El día de ayer se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año, que fueron para Robert Hall, de la Universidad de Stanford y para Michael Wooford, de la Universidad de Columbia, ambos de Estados Unidos. Sus investigaciones han permitido suavizar los ciclos de las economías, lo que han propiciado que las autoridades puedan reducir los costos cuando se tienen recesiones y lograr también controlar mejor la inflación. Sus investigaciones son muy útiles para entender mucho de lo que pasa en nuestros países.
Uno de los temas que trata Hall es analizar y comprender cómo las personas toman sus decisiones de consumo, tomando en cuenta no solo su poder su compra actual, sino considerando su ingreso futuro esperado. Cuando cambian la expectativa sobre el futuro y lo consideran más negativo, las personas reducen sus compras en el presente, aunque siga igual su ingreso, lo que afecta toda la economía. Un posible ejemplo sería el caso de cuando la población piensa que el gobierno tiene una elevada deuda, por lo subirá los impuestos en el futuro para pagarla, por lo que las personas reducirán sus gastos en el presente. El caso contrario, es si la población considera que la inflación subirá en el futuro, por lo que podría adelantar sus compras, incluso innecesarias, en el presente.
Por su parte, Woodford se enfoca más en cómo las empresas toman sus decisiones y fijan sus precios, considerando el escenario futuro más probable, independiente de lo que las autoridades opinen. Debido a que las decisiones de los consumidores y los oferentes se toman tomando en cuenta escenarios futuros, los encargados de las políticas económicas deben de poder comunicar correctamente sus decisiones al público y que las mismas sean convincentes. Woodford enfatizó que las autoridades no deben de ver la estabilización de la economía como mover palancas para controlar la economía, independiente de lo que las personas en la economía entiendan.
Por lo mismo, es muy importante que las autoridades tomen en cuenta el impacto de sus palabras y sus acciones en el público, ya que tienen un impacto en el presente, pero también en el futuro. Además, es igualmente relevante si la población tiene confianza en las diferentes autoridades, para cumplir lo que prometen. Por ejemplo, no basta que las autoridades publiquen una lista de proyectos para que los inversionistas las realicen. Es necesario una evaluación de las condiciones actuales, pero también futuras, como son los precios de los productos y de las materias primas, de la energía eléctrica y otros energéticos, de la demanda, de las inversiones realizadas por otros competidores y un sinfín de variables adicionales para que el inversionista se decida a arriesgar su patrimonio. Cambios constantes en las leyes detienen el crecimiento.
Para tomar esas decisiones consideran un escenario de lo que puede ocurrir en el futuro, para poder recuperar las inversiones, que normalmente tardea varios años. Si en ese plazo futuro las tasas de interés se elevan mas de lo estimado o los impuestos suben o se cambia la regulación de los gobiernos u otros riesgos más, la rentabilidad se reduce. En el extremo, el inversionista puede tener pérdidas e incluso perder su patrimonio.
Es por razón que los proyectos de los particulares son más rentables que los realizados por los gobiernos. Mientras que aquellos arriesgan sus propios recursos y los pueden perder si se equivocan con una mala decisión o previendo un escenario futuro equivocado, los funcionarios públicos arriesgan el patrimonio de la sociedad y no el propio. En este último caso, malos proyectos los pagamos todos los habitantes del país con nuestros impuestos, con tasas de interés más elevadas o con más inflación.
Un país que permite hacer una comparación, ya que tiene una económica muy estable sin inflación es Suiza. Allá la tasa de interés a 10 años es de solo 0.56% anual, con una inflación cercana al 1%; mientras que en México la tasa a los mismos 10 años es de 9.30% al año. Una gran diferencia entre ambas naciones es que aquel no tiene déficit fiscal, sino un pequeño superávit, baja deuda pública y solo se pueden hacer cambios o imponer nuevos impuestos previa aprobación de la población a través de una votación; mientras que aquí hay un elevado déficit fiscal, crecimiento de la deuda pública y los impuestos los aprueba el Congreso, sin consulta previa a la población.