Lo que está ocurriendo en Guadalajara debería encender las alarmas en todo México. Miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar por algo tan elemental como recibir agua limpia en sus hogares. La protesta terminó además en enfrentamientos, decenas de detenidos y heridos. Pero detrás de las imágenes de la movilización existe una historia mucho más profunda: la tragedia de Guadalajara no comenzó en las calles; comenzó hace décadas, cuando dejamos de invertir suficientemente en la infraestructura que sostiene la vida cotidiana de nuestras ciudades.
El agua turbia, con sedimentos y malos olores que durante meses ha llegado a numerosos hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara es solamente la manifestación visible de un problema acumulado. La principal planta potabilizadora de la metrópoli, Miravalle, fue construida en 1956. Es decir, tiene alrededor de 70 años. Especialistas han advertido que su modernización y mantenimiento fueron relegados desde finales de los años noventa. A ello se suma una red de distribución de más de 8,600 kilómetros, parte de ella envejecida y con problemas de mantenimiento. El resultado estaba anunciado. Guadalajara siguió creciendo, se construyeron viviendas, centros comerciales, parques industriales, oficinas y nuevas vialidades; pero una parte de la infraestructura que hacía posible ese crecimiento permaneció prácticamente invisible bajo tierra. Hasta que comenzó a fallar.
Ese es precisamente el problema de la infraestructura urbana: mientras funciona nadie la ve; cuando deja de funcionar paraliza la ciudad. Y Guadalajara no es una excepción. Es una advertencia del deterioro de la infraestructura que no se ve. Durante décadas hemos entendido la inversión pública fundamentalmente como la construcción de nuevas obras. Carreteras, aeropuertos, trenes, presas, refinerías, puertos. Son proyectos necesarios y visibles que transforman territorios. Pero existe otra infraestructura mucho menos espectacular que determina diariamente la productividad y la calidad de vida de millones de mexicanos: redes de agua potable, drenaje, plantas de tratamiento, transporte público, pavimentación, alumbrado, manejo de residuos, banquetas, infraestructura contra inundaciones y sistemas de movilidad.
Gran parte de ese capital urbano fue construido hace varias décadas. El problema es que las ciudades crecieron mucho más rápido que su infraestructura. La población se desplazó hacia enormes zonas metropolitanas; las manchas urbanas se extendieron horizontalmente; aparecieron nuevos fraccionamientos en las periferias y aumentaron las distancias entre vivienda y empleo. Sin embargo, las redes hidráulicas, los drenajes, las vialidades y los sistemas de transporte no siempre crecieron al mismo ritmo. El país terminó construyendo ciudades más grandes sobre infraestructura cada vez más vieja. ¿cual fue el costo de dejar de invertir? Aquí aparece un problema económico que pocas veces discutimos: la depreciación del capital público. Una tubería, una avenida, un puente o una planta potabilizadora no duran para siempre. Como cualquier activo productivo, se deterioran. Si la inversión anual no compensa esa depreciación, el capital público comienza a reducirse en términos reales, aunque aparentemente la ciudad siga funcionando. México enfrenta precisamente ese riesgo. La inversión física del sector público se ubicó en 2.2% del PIB en 2025, de acuerdo con Hacienda. Otras estimaciones presupuestarias situaban la inversión física de 2026 alrededor de 2.5% del PIB, muy por debajo de los niveles superiores a 4% registrados hace poco más de una década. Pero el problema es todavía más profundo. BANOBRAS ha señalado que las inversiones presupuestarias combinadas en comunicaciones y transportes, educación, salud, agua potable y alcantarillado han representado en promedio apenas alrededor de 0.4% del PIB. No sorprende entonces que comiencen a aparecer señales de agotamiento. Un día es una fuga gigantesca. Otro, un socavón. Después, una inundación. Luego falla el drenaje, se colapsa un puente o el agua deja de tener la calidad necesaria. Las tragedias parecen acontecimientos independientes, pero muchas veces tienen una raíz común: mantenimiento diferido e inversión insuficiente acumulados durante años.
