Esta semana se ha iniciado en México el proceso electoral más grande que se tenga registrado, 21 mil puestos serán electos por 95 millones de mexicanos que saldrán a votar. En cualquier democracia el proceso electoral es una gran oportunidad para recrear ideas y proponer estrategias para resolver los grandes problemas nacionales, estatales y municipales.
En el área legislativa se elegirán 500 diputados federales al Congreso de la Unión, 300 de los cuales serán electos por mayoría simple en cada uno de los distritos electorales en que se divide el país y los 200 restantes mediante el principio de representación proporcional al ser votados en listas en cada una de las cinco circunscripciones electorales; a nivel estatal se votará por 15 gubernaturas, 30 congresos locales y se votarán las alcaldías en 30 estados. Sin embargo, no habrá un proceso de renovación total, ya que 448 de los diputados buscarán la reelección por otros tres años. De ganarse la reelección se cierran los márgenes para realizar cambios trascendentales, pudiendo contribuir a un fortalecimiento de visiones tradicionales como las observadas durante los últimos tres años, en donde el Legislativo ha sido un acompañante del Ejecutivo más que una fuerza que debata a profundidad las propuestas que recibe, y tampoco ha realizado propuestas que contribuyan a consolidar en México un modelo alternativo de desarrollo.
Las plataformas electorales que se han presentado son poco propositivas, en la mayoría de los casos confrontan. En cambio, el Ejecutivo federal ha sido claro, busca que pasen las elecciones para enviar nuevas iniciativas para profundizar su política de austeridad republicana. El lunes pasado la Secretaría de Hacienda se ufanó de que la deuda se encontraba dentro de los límites autorizados por el Congreso, es claro que su estrategia buscará consolidar una mayoría parlamentaría para mantener un Presupuesto reducido.
Las ganancias electorales que busca la actual administración es asegurar que las fuerzas políticas en el Congreso mantendrán una visión conservadora, tal como ha sido expresada por la Secretaría de Hacienda en los Pre-Criterios 2022, en donde se propone que el gasto público se reduzca de 25.5 por ciento del PIB en 2021 a 24.8 por ciento en 2022. En esta perspectiva, los partidos de oposición que buscan ocupar algunas curules deberían de presentar un presupuesto alternativo que diera pauta para ser elegidos a la Cámara de Diputados. Su discurso es carente de contenido, ese es el problema de las elecciones, una gran parafernalia, sin que se abunde en lo sustantivo. En los años ochenta del siglo pasado se llegaron a presentar para el debate presupuestos alternativos, lo cual sirvió para un debate más estructurado en el entorno electoral.
Como parte de la contienda electoral, el INE solicitó a los diez partidos que contienden sus plataformas electorales, las cuales se pueden consultar en la página https://www.ine.mx/actores-politicos/plataformas-electorales/. Su publicación permite que el ciudadano preocupado analice la variedad de visiones políticas que existen en el país. Desafortunadamente son visiones incompletas, y muestran la necesidad de mayor debate, las fuerzas políticas que serán votadas en junio no presentan para la discusión una visión estructurada de la política industrial, que permitiera encapsular las ideas para la transformación productivas del país. En esta perspectiva falta tramitar un debate a fondo de cómo reestructurar al país para que pudiéramos situarnos competitivamente en la economía global. Esto implica que los partidos no han pactado con los trabajadores y con los empresarios un nuevo acuerdo social que permita la transformación productiva para el siglo XXI.
Estas carencias muestran la debilidad de la estructura política del país, en donde se ha dado un distanciamiento entre los partidos, los empresarios, los trabajadores y los campesinos. En este sentido falta una estructura de vinculación que permita poner en marcha una gran transformación del país. El alejamiento ha provocado que las estructuras del poder no tengan los vasos comunicantes para la transformación productiva y política del país, lo que lleva a un poder que para vincularse requieren otorgar fuertes dádivas para mantener el voto asegurado. De mantenerse esta estructura de desvinculación de las fuerzas productivas, al país le tocará vivir procesos electorales impulsados por transferencias y no por un debate sobre la gran transformación productiva que requiere el país para dotar de bienestar generalizado a la población.