Acaba de fallecer el fin de semana Alan Riding, uno de los mejores corresponsales extranjeros en México, condecorado con el Águila Azteca y autor de un libro seminal sobre la relación entre México y Estados Unidos. “Vecinos Distantes”, escrito en 1984 y publicado al año siguiente, apareció en un momento de profunda fractura entre ambas naciones. Reflejaba, en plena Guerra Fría, una relación bilateral chata y atrapada en una lógica de recelos mutuos: Washington y Ciudad de México chocaban frontalmente en torno a Centroamérica; el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena -que envenenaría la relación y las lecturas y percepciones sobre el gobierno mexicano- no ocurriría hasta 1985, si bien sus causas estructurales ya estaban presentes; y la transformación profunda y tectónica que traería la negociación del TLCAN tan solo seis años después era todavía inimaginable. Riding, por ende, escribía desde el fondo del pozo. Pero hubo un momento -largo, esperanzador- en que pareció posible, a pesar de la asimetría real de poder entre ambas naciones, dejar atrás ese mundo que describía en su libro. Hoy parece que no solo volvimos a caer a galope tendido en ese pozo, sino que estamos empecinados en seguir cavando.
No cabe la menor duda que estamos enfrascados en el peor momento de la relación bilateral en tiempos modernos. Es una crisis amplia y estructural, que abarca el abanico completo de una de las agendas diplomáticas bilaterales más complejas, amplias y profundas que hay en el mundo. Y es producto de una proverbial tormenta perfecta: la determinación de Donald Trump de usar la interdependencia como arma y presionar con todo en el frente de lucha contra el narcotráfico; el legado de Andrés Manuel López Obrador al haber torpedeado la colaboración en materia de seguridad y cooperación antinarcóticos con EE.UU; y el nudo gordiano que ciñe a la política con el crimen organizado en México y que hasta el momento Claudia Sheinbaum no parece estar dispuesta a cortar de tajo. Como se ha vuelto costumbre desde hace ya siete años, la llamada “4T” prefiere -enrollándose en la bandera- atacar a quienes revelan, evidencian y demuestran hechos y datos duros, antes que abordar, confrontar y atender esos hechos y datos duros en sí mismos. Y no hay peor forma de ejercer la diplomacia que confundir la dignidad con la fetichización del nacionalismo y de la soberanía, más aún cuando es precisamente el legado de un gran número de las políticas públicas del lopezobradorismo las que le abren al país vulnerabilidades y flancos de presión -bilaterales y en foros multilaterales- en el extranjero, particularmente ante EE.UU y sobre todo con esta administración en turno en Washington. Eso no es política exterior; es politiquería interna disfrazada de política exterior, y los gritos y sombrerazos del discurso del 31 de mayo de la presidenta -el más acerbo y agresivo de su gestión- mancomunados con la manía epistolar de su predecesor, ahondan ese divorcio.
Todo ello coloca a la relación, a pesar de los esfuerzos de un puñado de funcionarios mexicanos y estadounidenses por evitar que se le caigan las alas al avión, en una caída en espiral descendente, en momentos en los cuales nos encontramos de lleno en el proceso de revisión estatutaria del TMEC y ante la advertencia, articulada por funcionarios estadounidenses en público y en privado, de que la voluntad y el alcance de la cooperación antinarcóticos mexicana condicionará en buena medida tanto el resultado final de ese proceso como el de la negociación que en paralelo se da en torno a los aranceles aplicados a México.
Ante este escenario de conflicto y de mal augurio para la prosperidad, bienestar y seguridad de mexicanos y estadounidenses por igual, destaco aquí seis postulados sobre la coyuntura en la que nos encontramos.
Primero, a raíz del operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en Chihuahua en abril, la interacción entre Washington y Ciudad de México parece responder a la Tercera Ley de Newton: a toda reacción mexicana corresponde una reacción estadounidense pero en sentido contrario. En una especie de efecto dominó, el posicionamiento narrativo y diplomático mexicano a dicho operativo ha desencadenado toda una serie de respuestas desde Washington. El último dominó en caer fue en respuesta al revire de la presidenta al embajador estadounidense cuando lo instó a no entrometerse en temas de política interna (cuando Johnson simplemente puntualizó la importancia de la cooperación para atacar al crimen organizado trasnacional) y que se quedara en su carril. La respuesta fue la confirmación a Los Angeles Times (y que ya antes se había anticipado a la acusación formal contra Rocha semanas antes de que ocurriese) de que se investiga a dos gobernadores más del partido gobernante, cosa que ya habían advertido el Procurador General de EE.UU y el administrador de la DEA en esa misma dinámica de acción y reacción, y en respuesta a los cuestionamientos del Ejecutivo federal mexicano sobre Chihuahua y el cumplimiento con sus obligaciones bajo el Tratado de Extradición.
