Para valorar la decisión de la UNAM para hacer frente y corregir la anómala situación que produjo el examen de admisión a su licenciatura en 2026, quizá convenga ir a lo básico y preguntarse ¿cuál es el fin último de ese examen como instrumento de evaluación? La respuesta es clara: ofrecer a los jóvenes aspirantes la posibilidad de ingresar a la principal institución de educación superior del país en condiciones parejas para todos, en juego limpio, con las mismas oportunidades. Los abogados dirían que el bien jurídico mayor a tutelar es el derecho de acceso a la UNAM de manera legítima. Por tanto, lo que debe cuidarse, en primerísimo lugar, es que nadie con mérito para ocupar un lugar disponible sea desplazado con subterfugios o trampas, que cada estudiante que llega a la universidad lo haga gracias a su capacidad académica acreditada honestamente.
La información pública que la UNAM transparentó permitió documentar comportamientos atípicos en los aciertos obtenidos por los aspirantes en 2026, cuando el examen fue por primera vez en línea. El matemático Raúl Rojas, de la Universidad Libre de Berlín, estimó que “el porcentaje de los aceptados que recibió ayuda es de 91 por ciento”, mientras que el actuario Arturo Erdély, de la FES Acatlán, calculó como atípico el resultado de 98 por ciento de las admisiones a Medicina. La comisión de especialistas que integró la propia UNAM también ofreció evidencia contundente: “para el periodo 2021-2025, aproximadamente 3.5 por ciento de las personas aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, mientras que en 2026 esta proporción fue de 16.3 por ciento. Asimismo, la proporción con 110 o más aciertos pasó de alrededor de 0.9 por ciento en 2021-2025 a 5.5 por ciento en 2026, por lo que se multiplicó por seis.”
Aquí es preciso volver a la pregunta inicial para entender de qué forma estos resultados anómalos afectarían el derecho a la educación de miles de jóvenes que sí merecen un lugar en la UNAM. Dado que, en promedio, la evidencia indica que nueve de cada diez aspirantes originalmente aceptados se valieron de ayudas indebidas y existen 22 mil plazas disponibles por concurso de selección, eso quiere decir que 20 mil pudieron incurrir en prácticas fraudulentas para entrar a la Universidad. Una cifra tan escandalosa como deprimente.
La inacción de las autoridades de la UNAM habría significado una ominosa injusticia por partida doble: primero, porque daría la bienvenida a quienes recurrieron al engaño, contemporizando con la trampa académica y, segundo, porque hubiese permitido dejar sin sitio a estudiantes que legítimamente merecen un lugar y serían desplazados por chanchullos. Cada aceptado ilegítimamente implicaría un excluido a la mala.
Por eso la decisión de aplicar el examen de control es la más razonable: evitará una injusticia masiva y frenará el fraude. Obviamente, no está exenta de costos, pero son menores frente a la opción de mirar hacia otro lado: ahora habrá que diseñar y operar un nuevo examen, financiar su aplicación, ajustar el calendario escolar para los grupos de primer semestre.
Esta solución también ofrece ventajas, por ejemplo, el hecho de poder desincentivar la participación de quienes recurrieron a prácticas ilegales. Al revés de quienes ven en esa posible autoexclusión un “sesgo” indeseable, es un hecho positivo: todo procedimiento que desincentive conductas fraudulentas, no sólo en temas escolares, debe ser bienvenido.
Se ha dicho que la salida de la UNAM vulnera la presunción de inocencia, lo cual es falso: a ningún aspirante que obtuvo resultados aprobatorios se le ha impuesto sanción alguna, ni se le ha descalificado. La UNAM ha sido clara al afirmar que del análisis estadístico hecho es imposible imputar conductas individuales irregulares. Todos esos aspirantes mantienen intacto su derecho a entrar a la Universidad.
Deberán, eso sí, acreditar de nuevo sus conocimientos en un examen presencial, lo que no debe generar mayor problema: obtener una alta calificación para un buen alumno nunca se debe a un golpe de suerte. Pero también se les dará una nueva oportunidad a miles de jóvenes que obtuvieron aciertos que, en ausencia de comportamientos atípicos, les habrían dado el acceso a la UNAM.
Queda mucho qué indagar y corregir acerca de lo que llevó a esta delicada e inaceptable situación. Pero las decisiones adoptadas por la UNAM permiten salvaguardar el derecho de los jóvenes a acceder a ella de manera limpia y por méritos propios.