El reciente fallo de la Suprema Corte fue un enorme revés a la política económica de Trump, pero no ha sido el único golpe a su desgobierno
Nada puede atenuar el regocijo causado por la reciente sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos que declaró inconstitucionales buena parte de las tarifas impuestas por Donald Trump al resto del mundo.
Desde cualquier perspectiva, el fallo del Supremo fue una gran derrota para Trump y un enorme triunfo para el Estado de derecho, porque hizo privar la Constitución sobre los caprichos de Trump; porque mostró cómo tres ministros conservadores de la Suprema Corte recuperaron parte de su prestigio ejerciendo su independencia y porque podría conducir a que las empresas y los consumidores norteamericanos dejen de absorber los costos por las arbitrarias medidas del presidente.
Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, quienes han tenido que soportar la carga económica de los aranceles de Trump han sido las empresas y los consumidores norteamericanos.
El Yale Budget Lab calcula que en 2025 los aranceles provocaron un aumento de aproximadamente mil 700 dólares a cada hogar norteamericano.
Si bien es poco probable que por el fallo se reduzcan los precios a los consumidores, ni quede claro de qué manera se reparará el daño a los países perjudicados por las arbitrariedades arancelarias, este es un revés enorme a la herramienta central del programa económico de Trump.
Tampoco la sentencia de la Corte podrá remediar el nefasto efecto de sus políticas sobre el turismo.
Los nuevos requisitos para viajar a Estados Unidos, las guerras comerciales con países aliados y la percepción de que los viajeros internacionales no son bienvenidos han propiciado una alarmante caída del turismo; en el primer año de su segundo gobierno hubo un déficit de 11 millones de visitantes.
Y si bien parece que el mundo entero tendrá que resignarse a resistir sus caprichos hasta 2029, cuando termina su mandato, la buena noticia es que esta decisión del Supremo no ha sido el único revés que ha recibido en los primeros 100 días de su mandato.
En este lapso hubo más de 70 fallos judiciales que impidieron o limitaron algunas de sus políticas en materia de inmigración, derechos civiles y otros temas; 19 órdenes judiciales específicas detuvieron o restringieron algunas deportaciones masivas y cambios en la ciudadanía por nacimiento.
Los centenares de demandas contra su administración y numerosos fallos en contra muestran que muchas de sus políticas pueden ser impugnadas, contenidas o congeladas.
De mayor relevancia para el futuro sería un posible y deseable cambio en la composición del Congreso en las elecciones de noviembre.
En la víspera de su Informe a la Nación, las encuestas reportan que el 60 por ciento de los votantes desaprueba su gestión.
Y si, como apuntan la mayoría de los sondeos, el Partido Demócrata ganará mayorías en la Casa de Representantes y en el Senado, un Congreso demócrata podría controlar las nocivas políticas de Trump, impidiendo la aprobación de sus proyectos legislativos, imposibilitando sus nombramientos de jueces y miembros del gabinete, controlando el gasto federal e investigando acusaciones de mal comportamiento de las autoridades, incluyéndolo a él.
En pocas palabras, podría contener muchas de las pésimas decisiones políticas de Trump, aunque no sus peores instintos.
Porque el problema de fondo con Trump es Trump. Es su persona. Y aunque es cierto que no existe un diagnóstico médico oficial de sus problemas psicológicos, sobran profesionales de la salud mental que han expresado preocupaciones sobre su comportamiento, sugiriendo rasgos de trastornos narcisistas de su personalidad, como el delirio de grandeza y una falta total de empatía que le impide respetar el punto de vista de otros y sentir un mínimo de compasión.