¿Será una utopía inalcanzable aspirar a vivir en un país donde el respeto al Estado de derecho se mantiene intacto?
En España, el 65 por ciento de los ciudadanos opina que el Poder Judicial ni es imparcial ni independiente.
Según El País, los españoles sospechan que hay “un uso intencionado y orquestado de la justicia para destruir al adversario político”, y “que el propio Poder Judicial no vigila ni castiga a los magistrados que fallan al hacer su trabajo”.
Y no vaya usted a creer que el desencanto español es un fenómeno aislado.
Según el World Justice Project, una organización internacional e independiente dedicada a promover el Estado de derecho en el mundo, la desilusión en la justicia es compartida por un alarmante 68 por ciento de ciudadanos en el mundo, que se quejan por el deterioro del Estado de derecho.
La expansión mundial de las tendencias autoritarias —concretamente, la reducción del espacio cívico y el debilitamiento de los mecanismos de pesos y contrapesos— ha sido el principal factor de este retroceso, caracterizado por un marcado deterioro en los indicadores que miden las limitaciones a los poderes del gobierno.
Del mismo modo, las libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la supervisión gubernamental se erosionaron en la mayoría de los países:
La libertad de opinión y expresión disminuyó en el 73 por ciento de los países.
La libertad de reunión y asociación disminuyó en el 72 por ciento.
La participación cívica disminuyó en el 71 por ciento.
En Estados Unidos, la parcialidad de la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia es reconocida universalmente.
El 60 por ciento de la población considera que la ideología de los jueces determina sus decisiones.
Mientras que el respeto al Estado de derecho se mantiene intacto en países como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia o Alemania, el panorama en América Latina es cada vez más desolador.
Durante las últimas cuatro décadas, la corrupción, la debilidad institucional, la impunidad y la inseguridad en Colombia han socavado el Estado de derecho gravemente.
Últimamente, México se ha situado entre los países con menor cumplimiento de la ley gracias a las arbitrarias acciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien intervino para minar la autoridad judicial, presionando a jueces y ministros que frenaban sus obras y políticas prioritarias; por su insistencia por reformar instituciones clave (como el INE) y en la promoción de cambios para que la elección de jueces, magistrados y ministros se realizara mediante el voto popular, una medida diseñada para someter el sistema judicial a las mayorías políticas, y comprometer su carrera profesional para impedir la transparencia y el acceso a la información.
También presionó presupuestalmente y promovió reformas legales para acotar las funciones y eventualmente extinguir entes como el INAI, lo que eliminó la garantía independiente para acceder a datos gubernamentales; y cuando desacreditó públicamente los informes emitidos por el organismo fiscalizador cuando estos detectaban irregularidades o sobrecostos, como ocurrió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco; cuando cuestionó y promovió reformas para limitar la supervisión técnica de instituciones independientes enfocadas en evitar monopolios y asegurar la competencia en sectores como telecomunicaciones y energía.
La independencia judicial, última línea de defensa frente a los excesos del Poder Ejecutivo, se está debilitando en todo el mundo y los poderes judiciales están perdiendo terreno ante los excesos de los ejecutivos y su creciente interferencia política en los sistemas de justicia.
¿Será una utopía aspirar a vivir como en los países nórdicos, donde el respeto al Estado de derecho se mantiene intacto?
Quizá, pero si se abandona esa aspiración, seguiremos enfangados.