La semana pasada, México ocupó los peores encabezados de periódicos y telediarios de España, a raíz del artero asesinato de la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte Aguilera, quien apenas llevaba un mes de haber llegado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Cuautla, mediante un convenio de movilidad académica con la Universidad de Granada.
La joven, de veintiún años, perdió la vida por no haber sido suficientemente alertada sobre los peligros que se viven en esa ciudad —donde cuatro estudiantes de la propia UAEM habían sido asesinadas o halladas sin vida en los siete meses anteriores— y por haberse atrevido a pedir ayuda ante lo que parecía un simple robo de su teléfono móvil.
El desgraciado que truncó su vida reaccionó clavándole un puñal varias veces después de escucharla pedir auxilio.
Debe dar cierto alivio a las jóvenes de esa localidad el hecho de que el agresor haya sido identificado, detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales.
De ese desenlace destaca, sin embargo, que haya sido la propia sociedad civil organizada la que, mediante redes sociales y en coordinación espontánea, resultó decisiva para ubicar al prófugo: un vecino de Cuautla lo reconoció caminando por el centro —pese a haberse rapado para ocultarse— y alertó a la policía, en un episodio que se sumó a videos de seguridad y material aportado por otros ciudadanos que la propia Fiscalía morelense reconoció como clave.
Esa coordinación ciudadana guarda una triste analogía con el papel que muchas madres realizan a lo largo del territorio nacional para localizar e identificar a las más de 130 mil víctimas de desaparición y no localización registradas por la Comisión Nacional de Búsqueda.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido, además, que existen indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
A esa tragedia se suma la de las propias buscadoras, de las que al menos veintidós han sido asesinadas en los últimos quince años por buscar a los suyos.
Tanto el fenómeno ocurrido en Morelos como los casos en que familiares emplean su tiempo y recursos para colaborar con las fiscalías constituyen el hecho que motiva la reflexión de este día.
Es notorio que las labores del Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación constituyen un cuello de botella. Son pocos los delitos que llegan a ser juzgados y muchos los que engrosan la impunidad: la gangrena de nuestra paz y tranquilidad nacional.
Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, apenas el 9 por ciento de los delitos cometidos en 2025 fue denunciado y, de las carpetas abiertas, el 77.6 por ciento no llegó a conclusión alguna. Solo el 1.1 por ciento del total de delitos derivó en un desenlace favorable para la víctima.
La estrechez del proceso de procuración de justicia obedece, en buena medida, al diseño constitucional que confiere al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, agravado por la falta de preparación y recursos materiales y humanos de los cuerpos encargados de recopilar y sistematizar las pruebas.
Es ahí donde la intervención de la sociedad civil, tanto en el esclarecimiento de los hechos como en la aportación de pruebas, constituye un referente de los caminos que nuestro legislador debería explorar para agilizar las labores que la justicia exige al país.
La codificación procesal penal distingue entre datos de prueba, medios de prueba y pruebas, atendiendo a la fuente de información que permite reconstruir los hechos, al medio de convicción aportado y a aquello que finalmente se incorpora al juicio.
La complejidad de esa normatividad reduce considerablemente el margen de labores de investigación que bien podrían realizar investigadores privados debidamente acreditados.
Parecería pertinente que las fiscalías y el legislador exploraran la posibilidad de que, sin menoscabo de la verdad ni del respeto a los derechos humanos, y bajo escrupuloso control judicial, se habilitara a personas de probada honorabilidad para coadyuvar eficientemente en las costosas tareas de investigación que, con escasos recursos, realiza la policía.
Si los notarios, con conocimiento del derecho y conciencia de su responsabilidad, pueden encargarse de actos tan complejos como la constitución de sociedades, compraventas de inmuebles, poderes y testamentos, ¿no sería posible concebir una figura análoga en quien recayera la responsabilidad de recabar testimonios, imágenes y documentos asociados a la comprobación de un delito?