Óscar Mario Beteta
Aunque el huracán Otis arrasó con la infraestructura de Acapulco, no ocurrió lo mismo con el crimen organizado, que desde hace varios años opera en este puerto en completa impunidad, apoderándose y cobrando piso a casi cualquier actividad productiva.
Para nadie es secreto que la delincuencia busca infiltrarse por todos los medios posibles hasta lo más profundo de la sociedad para después enraizar sin que nada la pueda extirpar.
Con Otis llegan oportunidades para el gobierno, la sociedad civil y los empresarios, pero también, tristemente, el crimen no dejará pasar esta tragedia para beneficiarse, mantener sus negocios o incluso aumentarlos aprovechándose de la necesidad de miles de familias que lo perdieron todo.
Un grupo de empresarios encabezado por Carlos Slim alertó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta inocultable realidad que acecha a Acapulco. En una reunión de alto nivel en Palacio Nacional en la que también participaron Juan Antonio Hernández, Daniel Chávez y Antonio Cosío, el empresariado expresó su preocupación por la inseguridad en el puerto.
Y es que de acuerdo con la Secretaría de Marina, al menos 10 grupos delictivos se disputan el control de Acapulco. Y ahora, con la magnitud de esta tragedia, en la que alrededor de 80 por ciento de la infraestructura hotelera de Acapulco tuvo algún tipo de daño y miles de personas perdieron sus hogares y empleos, la desesperación y la pobreza crean la tormenta perfecta para que el crimen intervenga.
Reportes periodísticos apuntan que a menos de dos semanas de la tragedia, la delincuencia organizada ya está operando de nueva cuenta en Acapulco, ya sea dando despensas y créditos usureros para que la gente reconstruya sus casas, o coordinando acciones de rapiña y robo de bancos y gasolina, que ya es revendida a precios exorbitantes en la Costera Miguel Alemán.
Pero esto no es todo. Expertos alertan que debido a la gran cantidad de recursos que llegarán a Acapulco para su reconstrucción, es hasta obvio que el crimen organizado extenderá su influencia mediante lavado de dinero.
La delincuencia incluso controla la distribución de materiales de construcción. ¿Qué va a hacer el gobierno ante esto? ¿Va a seguir permitiendo que se enriquezcan ilícitamente en el proceso de reconstrucción? ¿Va a ceder el negocio y los espacios a la delincuencia?
La solución está en la transparencia, la colaboración y la vigilancia. Así como el Ejército y la Guardia Nacional cuidan los supermercados que van abriendo sus puertas, se tienen que blindar las actividades esenciales para evitar la infiltración del crimen.
El propio gobierno federal y estatal deben volverse proveedores de todos los insumos y materiales que se requieren para la reconstrucción para así cerrarle las puertas al crimen organizado y prevenir consecuencias que luego pueden convertirse en un grave problema social. Mediante la ley, brindando seguridad y siendo transparentes con el uso de recursos públicos se abre la oportunidad para contrarrestar el poder de quienes han secuestrado al estado de Guerrero durante tantos años.
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