Muchas veces el conocimiento obstaculiza la esperanza. No es lo mismo creer en aquello que se necesita, se intuye o se cree conocer, que creer a pesar de lo que se sabe. Por eso, el verdadero amor no nace de la ignorancia ni de la fantasía, sino del conocimiento real. De mirar al otro con claridad, con sus virtudes y defectos, y aun así decidir quererlo.
El señor Christopher Landau nos quiere, sin duda. De toda América Latina, el lugar donde parece haberse sentido más realizado, más integrado y más incorporado es México. Landau nació en Madrid –hijo del embajador estadounidense George W. Landau– y desde muy temprano tuvo al español como una lengua natural, casi como una segunda lengua materna. Su biografía no es la de un funcionario que descubrió México desde un expediente, sino la de alguien formado entre códigos latinoamericanos, tradiciones diplomáticas y una relación profunda con la región.
Pero el problema no es que hable español desde la cuna. El problema –o quizá la ventaja, dependiendo desde dónde se mire– es que nos conoce y nos ha ido conociendo a lo largo de toda su vida. Hijo de diplomático, visitante de varios países latinoamericanos –entre ellos Paraguay, Chile y Venezuela por las labores diplomáticas de su padre–, familiarizado con sus singularidades, guadalupano en sus gestos públicos y fiel seguidor de algunas tradiciones mexicanas, Landau no llegó a México como un extraño. Cuando durante su primer mandato Donald Trump decidió enviarlo como embajador de Estados Unidos en México, Landau venía de una trayectoria jurídica de primer nivel en el litigio y el derecho corporativo.
En 2019 fue nombrado como embajador de Trump, pero también se identificó como alguien que entendía que México no se interpreta únicamente hablando la lengua. México se entiende descifrando el código, los dobles sentidos, los silencios y las formas. Ese código impreso es lo mejor y lo peor de nuestro pueblo. Landau lo conoce. Por eso, el hecho de que hoy sea una de las piezas centrales de la arquitectura política de la relación bilateral entre México y Estados Unidos no es un accidente. Es el reconocimiento de su conocimiento profundo del país y de su capacidad para leernos desde dentro.
No es que el secretario de Estado, Marco Rubio, desconfíe de otros interlocutores. Landau es subsecretario de Estado y, por tanto, el número dos del Departamento de Estado. Sino que aquí lo relevante es que Landau tiene algo más importante que el cargo: tiene mandato, memoria y, sobre todo, conocimiento. Sabe con quién habla cuando habla con México. Sabe lo que decimos, pero también lo que queremos decir. Conoce los silencios, las evasivas, los gestos y las trampas de nuestra conversación política.
Tal vez por eso Marcelo Ebrard –cuando fue canciller durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador– tuvo tantas dificultades para comunicarse con él. En ese teatro de lo aparente que son las relaciones entre países a través de embajadas, había un factor que impedía la confianza mutua: Landau sabía demasiado y entendía demasiado bien. Y cuando un interlocutor extranjero conoce los mecanismos internos del poder mexicano, la relación deja de descansar en la cortesía diplomática y entra en el terreno mucho más incómodo de la verdad.
Hay que decirlo, de todos los errores cometidos por Ebrard en su tiempo como canciller, la subestimación de Christopher Landau, la falta de cuidado en el trato y la falta de entendimiento de lo que representaba ese embajador fueron –sin duda– de los más graves. No porque Landau fuera invencible, sino porque no era un embajador convencional. Era un operador con conocimiento, con acceso, con memoria y con una lectura precisa del sistema político mexicano.
El caso Cienfuegos marcó un antes y después. La detención del general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, en octubre de 2020, no fue un hecho menor. Fue la irrupción brutal de una nueva lógica. Fue pasar de la desconfianza genérica hacia los cárteles a la búsqueda exacta del hilo negro que pudiera conducir a la posible implicación del poder político con el poder del crimen organizado.
Cienfuegos no era cualquier funcionario. Había sido secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso su detención provocó un terremoto político y diplomático. Ebrard nunca perdonó el papelón que le tocó hacer después de aquella operación. La pregunta era inevitable: ¿cómo era posible que, con una relación tan cercana, con un embajador tan involucrado en la vida mexicana –en sus símbolos, en sus tradiciones, en llevar a su familia a comer tacos o en celebrar los tamales del 2 de febrero– se hubiera producido una investigación, acusación y detención de ese tamaño sin que se trasluciera nada en la relación entre el embajador, la Cancillería y los representantes del gobierno federal?
