Por Juan Carlos Machorro, abogado socio líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.
Al parecer, la paciencia del Gobierno de los Estados Unidos ha llegado a su límite y está por solicitar formalmente consultas al amparo del T-MEC acerca de lo que considera medidas discriminatorias por parte del Gobierno Mexicano en el sector energético mexicano.
Los Estados Unidos ha insistido en sus preocupaciones acerca de estas medidas en distintas ocasiones, incluyendo durante las reuniones de las Comisiones de Libre Comercio del propio tratado durante 2021 y 2022, durante la Reunión de Representantes de la Comisión de Libre Comercio en 2022 y durante las reuniones del Comité del T-MEC en temas de Empresas del Estado y Monopolios Designados.
La Representación Comercial de los Estados Unidos ha venido expresando reiteradamente su preocupación acerca de las medidas implementadas por el Gobierno Mexicano en el sector energético, tanto en temas de electricidad como en el sector de hidrocarburos.
Las medidas adoptadas por el Gobierno Mexicano han logrado lo que pocos, al poner de acuerdo a congresistas republicanos y demócratas, que al unísono han expresado su inconformidad acerca del trato que vienen recibiendo las inversiones e intereses norteamericanos en el sector.
La Representación Comercial ha confirmado que, en su opinión, las medidas adoptadas por el Gobierno Mexicano son violatorias del T-MEC y afectan los intereses legítimamente adquiridos por empresas norteamericanas, con la finalidad de favorecer a las Empresas Productivas del Estado, PEMEX y CFE.
El Gobierno de los Estados Unidos considera que las medidas adoptadas por el Gobierno Mexicano impactan desfavorablemente intereses económicos de múltiples sectores y desincentivan la inversión, tanto de generadores de energías limpias como de empresas que buscan adquirir dichas energías en la región.
Asimismo, se ha mencionado que el Gobierno de los Estados Unidos pretende trabajar en forma constructiva con el Gobierno Mexicano en el curso de estas consultas, con miras a revertir lo que considera un trato injusto a las inversiones norteamericanas en el sector energético y avanzar en la competitividad de la región.
Ha considerado, asimismo, que las políticas del Gobierno Mexicano amenazan con expulsar del mercado energético mexicano la posibilidad de contar con la capacidad de innovación a cargo del sector privado. Las cadenas presentes y futuras de valor requieren fuentes de energía limpia, confiable y asequible para alcanzar objetivos económicos y de desarrollo regional, y de cambio climático. De conformidad con el T-MEC, las partes entrarán en la fase de consultas en principio (salvo que acuerden otra cosa) dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de EUA. Si las partes no logran resolver el asunto mediante consultas, estas podrían decidir iniciar voluntariamente un método alternativo de solución de controversias, como buenos oficios, conciliación o mediación, o bien los Estados Unidos podría solicitar la integración de un panel arbitral.
Una determinación desfavorable para México podría dar lugar a que el Gobierno de los Estados Unidos suspendiera beneficios al amparo del tratado en el sector de energía o en otros sectores.
Dependiendo del rumbo que tome este proceso, podríamos fácilmente estar en el umbral de un proceso que no concluya sino hasta finales de 2023, contribuyendo en forma considerable y desfavorable al ambiente de desconfianza e incertidumbre jurídica que prevalece en este y otros sectores.