México ha logrado avances valiosos en materia de inclusión financiera. Sin embargo, la realidad en comunidades rurales y remotas sigue revelando que este progreso no ha alcanzado a todos por igual. La inclusión financiera no es sólo una herramienta económica: es un factor de justicia social y desarrollo nacional.
En México, a pesar de los esfuerzos del sector bancario y Fintech, todavía existe la falta de muchos puntos de acceso para brindar servicios financieros a la población, comparado con Latinoamérica. En México hay 14 puntos de atención por cada 10,000 habitantes, mientras que en países como Colombia hay 154.
Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 confirman el estancamiento. Desde 2018, solo entre 40% y 44% de la población adulta ha utilizado corresponsales, y en zonas rurales solo 34% de los adultos usan corresponsales, con un aumento minúsculo en un lapso de tres años que obliga a repensar la estrategia.
A esto se suma otro obstáculo: la limitada infraestructura. Y sin acceso a cuentas de ahorro, préstamos o seguros, la exclusión financiera se vuelve estructural.
En México, existen miles de sucursales de cadenas comerciales, abarrotes, farmacias y tiendas de conveniencia. Si cada una de ellas ofreciera servicios como el pago de impuestos, transferencias entre cuentas o el cobro de productos vendidos por catálogo y otros servicios, podrían generar ingresos adicionales.
Un claro ejemplo son las grandes cadenas comerciales o telefónicas que usan tecnología desarrollada por otros para ofrecer a sus clientes productos de valor agregado en sus puntos de venta.
Recarga de tiempo aire, tarjetas de regalo, boletos al cine, entrada a parques de diversiones, boletos de camión, son algunos de los procesos donde interviene la tecnología que desarrollan firmas como Puntored.
Más allá del beneficio económico, lo más relevante sería el impulso a la inclusión financiera. Establecimientos como tienditas de la esquina, misceláneas, pequeños comercios o papelerías podrían convertirse en puntos de acceso a servicios financieros.
Esto permitiría a las personas realizar trámites sin necesidad de trasladarse a las cabeceras municipales, ahorrando tiempo y dinero. De acuerdo con la Secretaría de Economía, en México hay más de dos millones de estos pequeños comercios.
Aunque hoy muchas de estas unidades operan como farmacias o tiendas de conveniencia, en el futuro podrían evolucionar para convertirse en un canal de atención directo a la población y fungir como corresponsales bancarios.
Recordemos también que en varios sectores existe una profunda desconfianza hacia las instituciones financieras. Muchas personas prefieren guardar dinero en casa o recurrir a esquemas informales, con los riesgos que esto implica.
¿La solución?: educación financiera accesible y adaptada, especialmente en comunidades aisladas. Sin conocimiento, el uso de los servicios financieros puede ser contraproducente e incluso llevar al sobreendeudamiento.
Cabe destacar que la transformación digital ofrece nuevas oportunidades. Las Fintech son aliadas clave de firmas y comercios, siempre que desarrollen aplicaciones sencillas, adaptadas a zonas con conectividad limitada. Incentivar su uso, por ejemplo, reduciendo comisiones, puede acelerar la adopción.
También hace falta una estrategia con diferentes prestadores de servicios o que ofrecen productos y que requieren la tecnología para poder establecer ese vínculo comercial en cada uno de los municipios del país.
Finalmente, la implementación de políticas públicas orientadas a ampliar la inclusión financiera es vital. Entre las medidas sugeridas: simplificación de trámites, incentivos fiscales y fondos de garantía para créditos en zonas de difícil acceso.
La tarea no es menor, pero es alcanzable. La verdadera inclusión financiera no se logra solo con números: se construye con cercanía, confianza y educación. De ella depende que millones de mexicanos puedan ejercer su derecho al bienestar económico y participar plenamente en la vida productiva del país.