Aquello exigió un esfuerzo diplomático enorme. Obligó al gobierno de Estados Unidos a solicitar ante un juez el retiro de los cargos para que Cienfuegos pudiera volver a México. La explicación formal fue que el caso se trasladaría a territorio mexicano para que las autoridades nacionales analizaran las pruebas y, en su caso, procedieran con el caso. Por eso Cienfuegos regresó a México.
La historia es, o debería ser, conocida por todos nosotros. Cienfuegos regresó a México. No recibió ningún homenaje ni medalla, pero tampoco fue sometido a juicio penal en nuestro país. La Fiscalía General de la República concluyó que no existían elementos suficientes para proceder en su contra.
Ese antecedente explica mucho de lo que ocurre ahora. También permite entender la respuesta de nuestra presidenta cuando exige pruebas a Estados Unidos y afirma que México decidirá conforme a su propio marco legal. En términos jurídicos, pedir pruebas no es un error; ningún Estado serio debería actuar sin evidencia. El problema está en convertir esa exigencia en una defensa política anticipada, o en olvidar que el caso Cienfuegos dejó una herida profunda en la confianza bilateral.
La diferencia es que hoy la relación bilateral se mueve bajo otros nombres, pero con una lógica institucional que no ha desaparecido. Landau está de nuevo en una posición estratégica dentro del Departamento de Estado y Christopher Cole –pieza clave del caso Cienfuegos– actualmente encabeza la DEA. No es correcto decir que se trata literalmente del mismo equipo operativo que llevó el caso Cienfuegos. Aunque sí es correcto afirmar que existe una continuidad en la mirada estadounidense: la convicción de que el problema no termina en los cárteles, sino que alcanza a las redes políticas, institucionales y financieras que los protegen o les permiten operar.
No todo es malo. Landau sabe en quién puede confiar de este lado de la frontera. También sabe quién habla para ganar tiempo, quién habla para confundir y quién para no comprometerse. Por eso, tras el cambio de canciller, puede abrirse al menos un territorio de confianza mínima para empezar a hablar.
La mayor incógnita es si la presidenta sabrá usar una ventaja que México no tenía desde los tiempos de John Gavin, embajador de Ronald Reagan durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Esto es, tener enfrente a un interlocutor estadounidense que conoce profundamente al país, pero que también sabe cuándo México está jugando a simular.
El síndrome del pato nos sigue rodeando. Si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces es un pato. En política internacional, esa frase no es una ocurrencia, es una advertencia. Los países no se juzgan solo por sus discursos, sino por sus patrones de conducta. Y cuando esos patrones se repiten, la retórica deja de servir como escudo.
Christopher Landau es un político hábil y simpático. Tiene una evidente capacidad de encanto y encarna bien esa vieja definición del guante de terciopelo dentro de un puño de hierro. Comparte con el presidente Trump ciertos elementos de raíz centroeuropea, aunque sus trayectorias y temperamentos son muy distintos. Y es que, con diferencia de Trump, Landau proyecta una personalidad más fría, metódica y sistémica.
Con estos antecedentes, y con ese conocimiento acumulado de unos sobre otros, resulta más peligroso e inútil invocar automáticamente el argumento de la interferencia política. Hacerlo puede sonar patriótico, pero también puede revelar desconocimiento de la estructura legal, política y judicial de nuestro principal socio comercial, político y militar. Estados Unidos no opera como México. Sus agencias, sus fiscales, sus jueces y sus mecanismos de cooperación tienen lógicas propias. Desconocerlas no fortalece la soberanía mexicana, la debilita.
Por eso, la pregunta de fondo no puede ser únicamente si Estados Unidos debe enviar pruebas. Por supuesto que debe hacerlo. La pregunta verdaderamente incómoda es qué hará México con esas pruebas, si es que llegan. Porque, inevitablemente, del otro lado de la mesa surgirá el antecedente del caso Cienfuegos. Y la pregunta será brutal: ¿quieren las pruebas para investigarlas o para hacer lo mismo que hicieron entonces, es decir, nada?
Y es que, cuando el conocimiento sustituye a la inocencia, ya no hay espacio para la simulación. Landau conoce a México. La DEA conoce sus expedientes. Y México debería conocerse lo suficiente para entender que, en esta nueva etapa, la vieja estrategia de pedir pruebas para después enterrarlas puede salir mucho más cara que enfrentar la verdad.