El lunes pasado 25 de mayo se realizó un debate en la Facultad de Economía de la UNAM, sobre política industrial con Amir Lebdioui, profesor asociado de Economía Política del Desarrollo y director del Centro de Tecnología e Industrialización para el Desarrollo (TIDE) de la Universidad de Oxford; Sabrina Fernandes profesora del Instituto de Estudios Avanzados de la Unicamp (Brasil); Andrés Valenciano Yamuni ex Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, y María Fernanda Valdes de Colombia, que lideró el empalme del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre el gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro. En la discusión se argumentó que la política industrial ha dejado de centrarse únicamente en la protección de sectores manufactureros tradicionales para convertirse en un debate más amplio sobre transformación productiva, sostenibilidad, capacidades tecnológicas y soberanía económica. En este marco, sus reflexiones permiten construir una visión integral sobre los desafíos actuales de América Latina y particularmente de México.
Para Amir Lebdioui, la política industrial del siglo XXI no puede separarse de la transición ecológica. Su planteamiento sobre la “green industrial policy” sostiene que la transformación energética y ambiental no ocurrirá espontáneamente por las fuerzas del mercado, sino mediante una intervención estratégica del Estado que coordine innovación, producción y consumo sostenible. Lebdioui insiste en que los países en desarrollo no deben limitarse a exportar minerales críticos o recursos naturales vinculados a la transición energética, sino avanzar hacia cadenas de valor con mayor contenido tecnológico y capacidades nacionales.
Desde esta perspectiva, la política industrial deja de ser únicamente una herramienta de crecimiento económico y se convierte también en una estrategia de soberanía tecnológica y ambiental. Para América Latina, ello implica evitar una nueva forma de dependencia “verde”, donde la región provea litio, cobre o biodiversidad mientras las economías avanzadas concentran el conocimiento, las patentes y la manufactura avanzada.
Sabrina Fernandes profundizó precisamente en esa crítica. Su visión cuestiona el riesgo de que la transición energética global reproduzca relaciones de subordinación y extractivismo bajo un nuevo discurso “verde”. Fernandes plantea que la política industrial debe estar asociada a una transición justa, donde el desarrollo productivo no se construya sobre nuevas desigualdades territoriales, ambientales o sociales. En su enfoque ecosocial, el Estado no sólo debe impulsar sectores estratégicos, sino también democratizar los beneficios del desarrollo tecnológico y energético. Esto implica pensar la industrialización desde el territorio, el empleo digno y la sostenibilidad social. La política industrial, entonces, no es únicamente una política económica: es también una política de cohesión social y de reorganización del modelo de desarrollo.
Por su parte, Andrés Valenciano aportó una dimensión pragmática vinculada a la inserción internacional y la atracción de inversión. Su experiencia en Costa Rica y en organismos multilaterales subrayó que la política industrial moderna requiere instituciones capaces de coordinar al Estado con el sector privado, desarrollar capital humano y construir ventajas competitivas dinámicas. El caso costarricense muestra que la apertura comercial por sí sola no garantiza la transformación productiva. Lo determinante es la capacidad institucional para utilizar la inversión extranjera como mecanismo de aprendizaje tecnológico, formación de proveedores locales y sofisticación productiva. Valenciano enfatizó que la política industrial exitosa no consiste en “escoger ganadores” de manera arbitraria, sino en crear ecosistemas de innovación donde empresas, universidades y Estado interactúen continuamente.
María Fernanda Valdés enfatizó un aspecto fundamental para América Latina: la necesidad de vincular política industrial con desarrollo territorial y reducción de desigualdades regionales. Su perspectiva recuerda que la industrialización no puede concentrarse únicamente en polos exportadores o regiones dinámicas, sino que debe articular cadenas productivas nacionales, fortalecer capacidades locales y generar integración regional.
Esta idea resulta particularmente relevante para México. La relocalización industrial y el nearshoring representan una oportunidad histórica, pero también un riesgo. Sin una política industrial activa, el país podría reproducir el viejo esquema maquilador: ensamblaje con bajo valor agregado, alta dependencia tecnológica y escasos encadenamientos internos. En cambio, una estrategia industrial articulada permitiría impulsar innovación, proveedores nacionales, infraestructura energética y capacidades regionales diferenciadas.
En conjunto, sus visiones sugieren que la nueva política industrial debe construirse sobre cinco pilares: 1) transformación productiva con contenido tecnológico, no sólo crecimiento exportador; 2) transición ecológica justa, evitando nuevas formas de extractivismo dependiente; 3) instituciones sólidas y coordinación público-privada, capaces de generar aprendizaje e innovación; 4) desarrollo territorial equilibrado, reduciendo brechas regionales; 5) soberanía económica y tecnológica, especialmente frente a la reorganización global de cadenas de valor.
La política industrial regresa hoy al centro del debate porque el mercado, por sí solo, no ha sido capaz de resolver los problemas estructurales de productividad, desigualdad y sostenibilidad. La experiencia internacional demuestra que las economías exitosas —desde Corea del Sur hasta China o Alemania— construyeron capacidades productivas mediante estrategias deliberadas de Estado. Para México y América Latina, el desafío no es simplemente “tener” política industrial, sino definir qué tipo de industrialización se desea construir: una subordinada a las nuevas cadenas globales o una capaz de generar innovación, bienestar y autonomía estratégica en un mundo cada vez más fragmentado y competitivo.