Un hospital no es una fábrica. Pero a veces lo medimos como si lo fuera: cuántas consultas, cirugías y estudios produjo. Son datos necesarios. El problema aparece cuando confundimos la cantidad producida con el valor que recibió el paciente.
En la mañanera del 18 de agosto, el gobierno informó que, entre enero y julio de 2026, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar otorgaron 101.2 millones de consultas de primer nivel, 31.7 millones de especialidad y realizaron 1.887 millones de cirugías programadas. Frente a 2022, los aumentos fueron de 28, 60 y 30 por ciento.
Hay que reconocer el avance. Detrás de esas cifras puede haber una catarata operada, un diagnóstico oportuno o una familia que dejó de esperar. Recuperar capacidad tras la pandemia importa. Pero lo presentado fue producción de servicios. Aún no sabemos si mejoró la calidad de la atención ni qué ocurrió con el desgaste del personal de salud.
La productividad operativa relaciona lo producido con los recursos utilizados. El Programa Institucional de IMSS-Bienestar la mide, en la consulta de especialidad, como consultas por hora médica trabajada. Conocimos las consultas, pero no las horas, el personal adicional, el presupuesto ni el costo. Vimos el numerador; faltó el denominador.
En un sistema público hace falta otro análisis: la productividad social. No solamente cuánto hizo una institución, sino qué cambió en la vida de las personas. ¿La consulta resolvió el problema? ¿La receta fue surtida en su totalidad? ¿Disminuyó la mortalidad evitable? ¿La enfermedad quedó controlada? ¿La cirugía llegó a tiempo? ¿La familia tuvo que endeudarse para completar la atención? ¿La persona quedó satisfecha con su atención?
Pensemos en una mujer con diabetes. Puede acudir tres veces y sumar tres consultas. Si no recibe sus medicamentos, no se revisan sus ojos ni sus riñones y termina en urgencias, la producción habrá aumentado mientras su salud empeora. Cuando una consulta no resuelve, el paciente vuelve, se saturan los servicios y la institución registra más actividad; la cifra mejora mientras el sistema se desgasta.
Y aquí es donde aparece una tensión ideológica. La Cuarta Transformación sostiene que la salud es un derecho y no una mercancía; el humanismo mexicano rechaza medir el desarrollo sólo con cifras económicas. Sin embargo, para mostrar el desempeño de los servicios públicos de salud se recurrió a una métrica de producción. Un gobierno puede cambiar la orientación ideológica del modelo y conservar, sin advertirlo, una manera gerencial de contar.
Buscar eficiencia no es neoliberal. Desperdiciar dinero, equipos o tiempo médico también es una injusticia cuando los recursos son escasos. La diferencia está en el propósito: en una fábrica, la productividad termina en la unidad producida; en la salud pública, se completa cuando esa unidad genera salud, equidad, protección económica y trato digno.
El propio gobierno ya escribió esa definición amplia. El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 promete calidad centrada en las personas y rendición de cuentas con tiempos de espera, medicamentos, mortalidad, listas quirúrgicas, eventos adversos y satisfacción. No es una vara ajena: presentar así los logros sería verdadera transparencia.
Los datos muestran por qué hace falta. La OCDE reportó en 2025 que el 56 por ciento de las personas en México estaba satisfecha con la disponibilidad de atención de calidad, frente a 64 por ciento en el promedio de la organización. La mortalidad a 30 días después de un infarto fue de 22.6 por ciento, contra 6.5 en la OCDE. Con las cautelas de toda comparación, son resultados, no sólo producción.
También falta demostrar que el aumento de cirugías significó una menor espera. Es posible, pero se necesita la mediana de días entre la indicación y la cirugía, cuántos pacientes rebasaron el plazo aceptable y cómo varía el rezago entre hospitales y especialidades. La espera no se reduce por promedio; se reduce paciente por paciente.
La productividad social también se mide en el bolsillo. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), el gasto trimestral promedio de los hogares en salud pasó de 1,136 pesos en 2018 a 1,605 en 2024, un aumento real cercano a 41 por ciento.
A futuro es necesario responder tres preguntas: ¿cuánto se produjo?, ¿con qué recursos? y ¿qué resultado obtuvo la población? En la tercera tendrían que aparecer: espera efectiva, casos resueltos, surtimiento completo, control de enfermedades crónicas, complicaciones, reingresos, experiencia del paciente y desgaste del personal.
La mañanera presentó una parte verdadera de la historia. Faltan datos que permitirían un análisis objetivo. Contar consultas es gestionar; contar resultados es gobernar. La Cuarta Transformación no necesita renunciar a la productividad: necesita definirla según su propia promesa. Si la salud es un derecho, la medida final no puede ser cuántos actos produjo el Estado, sino cuántas personas viven mejor gracias a ellos.
