Delante de más de 200 mil personas –según la cifra reportada por el gobierno de la Ciudad de México–, el Zócalo volvió a ser lo que ha sido durante estos años para la ‘4T’: el lugar sagrado de sus concentraciones, el corazón simbólico del poder en México, esa plaza donde conviven todas nuestras historias, desde el Templo Mayor hasta Palacio Nacional, pasando por la Catedral. Allí, Claudia Sheinbaum cerró el domingo 27 de septiembre su recorrido nacional de rendición de cuentas y presentó el balance de sus primeros dos años de gobierno.
El 1 de octubre se consumió exactamente un tercio de su administración. Ya sólo quedan cuatro años y es ahora, precisamente ahora, cuando el sexenio entra en uno de sus momentos decisivos.
Y es que nunca antes había comenzado una Presidencia mexicana con la figura de la revocación de mandato ya incorporada a la arquitectura constitucional. Andrés Manuel López Obrador fue quien promovió la reforma y quien se sometió al primer ejercicio federal en 2022, pero Claudia Sheinbaum es la primera presidenta que llegó a Palacio Nacional sabiendo desde el primer día que ese mecanismo ya formaba parte del sistema. Jurídicamente no es un referéndum de confirmación, aunque políticamente muchas veces termine pareciéndose a uno: la posibilidad de que el ciudadano diga si el presidente continúa o si debe terminar anticipadamente su mandato por pérdida de confianza. El propio INE ha incluido ya previsiones precautorias para un eventual proceso de revocación durante 2027.
Lo que, traducido al lenguaje del poder, significa algo mucho más sencillo: si no eres bueno, si no te portas bien, si no cumples, si pierdes la confianza, existe una puerta constitucional para echarte. Y eso, en México, no es poca cosa.
Pero antes de llegar a la revocación existió otra frontera, mucho más inmediata y mucho más importante. La de los dos primeros años.
La Constitución establece que, si la falta absoluta de la persona titular de la Presidencia ocurre durante los primeros dos años del mandato, el Congreso debe nombrar a un presidente interino y convocar a una nueva elección presidencial. En cambio, si sucede durante los cuatro años restantes, el Congreso designa a un presidente sustituto que termina el sexenio. No habría una nueva elección presidencial. Esa es la frontera que estamos cruzando.
Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024. Por tanto, al comenzar las cero horas del 1 de octubre de 2026, los dos primeros años terminaron. Estamos ya constitucionalmente en otra situación. Y al día siguiente llegó el 2 de octubre, que no se olvida.
Tragedia o tranquilidad, según desde dónde se mire. Porque desde ese momento, si por cualquier circunstancia se produjera una falta absoluta en la Presidencia, ya no habría que volver a las urnas para elegir a quien terminara el sexenio. El Congreso tendría la facultad constitucional de nombrar a la persona sustituta que concluyera el periodo.
No hace falta imaginar conspiraciones. Tampoco pequeñas reformas constitucionales hechas a la carrera. El mecanismo existe. Está escrito. Y precisamente por eso conviene saberlo.
México conoce demasiado bien las presidencias condicionadas por poderes que estaban fuera de la Presidencia. Conoce demasiado bien los tiempos del Maximato, cuando Plutarco Elías Calles dejó de ser presidente sin dejar de ser el hombre central del poder y tres presidentes ocuparon Palacio Nacional entre 1928 y 1934 mientras el llamado Jefe Máximo conservaba una influencia decisiva sobre la vida política.
La historia no se repite de la misma manera. Nunca lo hace. Pero el poder tiene memoria. Y a partir de ahí hay que entender otra cosa.
México es Norteamérica. Eso es lo que somos, geográfica, económica y estratégicamente, aunque a veces nos empeñemos en olvidarlo. Nuestra relación con Estados Unidos y Canadá, nuestras cadenas productivas, nuestras exportaciones, nuestras inversiones y la integración construida durante décadas hacen extraordinariamente difícil imaginar que una alteración del poder mexicano pudiera producirse hoy mediante los viejos mecanismos latinoamericanos del cuartelazo.
Las bayonetas y los sables se llevan mal con la democracia. Pero también se llevan muy mal con los mercados, con el comercio internacional, con las cadenas de suministro y con una Norteamérica profundamente interdependiente.
Los cambios que tengamos que hacer –los que sean–, los que imponga la realidad política o simplemente el juego de quién tiene más poder, tendrán que hacerse sin perder una condición elemental: México es y debe seguir siendo un país democrático.
Por eso, si queremos buscar fantasmas históricos, el modelo no es Allende. López Obrador recurrió durante años al recuerdo de Francisco I. Madero, a Victoriano Huerta y a la intervención del embajador estadounidense Henry Lane Wilson como advertencia histórica sobre lo que ocurre cuando la traición interna se encuentra con la intervención extranjera. Y la historia, en este caso, es muy clara: durante la Decena Trágica de 1913, Huerta conspiró contra Madero y Henry Lane Wilson desempeñó un papel activo en los acontecimientos que desembocaron en el Pacto de la Embajada, la caída del gobierno y, finalmente, el asesinato de Madero y José María Pino Suárez.
