¿Qué es la seguridad nacional?
En el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional se dice que, para los efectos previstos en ella, son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad y permanencia del Estado Mexicano que conlleven a la protección de la nación frente a amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y la unidad de las partes que integran la Federación; la defensa legítima del Estado mexicano frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional; y la preservación de nuestra democracia.
El artículo 5 de la misma Ley nos ofrece ejemplos interesantes sobre cómo dicha seguridad nacional puede verse amenazada: actos de espionaje; interferencia extranjera; actos que impidan combatir la delincuencia organizada; quebrantamiento de la unidad de las partes que integran la Federación; actos que obstaculicen operaciones militares o navales; actos contra la seguridad de la aviación; atentados contra personal diplomático; tráfico nuclear; actos ilícitos contra la navegación marítima; financiamiento de organizaciones terroristas u obstaculización de actividades de inteligencia o contrainteligencia.
De acuerdo con la ley, los aspectos de la seguridad nacional que pudieran favorecer la intervención del Estado en el control de las actividades que realizamos los particulares son amplísimos, pues la determinación de cuándo, cómo y hasta qué punto el país puede verse amenazado o bajo riesgos internos o del exterior, por cualquier causa, acaba siendo una labor eminentemente subjetiva.
En el contexto de una revisión de la relación comercial entre México y los Estados Unidos de América, país con el que el nuestro realiza el mayor número de operaciones de comercio, y del que depende un porcentaje significativo del producto interno bruto nacional, proteger la seguridad nacional e, incluso, la seguridad hemisférica, constituye un aspecto lógico y necesario que debe ocupar la atención de nuestra presidenta y su gabinete de seguridad.
Una inversión extranjera de Medio Oriente o Lejano Oriente en sectores como energía, transporte, saneamiento, comunicaciones, minería, tratamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, defensa, instalaciones consideradas sensibles o tecnologías críticas –inteligencia artificial, robótica, semiconductores–, puede llevar implícita una amenaza si proviene de individuos con intereses bélicos o políticos opuestos a nuestro principal socio comercial.
Sin embargo, esa no es la única lógica que debe valorarse para entender este caso.
Este fin de semana, la presidenta presentó al Senado de la República una iniciativa de reformas a la Ley de Inversión Extranjera, mediante la cual se modifica la conformación de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras –se agrega a la Secretaría de la Defensa, la de Marina, la de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la UIF–, quienes en unión de los integrantes de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores votarán en áreas sensibles ya identificadas, respecto de la aceptación de extranjeros en proporción superior al 49% del capital social de una empresa. Quien transfiera participación accionaria a pesar de una negativa de la comisión enfrentará sanciones económicas que van de aproximadamente 586 mil a 23 millones de pesos.
A pesar de que el tratamiento de la inversión extranjera podría considerarse en algunos casos discriminatorio y contrario a los intereses económicos del país, que atraviesa por una época de gran sequía en el rubro de la inversión productiva doméstica, la decisión que incorporará la ley es comparable a la de una visa otorgada a un visitante extranjero: corresponde a México como país anfitrión decidir qué tipo de inversionistas tiene el deseo y la apertura para recibir.
Siempre que no exista violación a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, la decisión soberana en materia de inversión extranjera incorporada en la ley, previa tramitación del procedimiento legislativo correspondiente, será apegada a la Constitución.
Como ya antes se anticipaba, no escapa a nuestra atención la otra coyuntura en la que esta iniciativa se presenta, que contradice todo lo dicho. Casualmente, la presidenta también acaba de enviar una iniciativa que prohíbe la ostentación de una doble nacionalidad para el ejercicio del cargo de Presidente de la República o Gobernador de los Estados; el regulador de telecomunicaciones publicó, por su parte, nuevos lineamientos en materia de defensa de las audiencias que bien pueden concretar la censura contra la radio y televisión del país; y la bancada de Morena aprobó la reforma que invalida cualquier proceso electoral por injerencias extranjeras.
Visto el cúmulo de acciones encaminadas a proteger los intereses nacionales, emprendidas por el grupo político en el poder, no deja de saltar a la vista el proceso de encierro que este gobierno está llevando a cabo, en sentido diametralmente opuesto al que México inició hace cuarenta años.
¿Hacia dónde nos dirigimos?
La decisión de edificar enemigos en territorios extranjeros se parece a obras ya interpretadas por países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte, a los que no queremos llegar a parecernos, ni de cerca.
Parece ser que todos los planes y propósitos de la transformación quedan cada vez más al descubierto. Los caminos conducen al indudable acaparamiento del poder y su servicio para el beneficio exclusivo de un pequeño grupo que lo ejerce. ¿Era ese el objetivo de justicia social que se había propuesto su líder?
La gran pregunta siempre se mantiene vigente: ¿Para qué?