El 4 de septiembre pasado se difundió la noticia sobre cómo, en la primavera, “agentes” de OpenAI (desarrolladora de ChatGPT) secuestraron un sitio alemán tipo wiki (DseWiki) para efectuar entre 15 y 18 mil ediciones autónomas y sin supervisión, generando interacción que pudo eludir medidas de restricción implementadas por la plataforma, para compartir tácticas que les permitieron hacer trampa en algunas tareas. El incidente se suma a otros ya reportados en los que, por ejemplo, la IA asume identidad propia y contacta a personas reales con la finalidad de introducir códigos maliciosos en proyectos de acceso público. Los ejemplos empiezan a multiplicarse.
El vertiginoso desarrollo de la IA motivó al Papa León XIV a publicar la encíclica Magnifica Humanitas a través de la cual se aborda el impacto de la IA en la humanidad y llama a su regulación, siempre destacando la importancia de mantener el enfoque en la dignidad humana frente al poder de la tecnología.
En este contexto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones publicó en su sitio oficial el Plan Nacional de Inteligencia Artificial en el que se marcan ciertas pautas que definen el rumbo que nuestro país emprenderá para regular a la IA con sentido estratégico, responsabilidad institucional y orientación social.
La semana pasada, primera del período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados integró una Comisión Especial en materia de Inteligencia Artificial que tendrá como propósito analizar el desarrollo e impacto que ésta ya viene teniendo en nuestra vida cotidiana, con el objeto de impulsar un marco normativo integral que dé certidumbre jurídica a los desarrolladores, pero proteja ante todo los derechos humanos y permita un uso responsable de tales herramientas, con una perspectiva de soberanía nacional.
La decisión que llegue a tomarse por parte de dicha Comisión, primero, y del Pleno de ambas Cámaras una vez que los dictámenes correspondientes sean aprobados, será de la mayor trascendencia nacional, pues de ello dependerá el uso apropiado que dichas herramientas de IA puedan llegar a tener en ámbitos del desarrollo nacional de la mayor trascendencia para la Nación, como en educación, medicina, economía, trabajo, seguridad pública y buen gobierno.
Es alrededor de este tópico que ha de ponderarse qué es lo más conveniente para el país: ¿muchas o pocas reglas?, ¿reglas estrictas o reglas laxas que favorezcan la protección de los individuos o el desarrollo de la tecnología?
Europa ha seguido un camino regulatorio a través de un Reglamento de Inteligencia Artificial que se conoce como AI Act, en el que todo nace desde una idea muy sencilla: no todos los usos de la IA representan el mismo peligro. En tal virtud, se ha decidido que algunos usos se encuentran prohibidos, por ser de alto riesgo, quedando sujetos a controles y obligaciones especiales; y otros, los de menor riesgo, más abiertos y sujetos a regulaciones de control y desarrollo más laxas. La preocupación preponderante de la UE se centra en dar una protección adecuada a los Derechos Fundamentales que no impida por completo el crecimiento de la tecnología.
Estados Unidos sigue un camino diferente. A través del America’s AI Action Plan, presentado por la Casa Blanca en el mes de julio de 2025, se centra en construir la infraestructura necesaria y conservar el liderazgo mundial alrededor de la IA, para la que busca el mayor grado de innovación. La lógica parte del deseo de evitar una regulación excesiva que desincentive el importante trabajo que realizan empresas, investigadores e inversionistas dedicados al ramo. Se han dictado normas sectoriales, o estándares técnicos y responsabilidades aplicables a casos concretos, pero no un sistema normativo general tan estricto como el europeo.
El plan de México parece seguir un camino propio en el que se fortalecen capacidades nacionales, se desea impulsar la formación de talento y el uso de la IA en el sector público para avanzar hacia el rumbo de la soberanía tecnológica, que se ha vislumbrado a través de una supercomputadora propia cuya construcción empezó a proyectarse para este 2026.
La conformación de la Comisión legislativa lleva el debate al terreno final en el que se decidirá el esquema conforme al cual la IA crecerá o se estancará en el país, más allá de la discusión con la que el tema se aborde por universidades, empresas o centros de investigación.
En su labor y responsabilidades, será conveniente que el legislativo considere un principio jurídico que nuestra SCJN ha discutido y definido con destacada precisión: la proporcionalidad; que no es un referente menor para el Congreso en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna, es un mandato infranqueable. Cuando el Estado impone restricciones o limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de libertad de las personas, la medida legislativa que lo establezca debe servir realmente para alcanzar un propósito legítimo; no debe existir otra alternativa igualmente eficaz que pueda afectar menos los derechos; y el beneficio que se busque debe de guardar una relación razonable con la restricción o limitación que se imponga. En eso estriba la razonabilidad y lógica del derecho, que dicho en otras palabras es equiparable a la sensatez en el ejercicio del poder.
Cuando la tecnología puede llegar a tener tan relevante impacto positivo en la vida de las personas, la justificación de la limitación impuesta a su desarrollo debe de estar mucho muy bien fundamentada.
El punto de encuentro de las dos visiones sobre la IA que nos ofrecen Europa y los EEUU no se encuentra en la conservación de la soberanía y el poder del Estado, como pareciera desprenderse del Plan publicado por la Agencia de la Transformación Digital y las Telecomunicaciones. El cruce de las dos líneas se encontrará en la identificación de la adecuada protección de la dignidad humana y el empleo, sin vejación de la seguridad que la innovación, la inversión y el desarrollo necesitan para cumplir su propósito. El anhelado equilibrio y compatibilidad entre la justicia social y la libertad empresarial.
La inteligencia artificial transformará al mundo. Lo que aún está por decidirse es si el derecho acompañará este cambio con la misma inteligencia con la que dicha tecnología fue concebida. En el fondo, en eso se fundará la proporcionalidad de las normas que expida el Congreso de la Unión y demás autoridades afines. No se tratará de regular mucho; de regular más o menos; sino de regular con inteligencia.