¿Estamos inmersos en un círculo vicioso entre bajo crecimiento, baja recaudación, cobranza agresiva, menor inversión, menor crecimiento y así sucesivamente?
El consenso entre analistas apunta a que el producto interno bruto (PIB) de México cayó durante el primer trimestre de 2026. Además, el crecimiento anual frente al mismo periodo de 2025 difícilmente alcanzaría el 1 por ciento. Si estos datos se confirman el jueves 30 de abril, el diagnóstico es claro: la economía mexicana no sólo crece poco; está prácticamente estancada.
El dato preocupa más cuando se compara con el entorno internacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía mundial crecerá alrededor de 3 puntos en 2026, mientras que América Latina lo hará en torno al 2 por ciento.
Para México, en cambio, el pronóstico es de apenas 1.6 por ciento. Este bajo dinamismo contrasta con el marco macroeconómico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Pre-Criterios 2027, donde se proyecta un crecimiento de entre 1.8 y 2.8 puntos porcentuales para 2026.
Los supuestos de crecimiento son la base de la planeación fiscal. Si éstos son más optimistas que la realidad, también lo serán las estimaciones de ingresos públicos.
Cuando dichas estimaciones no se materializan en la caja, entonces hay una presión extra por cerrar las brechas recaudatorias a como dé lugar.
En tal contexto, cientos de empresas estadounidenses recientemente acusaron malas prácticas de recaudación en México.
Esta percepción es relevante porque es quizás el factor que más ha contribuido a deprimir la inversión en los últimos meses. ¿Estamos inmersos en un círculo vicioso entre bajo crecimiento, baja recaudación, cobranza agresiva, menor inversión, menor crecimiento y así sucesivamente?
Hay una brecha entre realidad y necesidad en el ámbito fiscal que no se va a aliviar fácilmente; va a requerir muchos esfuerzos en más de un sentido. Sin embargo, es importante dar los primeros pasos.
De inicio, es indispensable promover decisiones públicas plenamente informadas. La experiencia internacional muestra que este problema no es exclusivo de México. Por ello, varios países han creado consejos fiscales, usualmente en el Poder Legislativo.
El valor del consejo fiscal no radica en sustituir a la autoridad hacendaria, sino en mejorar la calidad del debate y de las decisiones públicas a partir de la evaluación de la política fiscal. Su función es técnica, apartidista y debe contar con voz pública: evalúa supuestos, alerta sobre riesgos y hace visibles las brechas o desviaciones.
El FMI documenta que estos organismos están asociados con menor déficit público, mejores balances estructurales y mayor cumplimiento de reglas fiscales. También contribuyen a mejorar la sostenibilidad de la deuda pública al hacer más creíbles los supuestos fiscales y macroeconómicos.
Ejemplos claros incluyen el Office for Budget Responsibility en Reino Unido, el Bureau for Economic Policy Analysis en Países Bajos y el Consejo Fiscal Autónomo en Chile.
México no parte de cero, pero sí carece de un órgano con un mandato claro para evaluar el marco macroeconómico y fiscal. En un entorno de bajo crecimiento, fortalecer los contrapesos técnicos no es un lujo, sino una necesidad.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, en las recientes reuniones de primavera de esa organización, dijo ser optimista por la resiliencia que van a mostrar las economías emergentes ante los desafíos económicos que impuso la guerra en Medio Oriente.
Aclaró que muchas han consolidado su toma de decisión fiscal mediante el fortalecimiento de sus instituciones y que varias han adoptado consejos fiscales para ello.
México tiene ante sí una oportunidad clara. No se trata de inventar soluciones, sino de adaptar las mejores prácticas internacionales. En un entorno de bajo crecimiento, la diferencia entre una política fiscal sólida y una frágil está en la capacidad de interpretar la realidad para tomar las mejores decisiones. Este es el momento para hacerlo.
