Economía Política

El reporte de Mazzucato sobre México

En el documento no existe la destrucción de un Poder Judicial independiente (...), la desaparición de organismos públicos autónomos para regular la competencia.

El gobierno contrató a la economista Mariana Mazzucato, profesora de la University College de Londres, dedicada a los temas del desarrollo desde una visión heterodoxa, para analizar el Plan México.

Acudir a opiniones externas de especialistas debe verse, en principio, como un acierto. Sin embargo, el documento elaborado por Mazzucato y Lara Merling amerita una lectura crítica. Veamos.

Por razones de orden, divido esta nota en tres partes:

1) el diagnóstico general de la economía mexicana.

2) las recomendaciones que hace.

3) sus falencias.

Primero: la economía no va bien. Mazzucato y Merling ven con claridad una economía que no crece, cruzada por una profunda desigualdad regional, con unas cuantas firmas de alta productividad vinculadas a los mercados internacionales, rodeadas por un mar de micro y pequeñas empresas que no generan sino empleo precario.

Señalan que el éxito exportador contrasta con el estancamiento del ingreso nacional y de la productividad, que la inversión extranjera directa con frecuencia se debe más a reposición de activos que a nuevas actividades y que la formación bruta de capital permanece lejos de niveles deseables.

Apuntan el acierto de la recuperación del salario mínimo, que permitió que 13 millones de personas salieran de la pobreza, aunque la participación de las remuneraciones sigue debajo de la tercera parte del PIB.

Para mejorar el ingreso, señalan que es indispensable mayor crecimiento que genere más empleo formal.

Segundo: hace falta la mano visible del Estado. Las autoras subrayan que es importante tener una estrategia de desarrollo impulsada claramente por el gobierno.

Hay cosas que el mercado no va a resolver, y la inversión privada, fundamental en múltiples campos, depende de que primero se despliegue más inversión pública en infraestructura, innovación y fortalecer las capacidades estatales.

La estrategia involucra el impulso de la banca de desarrollo y garantías jurídicas a la inversión privada.

Es clave aumentar la recaudación y una enérgica política fiscal como parte de una arquitectura económica orientada a reducir la desigualdad, ampliar la demanda, incentivar la inversión de largo plazo y la innovación.

Tercero: el documento ignora o altera hechos indispensables. Llama la atención que, en la primera página de su texto, las autoras afirmen que entre 2018 y 2025 se avanzó en construcción de vivienda y en ampliación del acceso a la salud: de lo primero no hay evidencia, puesto que la construcción ha permanecido estancada.

Pero de lo segundo, los datos oficiales demuestran justo lo contrario: en el gobierno anterior se privó a 24 millones de personas del acceso a la salud —justo cuando más se necesitaba, en plena pandemia Covid-19— y se redujo en cuatro millones el número de consultas médicas ofrecidas por el sector público.

Pero, además, evitan advertir que las capacidades del Estado se han visto mermadas dentro de una estrategia autoritaria de concentración del poder.

En el documento no existe la destrucción de un Poder Judicial independiente y profesional, la desaparición de organismos públicos autónomos para regular la competencia económica o las telecomunicaciones.

Tampoco reparan en decisiones que están a la vista del observador medio y que son del todo contradictorias con las recomendaciones de Mazzucato: la variable de ajuste para controlar el déficit ha sido, y lo es en este gobierno, la inversión pública, que se sacrifica.

Se niega la pertinencia de una reforma fiscal. La política fiscal es procíclica. Se canceló el aeropuerto de Texcoco.

Se apuesta por la carbonización de la economía: ahí está la refinería de Dos Bocas. Se atenta contra el medioambiente con el Tren Maya.

Pocas decisiones más irracionales para el desarrollo sostenible que adquirir por 6 mil 200 millones de dólares las viejas plantas de Iberdrola que operan con combustibles fósiles sin aportar un solo watt adicional a la capacidad de generación eléctrica instalada.

Ni advierten la desaparición de los fideicomisos para financiar la investigación científica.

Ese México sobre el que académicos, intelectuales y periodistas debaten y escriben cada día, queda fuera del campo de visión de Mazzucato y Merling.

Al omitir críticas hacia el gobierno que ha solicitado la opinión experta, al confundir promesas con hechos verificables, al ignorar evidencia empírica robusta, se salta la línea que distingue con claridad al oficio del científico social del negocio del consultor.

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