Otro Madero, otro Huerta, otro embajador conspirando y otra Decena Trágica pertenecen a un México y a un mundo distintos. Eso no significa que el poder haya dejado de conspirar. Significa que ha cambiado sus instrumentos.
Si uno quiere buscar un ejemplo contemporáneo, probablemente tenga que mirar menos hacia Chile y más hacia Brasil. La llamada “fórmula Brasil”. ¿Qué significa esto?
Dilma Rousseff no presentó su dimisión. En 2016, fue destituida mediante un proceso de impeachment aprobado por el Senado por 61 votos contra 20. Sus adversarios sostuvieron que se trató de un procedimiento constitucional por delitos de responsabilidad; Rousseff y sus seguidores lo calificaron como un golpe parlamentario. Michel Temer terminó ocupando la Presidencia. Después vino Lula: fue encarcelado en 2018 y sus condenas serían posteriormente anuladas por el Supremo Tribunal Federal al determinar que el tribunal de Curitiba que había conocido los casos carecía de competencia para juzgarlos.
Es decir: ya no hicieron falta tanques. Bastaron el Congreso, los tribunales, las instituciones y la batalla política.
Eso ya pasó. Es difícil saber qué parte de aquella historia podría repetirse, pero pasó y Brasil vuelve a demostrar estos días que la lucha por el poder sigue siendo también una lucha por las instituciones.
El 4 de octubre los brasileños volvieron a votar. Lula da Silva busca la reelección y su principal adversario es Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Las previsiones muestran una competencia extremadamente cerrada y escenarios de segunda vuelta dentro del margen de error.
Y allí también está Donald Trump presente de una forma cuasi omnipresente.
Las presiones comerciales de Washington, los aranceles impuestos a productos brasileños y la relación de la administración estadounidense con el bolsonarismo han colocado a Estados Unidos en medio de la campaña brasileña. Lula ha utilizado esas tensiones para construir un discurso de soberanía nacional; los Bolsonaro han rechazado las acusaciones de estar actuando contra los intereses de Brasil.
Las medidas de Trump se han convertido, por tanto, en un elemento más de una elección que ya estaba profundamente polarizada. Habrá que ver hasta qué punto los desaciertos de Trump terminan provocando exactamente aquello que tantas veces provoca la presión extranjera: orgullo nacional. Y hasta qué punto ese orgullo termina pesando en las urnas.
Desconozco quién ganará finalmente en Brasil. Lo que sí sé es que Washington volvió a conseguir algo que Estados Unidos ha conseguido demasiadas veces en América Latina: convertirse en parte de una elección que, en principio, no era la suya.
Pero volvamos a México. Porque, de cualquier manera, estamos de celebración.
Hemos sobrevivido a los primeros dos años. Y vaya que no han sido dos años sencillos. Han sido probablemente los dos años políticamente más complejos de esta etapa de la ‘4T’: la transición después de López Obrador, la construcción de una nueva Presidencia, la reforma judicial, la relación con Donald Trump, las presiones comerciales y de seguridad de Estados Unidos y, sobre todo, la dificultad de construir una identidad propia sin romper con el movimiento que llevó a Claudia Sheinbaum al poder.
Doscientas mil. Ciento noventa mil. Doscientas diez mil. ¿Qué más da? La pregunta es cuánto cambió México. La pregunta es si durante estos dos años se notó realmente que había una nueva Presidenta. Si el sexenio de Claudia Sheinbaum comenzó ya o si todavía seguimos viviendo políticamente dentro del sexenio anterior.
La pregunta debería ser si Claudia Sheinbaum tiene ya la fuerza, la autonomía y los rasgos políticos propios necesarios para marcar el devenir de los próximos cuatro años o si el peso de aquello que heredó seguirá definiendo aquello que puede hacer.
Esa es la verdadera rendición de cuentas.
No cuántos programas se enumeraron. No cuántos aplausos hubo, sino cuánto ha cambiado el poder. Porque al final de este primer tercio del sexenio la pregunta podría resumirse de una manera mucho más sencilla: ¿esto es nuevo o es viejo?
Mientras encontramos la respuesta, celebremos que seguimos vivos. Celebremos que seguimos siendo ese país que, después de revoluciones, invasiones, crisis, devaluaciones, autoritarismos, transiciones, alternancias y transformaciones, conserva una cualidad que es al mismo tiempo su mayor fortaleza y una de sus mayores tragedias: la capacidad de sobrevivirlo todo.
A mí, cuando me preguntan qué es lo que más me preocupa de México, siempre contesto lo mismo: la capacidad que tiene el pueblo de México para sobrevivir incluso a lo que debería ser insoportable.