Óscar Mario Beteta
El revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la primera parte del Plan B de la reforma electoral del Ejecutivo tocó tangencialmente un tema importantísimo y que tiene que ver con la democracia.
Así lo hizo ver el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien para su Plan C llamó a votar en las urnas en 2024 para que su partido pueda conseguir la mayoría calificada y modificar la Constitución para reformar al Poder Judicial.
Está bien que el Ejecutivo impulse la democracia participativa, sin embargo, en México hasta ahora, como ciudadanía, no hemos hecho uso de los derechos que ésta implica, en concreto, la rendición de cuentas a la que están obligados los representantes electos popularmente.
¿Usted sabe quién es el diputado o diputada de su distrito, el senador o senadora de su estado? ¿Alguna vez le han rendido cuentas? ¿Le han dicho cómo y por qué votará en tal o cual asunto? Seguramente no, y eso es porque en México adolecemos de algo que en las democracias más consolidadas se da por sentado, y es la responsabilidad que tienen los representantes electos de informar y rendir cuentas a sus representados.
En inglés, ese concepto se conoce como accountability, e implica que una persona que asume un puesto de representación por la vía democrática reconoce que se debe a sus electores y es responsable hacia ellos.
Pero aquí estamos muy lejos de eso. Nuestros diputados, diputadas, senadores y senadoras responden a los intereses de las dirigencias de sus partidos y a sus personalísimos proyectos políticos. Y eso se extiende y aplica para TODAS las personas que compiten por un puesto de elección popular como gobernadores, munícipes y alcaldes.
Eso quedó demostrado con la aprobación del Plan B, pues nuestros representantes no escucharon el eco de las voces que pidieron no tocar al INE en dos manifestaciones masivas.
Pero la cosa no se queda ahí. Por ejemplo, para este 2023 el Instituto Nacional Electoral aprobó un presupuesto de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos para que los partidos políticos realicen sus actividades.
A través del financiamiento público, es decir, a partir de nuestros impuestos, los partidos políticos obtienen recursos cada año para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica.
A pesar de que la ciudadanía los sostiene, no tiene ni voz ni voto en las decisiones partidistas, pues ninguno de los institutos políticos ha abierto sus procesos internos a cualquier ciudadano.
Les pagamos, pero no opinamos.
Y es que desde hace ya varios años las autoridades se han olvidado de crear mecanismos que obliguen a los partidos a rendir cuentas de cara a la ciudadanía, de fácil acceso y transparentes.
En el caso de senadores y diputados en algún momento se intentaron asambleas informativas a las que no asistía nadie. Y los ejercicios de presupuesto participativo sólo demostraban la indiferencia ciudadana.
Sin embargo, esta es una responsabilidad compartida.
En las elecciones estatales de 2022 la cifra de abstencionismo en las cinco de las seis entidades en las que se decidieron gubernaturas rondó el 50 por ciento en promedio, pero en el caso de Oaxaca alcanzó el 62 por ciento.
En los comicios federales de 2021 para elegir diputaciones el abstencionismo fue de 48 por ciento, según datos del INE.
Los académicos explican el fenómeno del abstencionismo electoral como un desencanto de la ciudadanía con la política. Pero está en nuestras manos tomar consciencia de la importancia de la política y de nuestros derechos como electores y como ciudadanía. De lo contrario vamos a seguir en el mismo estado de indefensión como sociedad, sometidos a lo que se haga y diga en un Congreso que nos ignora y con autoridades de todos los niveles que actúan de la misma manera.
Si fuésemos una ciudadanía comprometida, vigilante, atenta, informada y tuviéramos los mecanismos para que una democracia representativa funcionara al pie de la letra, no se podrían haber aprobado las reformas fast track del ‘viernes negro’ en el Senado, ni el Plan B del año pasado, que fue el debate de fondo de la Corte.
¿A lo largo de la historia política de este país hemos tenido los gobiernos y la clase política que merecemos? Lamentablemente, sí, y es producto de nuestra propia apatía, indolencia y conformismo.
SOTTO VOCE.- Dicen los que saben que la posibilidad de destituir a los ministros y ministras de la Corte mediante juicios políticos es inviable, pues además de que se carece de argumentos sólidos en su contra se tendría que confeccionar un traje a la medida para cada uno de ellos y ellas, lo que prácticamente sería imposible… Fuentes “muy enteradas” dentro del PAN nos aseguran que el coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado para la próxima Legislatura será nada más y nada menos que Ricardo Anaya, con TODO lo que ello implica para DESPUÉS del 2024. ¡Tómala!… Hoy se inaugura en la Ciudad de México el evento comercial, turístico y cultural “Yucatán expone en el Zócalo”, el cual presidirán la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Para muchos, este acto marca el inicio de la nueva estrategia del gobernador Vila para reforzar su presencia a nivel nacional como aspirante a la candidatura de oposición a la Presidencia en 2024.