio de bienes entre México y Estados Unidos fue de casi 872 mil millones de dólares: cerca de 2 mil 400 millones diarios. Durante los primeros cinco meses de 2026 ya sumaba unos 405 mil millones de dólares, y México se mantenía como el principal socio comercial estadounidense, con 16.5 por ciento del comercio de bienes de ese país.
NO BASTA CON SALVAR EL TRATADO
La revisión del tratado puede convertirse en un proceso anual de amenazas, aranceles e incertidumbre. O puede impulsar una nueva generación del acuerdo que amplíe la inversión y ofrezca certidumbre para los próximos 20 años. El momento ofrece la oportunidad de incorporar al T-MEC nuevas áreas estratégicas como la inteligencia artificial, fortalecer la cooperación regulatoria y abrir el debate sobre las prácticas de fiscalización y las garantías de los contribuyentes.
Aunque se busca proteger las inversiones, no hay reglas sobre la calidad institucional de la administración tributaria. Una fiscalización arbitraria puede obstaculizar las inversiones tanto como una barrera comercial. Para atraer capital, América del Norte necesita instituciones que ofrezcan certeza jurídica, imparcialidad y transparencia.
México llega a esta negociación con experiencia manufacturera, trabajadores capacitados, una amplia red de proveedores y acceso preferencial al mercado estadounidense. Sin embargo, capturar plenamente la oportunidad del friendshoring implica, además, energía suficiente y competitiva, seguridad, infraestructura logística, cruces fronterizos eficientes, regulaciones previsibles y un Estado de derecho que proteja a trabajadores, consumidores, contribuyentes e inversionistas.
El éxito, más que la supervivencia del T-MEC, sería la capacidad de convertir a América del Norte en el lugar más atractivo, seguro y competitivo del mundo para invertir, innovar y producir.
