El dato de crecimiento económico que conocimos recientemente sorprendió a más de uno. Durante el segundo trimestre, el PIB mexicano avanzó 0.6% respecto al trimestre inmediato anterior, lo que permitió a analistas y al propio Banco de México ajustar al alza sus expectativas de crecimiento para este año. Lo que hace unos meses parecía un 2025 con crecimiento cercano a cero o incluso negativo hoy se perfila con cifras modestas, pero positivas, entre 0.5% y 1%. A simple vista, es una buena noticia: pasamos de la recesión temida a un escenario de crecimiento.
Sin embargo, conviene analizar los datos con mayor detalle. La economía mexicana sigue atrapada en una fase de debilidad que es más preocupante de lo que sugieren los números agregados.
El comportamiento de la demanda agregada revela debilidades claras. Entre enero y mayo de este año (escribo esta columna un día antes de que se publique el dato a junio), el consumo retrocedió 0.6%, un signo de que los hogares están enfrentando restricciones crecientes. Más grave aún es lo que sucede con la inversión: en ese mismo periodo se desplomó 6.2%. En un país que aspira a sostener un crecimiento de largo plazo, esa caída debería encender todas las alarmas.
El mercado laboral tampoco ofrece alivio. En julio, corrigiendo por el efecto de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, el empleo registró una contracción de 0.1%. Una señal clara de estancamiento.
Si el crecimiento no es ya negativo se debe, casi exclusivamente, al dinamismo de las exportaciones netas. En la primera mitad del año, las ventas externas crecieron 4.3%, mientras que las importaciones apenas avanzaron 0.2%. Ese diferencial le dio un respiro al PIB.
El problema es que ese impulso difícilmente se sostendrá en los próximos meses. Parte del fuerte desempeño exportador obedece a que varias empresas adelantaron envíos para evitar la eventual aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. Este fenómeno se observó en el primer trimestre, pero también en el segundo, cuando existían anuncios de aranceles sobre autopartes que finalmente no se materializaron.
Sin ese comportamiento extraordinario de las exportaciones netas, la economía mexicana estaría registrando una contracción cercana al 2%.
¿Qué explica este cuadro de debilidad? A mi juicio, la razón fundamental es la incertidumbre. La reforma judicial ha elevado la percepción de riesgo sobre la seguridad jurídica en el país. Al mismo tiempo, la política comercial de Estados Unidos, cargada de amenazas arancelarias y tensiones políticas, ha reforzado el ambiente de duda. La consecuencia ha sido una caída de la inversión que se traduce en menor empleo y, por tanto, en menor consumo.
En adición, la economía enfrenta un proceso de consolidación fiscal. El gobierno planea (correctamente) reducir el déficit, en su definición más amplia, en 1.7 puntos del PIB. Eso implica menos impulso desde el gasto público y, por tanto, menos apoyo para el crecimiento en el corto plazo.
Así, el avance del primer semestre fue artificialmente elevado, sostenido por un factor externo difícil de replicar. La segunda mitad del año pinta más frágil y con riesgos crecientes. El Banco de México, en su último ajuste, prevé que la economía crezca 0.6% este año y 1.1% en 2026. Son cifras que reflejan una economía con un crecimiento anémico y por debajo de su potencial, que en BBVA estimamos entre 1.4% y 1.8%.
Es cierto que haber evitado, hasta ahora, la recesión formal es un alivio, pero no debería llevarnos a la complacencia. Lo que tenemos enfrente es una economía debilitada, sin motores internos sólidos y dependiendo demasiado de factores externos inciertos.
Hay dos condiciones que podrían revertir esta etapa de fragilidad. La primera es que se disipe la incertidumbre comercial. El proceso de revisión del T-MEC será clave: si concluye de manera ordenada, se reducirán los temores sobre el futuro de la integración económica con Estados Unidos y Canadá.
La segunda condición es que el nuevo Poder Judicial no sea percibido como un instrumento contra los intereses privados. Idealmente, México debería emprender una nueva reforma profunda de su sistema judicial, que garantice certidumbre y reglas claras para la inversión.
Ambos factores —certeza en la relación comercial y confianza en el marco institucional— son indispensables para recuperar la inversión, y con ella el empleo y el consumo. Sin eso, la economía seguirá creciendo poco lo cual impedirá que se sigan mostrando avances en la reducción de la pobreza.