A casi cuatro años de distancia de la autollamada “cuarta transformación”, pero a poco más de dos años de concluir el sexenio, para nuestra Patria es estratégico proteger e incentivar las inversiones extranjeras en materia energética, porque formamos parte de varios bloques comerciales y esto tiene que reconocerlo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete, sin querer cambiar las reglas del juego con amenazas en las conferencias mañaneras, las cuales generan un clima adverso e incertidumbre. Apegarse al Derecho y a las buenas prácticas comerciales, es siempre la mejor alternativa para renegociar contratos ya celebrados.
La negociación y cumplimiento de marco jurídico se imponen ante aquellos acuerdos del pasado reciente que el actual gobierno federal considere injustos, pero necesariamente las empresas tienen que recibir a cambio seguridad jurídica y certeza de sus cuantiosas inversiones. Es una realidad política que tenemos en el país a empresas del socio comercial más importante que son los Estados Unidos, así como varias de la Unión Europea, otro gran aliado de México, y si bien la política energética de López Obrador es la de mantener la soberanía del sector energético nacional, su gobierno no puede retrotraerse a tales circunstancias, porque las empresas de nuestros socios comerciales han confiado en México, invierten muchos millones de dólares y solo piden que la Reforma Energética del sexenio anterior, que es Derecho vigente, sea respetada.
Hasta el momento no hay pesados nubarrones en el panorama de la relación entre el gobierno mexicano y las empresas energéticas del vecino país, si bien los secretarios de Estado y directores de las empresas productivas del Estado, como lo son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siguen las directrices del primer mandatario tabasqueño. En ese orden de ideas, cabe resaltar el buen papel que ha jugado el embajador de EE. UU. en México, Ken Salazar, quien ha defendido los intereses de las empresas de su país, logrando grandes acuerdos con el Presidente y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a cargo de Marcelo Ebrard, cumpliendo con ello su tarea diplomática.
Políticamente, López Obrador parece jugar con el doble discurso de hablarle al pueblo de la soberanía y por otro lado, no romper con las empresas “neoliberales”, porque al final por eso llegó a Palacio Nacional, desde donde debe buscar consensos no sólo entre el electorado, sino como líder del país, encontrar el diálogo apegado a derecho, al marco constitucional y que sea un árbitro que concilie, sin dar patadas ni golpes bajos. Por su parte, las empresas extranjeras parecen estar en una posición expectante ante lo que se diga durante las mañanas, sin ejercer una presión indebida, usando los canales adecuados para dirimir los conflictos.
Es bueno que dentro de todos los desaciertos actuales del gobierno mexicano, se superen y logremos como Nación concertaciones no sólo en el sector de energía sino en otros rubros como infraestructura. Al final, cada actor ve con sus propios lentes las relaciones contractuales vigentes, pero es innegable que las obras y activos son necesarias para explotar los hidrocarburos de México, al ser un área estratégica y prioritaria para el desarrollo.
En este momento los recursos económicos son escasos frente a necesidades muy amplias en el país, por eso no era necesario gastar en un “elefante blanco” como la refinería Olmeca de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, la cual no cuenta con la infraestructura para suministrar crudo y redistribuir los refinados del petróleo. La industria energética requiere inversiones de millones de dólares, euros, pesos, en la moneda que sea necesario, pero nadie va a arriesgar su capital para encontrar un yacimiento y luego enfrentarse con una ausencia de rendimientos financieros. Antes de cualquier descubrimiento, se necesita mucho dinero, tecnología y capital de riesgo y Pemex no está para eso, sino las petroleras del extranjero.
Cuando se ve desde esta óptica, sostener que “el petróleo es de los mexicanos” es una falacia; ya que estamos inmersos en una economía global e intentar volver a los derroches patrioteros va en detrimento del país y su desarrollo. Por fortuna existe una legislación secundaria que permite celebrar contratos de derecho productivos del Estado, mercantil con lineamientos internacionales, sin tanto cartabón que la legislación de entidades paraestatales, esto hace que las empresas productivas del Estado mejoren su situación y resultados financieros y al final, como está sucediendo, se pueden lograr buenos acuerdos, allí sí para el beneficio de todos los mexicanos.