La semana pasada argumenté que el ajuste fiscal de los Precriterios 2027 tiene un costo invisible: sugiere una contracción de la inversión pública para 2027 en el momento en que la misma se presenta como el motor visible de la recuperación cíclica de la economía. Pero hay una pregunta que esa columna no respondió, y que vale la pena plantear con toda su incomodidad: ¿y si la inversión pública tampoco rinde lo que se espera de ella?
La respuesta, al menos para México, no es reconfortante. En una investigación en curso con mi coautor, estimamos los multiplicadores fiscales para los 31 estados del país entre 2003 y 2022, explotando el hecho de que cerca del 90% de los ingresos estatales provienen de transferencias federales cuya fórmula de asignación es independiente de las condiciones económicas locales. Eso nos da una fuente de variación exógena para identificar cuánto crecimiento genera cada peso adicional de gasto público.
El resultado agregado es 0.8: por cada peso adicional que gasta el sector público, el PIB crece 80 centavos en el año del impacto. Una cifra por debajo de la unidad, lo que implica cierto desplazamiento de actividad privada, y que es consistente con la evidencia previa para México y para economías emergentes. No es un resultado devastador, pero tampoco es el multiplicador mayor a uno que suele asumirse implícitamente cuando se plantea que el gesto público puede ser una “palanca” de crecimiento.
Lo que sí es desalentador es la descomposición por tipo de gasto. Las transferencias a hogares tienen un multiplicador de 0.3. El consumo de gobierno (servicios personales, bienes y servicios) produce un efecto de 0.2. Y la inversión pública tiene un multiplicador estadísticamente de cero. El canal a través del cual la política fiscal mexicana transmite su efecto no es la formación de capital, sino la demanda. El gasto opera como estabilizador de corto plazo, no como constructor de capacidad productiva.
Este hallazgo no es una anomalía. Es consistente con la literatura internacional sobre economías emergentes, donde el multiplicador de inversión pública tiende a ser menor que en economías avanzadas por razones bien documentadas: menor capacidad de ejecución, mayor filtración hacia importaciones, menor complementariedad con el sector privado y mayor incertidumbre sobre el horizonte de los proyectos. En México, estas restricciones no son hipotéticas. Se ven en el ritmo de ejecución presupuestal, en las brechas entre lo aprobado y lo ejercido, y en la historia de proyectos que suelen arrancar en una administración y se abandonan en la siguiente.
El multiplicador, además, no es una constante. Varía con el ciclo, con el nivel de desarrollo regional y con el estado de las finanzas públicas. Durante recesiones, el multiplicador agregado sube, lo que da sustento a la lógica contracíclica. En estados menos desarrollados el efecto es mayor, consistente con propensiones marginales a consumir más altas y mercados financieros menos profundos. Pero cuando la deuda pública es alta, el multiplicador colapsa: en los estados con mayor carga de deuda, los efectos se vuelven estadísticamente nulos o negativos para el consumo de gobierno. El estímulo fiscal es menos efectivo precisamente donde la presión fiscal es más aguda.
Este patrón tiene una implicación directa para el momento actual. México combina hoy un ciclo débil (que podría amplificar el multiplicador) con una deuda pública que sube aunque el déficit baje, según los propios Precriterios. Esas dos fuerzas empujan en sentido contrario. Y la tercera variable (la composición del ajuste) opera en la dirección menos favorable: el recorte cae sobre la inversión, que es el componente con menor multiplicador, en un entorno donde los mecanismos que harían rendir esa inversión (ejecución ágil, complementariedad privada, proyectos con rentabilidad social clara) enfrentan restricciones conocidas.
La paradoja se vuelve entonces más aguda que la que describí la semana pasada. No es solo que se esté comprimiendo el gasto que más importa para el largo plazo. Es que la narrativa de recuperación está construida sobre el componente del gasto cuyo efecto de corto plazo es más débil en la evidencia. El Plan de Inversión en Infraestructura puede tener racionalidad estratégica y efectos de largo plazo reales. Pero sus beneficios son de naturaleza distinta a lo que la discusión pública suele asumir cuando vincula inversión con crecimiento inmediato.
¿Qué sí funciona, entonces? La evidencia apunta hacia las transferencias. Son el instrumento con mayor tracción de corto plazo, operan principalmente a través de la demanda y tienen efectos amplificados en las regiones y hogares con mayor propensión a consumir. Eso no significa que la política fiscal deba abandonar la inversión, ya que los efectos de largo plazo sobre la capacidad productiva son reales, aunque difíciles de capturar en horizontes cortos, sino que la evaluación de ambos instrumentos debería hacerse con honestidad sobre qué producen y en qué plazo.
