La campaña de Estados Unidos contra las consecuencias políticas, económicas y judiciales del populismo latinoamericano ha tenido, en los últimos días, un incremento notable. No parece tratarse de hechos aislados ni de una simple acumulación de causas judiciales. Lo que empieza a dibujarse es una ofensiva más amplia contra un ciclo político que, durante décadas, se presentó como revolución, resistencia o justicia social, pero que hoy aparece cada vez más asociado a corrupción, deterioro institucional, pérdida de libertades y empobrecimiento de sociedades enteras.
Hoy, el populismo está tras las rejas. Algunos de sus principales símbolos enfrentan cárceles, condenas, imputaciones, investigaciones o exilios políticos. Maduro está preso en Brooklyn. Rafael Correa vive fuera de Ecuador, condenado en ausencia por corrupción. Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena bajo arresto domiciliario en Argentina. José Luis Rodríguez Zapatero ha quedado bajo investigación en España en un caso relacionado con operaciones internacionales y vínculos con intereses venezolanos.
Más allá de cada expediente, lo importante es el significado político del momento: una generación de dirigentes que durante años se presentó como redentora de los pueblos empieza a quedar atrapada por sus propias contradicciones.
El populismo no está cayendo solo por la fuerza de sus adversarios. Está cayendo porque su promesa original se agotó. Prometió justicia y produjo privilegios. Prometió soberanía y terminó dependiendo de redes opacas. Prometió pueblo y construyó élites cerradas. Prometió libertad frente a los poderes tradicionales y terminó concentrando poder, debilitando instituciones y convirtiendo la permanencia en el gobierno en su verdadero proyecto político.
Ese es el punto central. Durante años, el populismo logró sobrevivir gracias a una narrativa eficaz: dividir el mundo entre pueblo y enemigos del pueblo; entre revolución y reacción; entre patria y traición. Esa retórica le permitió justificar excesos, aplazar resultados, perseguir críticos y convertir cada fracaso propio en culpa ajena.
La crisis del populismo es, antes que nada, una crisis de resultados. Allí donde prometió prosperidad, dejó economías debilitadas. Allí donde prometió dignidad, dejó sociedades fracturadas. Allí donde prometió limpiar la corrupción, construyó nuevos sistemas de privilegio. Y allí donde prometió devolver el poder al pueblo, terminó entregándolo a grupos cada vez más cerrados, más autoritarios y más interesados en su propia supervivencia.
Soy de los que creen que las revoluciones siempre son, antes que nada, una cuestión de estómago. No hay nada que acelere más la caída de un régimen que la imposibilidad de comer, trabajar, moverse o vivir con una mínima normalidad. La política puede resistir durante años sobre consignas, símbolos y enemigos externos, pero cuando la vida cotidiana se convierte en una prueba de supervivencia, el relato empieza a quebrarse. Y eso es exactamente lo que le ocurre hoy al populismo: ya no lo derrota solo la oposición; lo derrota la realidad.
Cuba y Venezuela son ejemplos de ese agotamiento, pero no lo agotan. En Cuba, la épica de 1959 ya no alcanza para justificar la escasez, la falta de libertades y el deterioro cotidiano. No creo que exista un cálculo serio de invasión sobre la isla; sería un error monumental, porque le daría oxígeno político a un régimen exhausto. El problema cubano no necesita una invasión para explicarse: se explica en la vida diaria, en la falta de comida, energía, combustible, movilidad y normalidad.
Venezuela fue y, en cierto sentido, sigue siendo otro rostro del mismo fracaso. El chavismo convirtió una promesa de redención popular en una estructura de control político, crisis económica, migración masiva y redes internacionales de intermediación. Casos como el de Alex Saab, Libre Abordo y las investigaciones vinculadas a intereses venezolanos revelan que el problema era sistémico.
Pero insistir demasiado en Cuba o Venezuela sería perder de vista la dimensión real del fenómeno. Lo que está en crisis no es solo un gobierno, un país o un líder. Lo que está en crisis es una forma de ejercer el poder. Una manera de hablar en nombre del pueblo mientras se debilitan las instituciones. Una manera de invocar la justicia social mientras se reparten privilegios. Una manera de denunciar a las élites mientras se construye una nueva élite, más cerrada, más impune y más difícil de remover.
Por eso, los casos judiciales importan, pero no son el fondo del asunto. Son la consecuencia visible de una descomposición más profunda. Los tribunales, las investigaciones, las sanciones y los expedientes empiezan a alcanzar a figuras que durante años se movieron bajo la protección de fueros, discursos ideológicos, redes internacionales de influencia y complicidades políticas.
En ese contexto, la investigación sobre Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra no debe leerse únicamente como un episodio aislado. Debe interpretarse como una pieza más dentro de una revisión mucho más amplia sobre los canales de influencia, los abusos y los mecanismos de distribución de la corrupción venezolana.