Segundo, y hablando de intervención, la presidenta y el ex presidente mexicano han acusado, en un esfuerzo por mantener la fiesta en paz con Trump, a “sectores de la ultraderecha estadounidense” de encabezar los ataques contra México con fines electoreros camino a las urnas en noviembre. De entrada sería un error infinito pensar que la presión estadounidense en este tema tiene vectores más importantes que el tema del fentanilo o la seguridad fronteriza estadounidense y que responde a imperativos electorales. Si la inflación y el costo de vida resultantes de las guerras arancelarias y en el Pérsico -que son el factor central que explican la caída en la aprobación de Trump en las encuestas y la muy probable pérdida de por lo menos una de las dos cámaras- no han mitigado esas acciones de Trump, se antoja difícil demostrar que la “mano dura” con México es lo que mueve la aguja de los votantes. Y aun así cabría formular la pregunta: ¿quiénes son esos grupos, actores o medios que estarían detrás de esa supuesta campaña? La pregunta importa porque hoy la derecha entera en EE.UU es Trump, y el Trump que presume de haber “doblado” a López Obrador en 2019 es el mismo al que hoy le pican los dedos para autorizar una acción unilateral a manera de golpe de efecto en territorio mexicano y el que afirma que hay hoy una “alianza intolerable entre el narcotráfico y el gobierno mexicano”. Y esa pregunta no solo es retórica. Sugiere, de manera más preocupante, que la presidenta (y ya ni qué decir de su predecesor) no entiende -o no le explican- cómo funciona Washington o cómo opera hoy esta administración estadounidense en particular.
Tercero, hay una gran paradoja en todo esto. Fue López Obrador quien desmanteló la Iniciativa Mérida, cuando ésta fue precisamente la que imprimió a la cooperación bilateral en materia de seguridad y cooperación antinarcóticos un mecanismo de control y sinergia inter-agencias, de ambos lados de la frontera y entre ambos gobiernos. Aquella era un especie de controlador aéreo o camisa de fuerza que impuso la coordinación y terminó con la época pos-Camarena, en la cual las distintas agencias del gobierno estadounidenses actuaban como una especie de señores feudales, cada uno con su agenda y sus objetivos particulares en la relación con México, actuando con independencia unas de las otras. Al eliminar la Iniciativa Mérida, se les volvió a dejar sueltas, otro saldo tóxico que le legó López Obrador a Sheinbaum y a García Harfuch.
Cuarto, la cereza en el pastel a toda esta secuencia de acciones fue el flaco favor que le hizo a la presidenta y el autogol que le metió al gobierno la epístola de López Obrador hace una semana. Si la lectura en Washington antes del discurso de la presidenta en el monumento a la Revolución era que el gobierno mexicano estaba tratando de ganar tiempo con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, con el arropamiento de López Obrador cuajaron tres lecturas en la capital estadounidense: el gobierno mexicano no parece estar dispuesto a moverse un ápice en cumplir con la petición de arresto de Rubén Rocha y los 7 coacusados que aún se encuentran en México; ya no se trata de jugar al bote pateado sino de arropar a los suyos; y la narrativa presidencial emana de y se dicta desde Palenque.
Quinto, hay que saber leer entre líneas las señales con respecto a México que emanan hoy de Washington -sobre todo después de este último episodio- y de funcionarios específicos de la administración, de legisladores cercanos a ella y del ecosistema de analistas que alimentan al gobierno de Trump. El mensaje clave, incluyendo el del secretario de seguridad interna de EE.UU de la semana pasada en su audiencia en el Congreso (como antes ha sido la narrativa pública del Secretario Rubio), fue meridianamente claro: el problema, hasta este momento, no es con la presidenta de México o con su secretario de seguridad pública; es con las estructuras y nexos entre la política y el narcotráfico que su antecesor abonó y no cercenó. Por eso la mención explícita a él (con nombre y apellido) cuando el Secretario Mullin aseveró que “México hoy brindaba significativamente más cooperación que el gobierno anterior.” Al buen entendedor, pocas palabras.
Y sexto, la trampa del espejo retórico es real. Siempre he subrayado que el patrioterismo y la retórica nacionalista y chovinista han demostrado ser muy malas compañeras de viaje en la relación México-EE.UU, y que cuando yerguen la cabeza -y sobre todo cuando se replican simultáneamente desde una y otra capital- ello suele ser un muy mal signo vital del estado que guarda la relación bilateral. Hoy estamos en ese momento. En esta relación, las recriminaciones mutuas tienden a torpedear la agenda bilateral porque cuando un dedo flamígero apunta hacia el otro lado de la frontera, típicamente se responde con tres dedos apuntando de regreso hacia el otro lado.
En todo esto hay de dos sopas: responsabilidad compartida o agravio compartido. Los desafíos que enfrenta la relación México-Estados Unidos son, por definición, trasnacionales, y por ende requieren de soluciones trasnacionales ancladas en la corresponsabilidad. El que Trump lo pase por alto no es excusa para que México no actúe en consecuencia. Ningún decreto presidencial en Washington puede erradicar al narcotráfico sin la cooperación del Estado mexicano; ningún discurso soberanista en el Zócalo puede desmontar la capacidad del crimen organizado de operar en suelo mexicano o fortalecer el Estado de derecho. Lo que se necesitan son rampas de salida en este momento, pero el resultado al día de hoy es que pareciera que el gobierno mexicano no está sabiendo, como se dice coloquialmente, leer la habitación. La presidenta puede continuar capitalizando la confrontación con Washington para consolidar su base. Pero tarde o temprano -y probablemente antes de que termine su sexenio- la cuenta llegará y México la pagará. Hoy, la relación bilateral está en el filo del abismo.