Existe además un incentivo político perverso. Inaugurar una obra nueva genera fotografías, discursos y placas conmemorativas. Cambiar kilómetros de tuberías debajo de una avenida no produce el mismo rendimiento político. Pero desde el punto de vista económico ocurre exactamente lo contrario: sustituir una tubería antes de que colapse puede ser mucho más rentable socialmente que reconstruir toda una zona después de una emergencia. Necesitamos por ello modificar nuestra concepción de la inversión pública. Mantener también es invertir. Rehabilitar una planta de tratamiento es inversión. Sustituir drenajes es inversión. Modernizar redes hidráulicas es inversión. Reforzar puentes es inversión. Adaptar nuestras ciudades a lluvias extremas y sequías también es inversión. La infraestructura urbana debería verse como un activo productivo nacional. Un programa nacional para reconstruir las ciudades. México necesita plantearse una tarea ambiciosa: un Programa Nacional de Renovación de Infraestructura Urbana 2027–2035.
El primer paso debería ser realizar un inventario nacional del estado físico de la infraestructura de las principales zonas metropolitanas. Necesitamos saber qué edad tienen nuestras redes de agua y drenaje, qué porcentaje requiere sustitución, cuáles puentes necesitan reforzamiento, dónde están los principales riesgos de inundación y cuánto costará rehabilitar esos activos durante la próxima década. El segundo paso sería establecer programas metropolitanos de inversión multianual. La infraestructura no puede depender exclusivamente del presupuesto de un año. Guadalajara lo demuestra claramente: la iniciativa presentada al Congreso de Jalisco para sustituir el acueducto Chapala-Guadalajara estima una inversión cercana a 11,922 millones de pesos y contempla precisamente un esquema multianual. El tercer elemento debería ser financiero. Los municipios mexicanos difícilmente podrán enfrentar solos esta tarea. Se necesita combinar recursos municipales, estatales y federales con financiamiento de BANOBRAS y mecanismos transparentes de participación privada cuando sean adecuados. También necesitamos recuperar una institución prácticamente desaparecida del debate nacional: la planeación metropolitana. El agua no reconoce límites municipales. Tampoco los sistemas de transporte, la contaminación, las inundaciones o los residuos. Sin embargo, seguimos administrando problemas metropolitanos mediante gobiernos fragmentados.
Durante los últimos años México ha discutido intensamente el nearshoring, los corredores industriales, los parques tecnológicos, los puertos y los ferrocarriles. Todo ello es importante. Pero difícilmente podremos convertirnos en una plataforma productiva competitiva si las ciudades donde viven los trabajadores y se instalan las empresas funcionan sobre infraestructura deteriorada. La competitividad comienza mucho antes de llegar a una fábrica. Comienza cuando una familia abre la llave y encuentra agua potable; cuando un trabajador puede desplazarse eficientemente; cuando una tormenta no paraliza una ciudad; cuando las mercancías circulan por calles en buenas condiciones y cuando la electricidad, el drenaje y los servicios urbanos funcionan continuamente. Por eso Guadalajara debería convertirse en un punto de inflexión. No se trata solamente de determinar quién tuvo la culpa de la crisis actual. Habrá que establecer responsabilidades. Pero limitar la discusión a ese terreno sería desperdiciar la principal lección que deja esta tragedia. México necesita dejar de administrar el deterioro y comenzar a reconstruir sus ciudades. Durante décadas ampliamos las manchas urbanas sin renovar suficientemente las redes que las sostienen. Hoy estamos empezando a pagar esa factura. La próxima gran política de infraestructura del país quizá no necesite una obra monumental que pueda observarse desde lejos. Puede estar debajo de nuestros pies: en las tuberías, drenajes, plantas de tratamiento, vialidades y sistemas de transporte que permiten que una ciudad funcione. Guadalajara nos está enviando una advertencia. Sería un grave error esperar a que nuestras demás ciudades nos envíen la misma señal. El imperativo es lanzar un programa nacional de infraestructura urbana.