Como es de suponerse, con Saab nuevamente en el centro de la atención judicial, con Rodríguez Zapatero bajo investigación y con antecedentes como el de Libre Abordo –la empresa mexicana señalada por Estados Unidos por participar en operaciones vinculadas al petróleo venezolano bajo la fachada de un intercambio humanitario–, podrían producirse nuevas reactivaciones y efectos en cadena en distintos países.
Hay que recordar que una de las últimas expresiones políticas del populismo regional fue el Grupo de Puebla. En torno a ese espacio coincidieron figuras como Zapatero, Correa, Cristina Kirchner, Maduro y otros referentes que gobernaron, acompañaron o justificaron buena parte del ciclo político latinoamericano de los últimos 15 años. Hoy, varios de esos nombres ya no están únicamente en la discusión pública, están bajo investigación, condena, imputación o presión judicial de una manera más seria y definitiva.
Los pueblos pueden tolerar durante años los excesos del poder cuando creen que detrás existe una promesa de justicia. Pero cuando esa promesa se convierte en pobreza, represión, corrupción y privilegios para una élite, el péndulo empieza a moverse en sentido contrario.
El populismo latinoamericano atraviesa uno de sus momentos más débiles porque perdió su principal capital: la autoridad moral. Durante mucho tiempo pudo presentarse como una alternativa frente a los abusos del pasado. Hoy debe responder por los abusos del presente. Ya no basta con señalar a los enemigos externos, a los medios, a los empresarios, a Estados Unidos o a la derecha. La pregunta ahora es más simple y más devastadora: qué hicieron con el poder cuando lo tuvieron.
Esto no significa que todos los populistas sean corruptos ni que los no populistas estén libres de corrupción. Sería una simplificación injusta y peligrosa. La corrupción no pertenece a una sola ideología. Pero el momento actual sí concentra el escrutinio sobre una generación de dirigentes que hizo del discurso popular una forma de poder y del poder una maquinaria de impunidad. Esa es la diferencia. No se juzga solo una ideología; se juzga la distancia entre lo que prometieron y lo que terminaron haciendo.
La impunidad empieza a quebrarse. Lo que durante años pareció protegido por fronteras, fueros, discursos ideológicos o redes internacionales de influencia empieza a encontrarse con jueces, fiscales, expedientes, sanciones, extradiciones y cárceles. El populismo que prometió liberar a los pueblos terminó, en demasiados casos, encerrando economías, instituciones y libertades. Ahora, algunos de sus principales símbolos empiezan a enfrentar sus propias rejas.
Ahora toca entender que el populismo está, o puede estar muy pronto, tras las rejas. No solo en las cárceles, los tribunales o los expedientes que empiezan a rodear a varios de sus dirigentes, sino en algo más profundo: en el fracaso de su propia promesa.
Prometió libertad y dejó control. Prometió justicia y produjo privilegios. Prometió pueblo y terminó construyendo élites cerradas, corruptas y autoritarias. Esa es su verdadera condena. El populismo ya no cae solo por la fuerza de sus adversarios, sino por el peso de sus contradicciones. Y, cuando un proyecto político ya no puede dar comida, libertad, futuro ni verdad, ni siquiera su vieja épica alcanza para sacarlo de su encierro.
México merece una mención aparte por el nuevo punto de tensión que atraviesa su relación bilateral con Estados Unidos: la acusación, cada vez más desarrollada, de presunta colaboración entre distintos niveles de gobierno y el narcotráfico, en un momento en que Washington ya elevó a varios cárteles mexicanos a la categoría de organizaciones terroristas extranjeras.
El caso es relevante, primero, porque mientras Mark Carney ha redefinido con claridad la relación entre Canadá y Estados Unidos –desde un cambio frustrante que rompe una lógica histórica de cooperación, integración económica y seguridad compartida–, México parece estar recuperando el discurso del enfrentamiento. Y lo más delicado es que, frente a un planteamiento fundamentalmente jurídico, basado en leyes, investigaciones, acusaciones formales y mecanismos judiciales estadounidenses, la presidenta mexicana responde con argumentos políticos, con apelaciones a la soberanía nacional y con recuerdos históricos de invasión, intervencionismo y desatención de Estados Unidos hacia México.
Sin duda, aparte de Cuba, la redefinición de la relación entre México y Estados Unidos es el arco de bóveda para entender cómo será el futuro político del continente. No solo por lo que implica para ambos países, sino porque pone a prueba los supuestos ideológicos bajo los cuales puede sostenerse un matrimonio comercial, económico y estratégico que, en los hechos, sigue siendo indisoluble.
Entregar o no entregar a los requeridos por Estados Unidos resume, para una parte y para la otra, el punto al que hemos llegado: el final de esos populismos también puede hacer que las rejas empiecen a verse cercanas para algunos representantes mexicanos.