México atraviesa uno de esos momentos poco frecuentes en los que la coyuntura internacional juega a su favor.
La reorganización del comercio global y la próxima revisión del T-MEC han vuelto a colocar al país en el radar de los inversionistas. Pero conviene no confundir oportunidad con resultado.
La inversión no ocurre por decreto ni por geografía. Ocurre cuando existen proyectos viables, reglas claras y mecanismos capaces de conectar el capital con la economía real.
Ese es, precisamente, el reto que hoy enfrenta México.
Durante años hemos hablado de cómo atraer inversión. Hoy la conversación debería ser otra: cómo convertir el interés que despierta el país en crecimiento sostenido.
El consenso entre analistas es claro. México tiene margen para crecer más, pero para lograrlo necesita elevar sus niveles de inversión, particularmente la privada.
En ese contexto, el Plan México plantea una meta ambiciosa y necesaria: elevar la inversión hasta representar el 28 por ciento del PIB hacia 2030.
Alcanzarla exigirá mucho más que recursos públicos. Requerirá movilizar ahorro institucional, atraer capital privado y fortalecer un mercado de capitales capaz de financiar proyectos productivos de largo plazo.
Desde BIVA hemos comprobado que esa capacidad existe.
En los últimos años hemos acompañado emisiones que han financiado infraestructura, desarrollo empresarial y proyectos con impacto social y ambiental. Cuando existen proyectos sólidos, información transparente y reglas claras, el capital responde.
La pregunta central es qué condiciones necesita México para que el capital disponible se traduzca en inversión productiva donde más se requiere.
La primera es la certidumbre. La inversión de largo plazo requiere estabilidad regulatoria y procesos eficientes.
Los avances recientes para simplificar trámites y reducir incertidumbre son señales positivas. Ahora el desafío es consolidarlos y dar continuidad a esa agenda.
La segunda es fortalecer la proveeduría nacional.
El éxito del nearshoring no se medirá únicamente por el número de empresas internacionales que se establezcan en México, sino por la capacidad de las empresas mexicanas para integrarse a sus cadenas de suministro.
Cada proveedor local que logra incorporarse a una cadena global genera mayor productividad, empleo y valor agregado dentro del país.
La tercera es aprovechar el enorme potencial de los estados y municipios. Gran parte de la infraestructura que demanda el desarrollo económico se construye desde lo local.
Sin embargo, todavía existe una brecha importante entre las necesidades de inversión y el uso de mecanismos de financiamiento de largo plazo que podrían hacer viables muchos proyectos.
Los retos son importantes, pero también lo es el momento que vive México. Pocas veces coinciden una oportunidad geopolítica de esta magnitud, una agenda pública enfocada en impulsar la inversión y un mercado financiero con la capacidad de canalizar recursos hacia proyectos estratégicos.
Las oportunidades ya están sobre la mesa. El verdadero desafío es convertirlas en proyectos, los proyectos en inversión y la inversión en crecimiento.
El capital existe. Lo que definirá el futuro económico de México será nuestra capacidad para darle certidumbre, dirección y un destino productivo.
Las oportunidades económicas no permanecen abiertas para siempre; esta sí tiene fecha de caducidad.
Aprovecharla dependerá menos de la coyuntura internacional y más de nuestra capacidad para convertir el interés que hoy genera México en inversión que impulse el crecimiento durante las próximas décadas.
