Antonio Cuellar

El efecto duro de la justicia en línea

Las plataformas de los distintos órganos de justicia del país, tanto en la procuración como en la administración de justicia, deberán perfeccionarse y entrar en marcha plena.

En pláticas recientes con colegas, abordamos el tema de las bondades y problemas que se han venido identificando en el nuevo sistema de justicia en línea que, con motivo de la pandemia, en forma acelerada se ha tenido que poner en marcha con la finalidad de recuperar tan importante actividad esencial para todos los gobernados sujetos a la jurisdicción de los tribunales mexicanos.

Evidentemente que las plataformas de los distintos órganos de justicia del país, tanto en la procuración como en la administración de justicia, deberán perfeccionarse y entrar en marcha plena, al advertir que esta llegará a ser la nueva modalidad conforme a la cual los abogados ejerceremos nuestra profesión. La del Poder Judicial de la Federación, al que le compete conocer de la tramitación del juicio de amparo y de juicios ordinarios en los que la Federación es parte o en los que se aplican leyes federales, ya funciona con bastante facilidad para el usuario, acierto y rapidez.

Cargar documentos, recibir notificaciones electrónicas, y descargar los acuerdos y resoluciones que en el curso ordinario de un proceso se van dictando, resulta hoy posible y relativamente sencillo para quienes están encargados de postular planteamientos y acciones ante los órganos del Estado a los que compete definir la interpretación y aplicación concreta de la ley. Esta facilidad que nos ofrece la modernidad tecnológica hace más ágil el trabajo y disminuye significativamente la necesidad de hacer viajes fuera de la ciudad de residencia, e incluso disminuye drásticamente la asistencia cotidiana a los locales de los juzgados para constatar la existencia y alcance de los acuerdos de trámite que se van dictando en todo juicio.

Es precisamente ese último punto, el del contacto humano, el de la labor sustancial de la abogacía ante los secretarios y juzgadores a los que corresponde conocer de un conflicto, lo que nos llamó la atención y lo que nos condujo, después, a identificar un punto negativo de la labor judicial digital.

En la encomienda de representar los intereses de las personas, los abogados acudimos y aportamos, a través de la vía presencial y oral, una apreciación personal, subjetiva, pero inevitablemente humana, en torno del problema que aqueja a una persona o una corporación. Esa aportación humana de los hechos produce un conocimiento más profundo de un problema concreto a favor del juzgador y, por consiguiente, un mejor punto de apoyo de sus resoluciones; como tal, ese quehacer cotidiano en el foro es el que produce sentencias congruentes, en las que la problemática que atienden los jueces acaba por ser correspondiente con la realidad.

El punto importante tiene que ver con el aprendizaje de esa trascendente función de los abogados, propiamente en el local del juzgado, porque esa actividad cotidiana no se enseña en las universidades y sí comprende un rol relevante del abogado en el ejercicio puro de la profesión.

Las carreras de derecho en la gran mayoría de las universidades y centros de enseñanza de la abogacía en México están diseñadas en horarios que permiten la realización de prácticas de pasantía desde los primeros años. Esa posibilidad formativa concede a quienes tienen la oportunidad de abrirse un espacio en los despachos y áreas jurídicas en el sector público y privado una visión integral de la profesión que produce una marca y un estilo de abogar, que perdura a lo largo de la vida. La labor del pasante es positiva para el despacho en el que trabaja, pero lo es aún más para él mismo a lo largo del resto de su vida. La actividad del pasante la puede llevar a cabo dignamente, precisamente en esos años en los que tiene la doble cualidad de ser estudiante y de no demandar, lógicamente, los ingresos que estaría en posibilidad de exigir un profesionista titulado y ya formado.

Un defecto que arroja el sistema de justicia en línea tiene que ver con esa despersonalización de la labor de los abogados y la imposibilidad de que los estudiantes de la carrera de derecho, en su etapa formativa, gocen de ese aprendizaje vital en la labor foral de conocer la tramitación de un juicio. El defecto es importante y grave, pues tendrá un impacto en el corto o mediano plazos, tan pronto como empiecen a graduarse las primeras generaciones de abogados a los que, esa cercanía humana propia de la administración de justicia le sea transmitida como parte de los textos de la historia del derecho.

El problema es mayor al advertir también que, las ventajas que ofrecen las plataformas habilitadas por los tribunales para conocer los estados del proceso, vienen a hacer prácticamente innecesaria la contratación de los pasantes, pues la tecnología sustituye en una buena medida la labor de captura de los acuerdos y resoluciones que en su papel realizan los pasantes. El riesgo en que queda colocada la plaza del pasante en el despacho, una que podría ya no ser indispensable para los abogados, que no tiene un valor económico significativo, va a convertirse en un problema vital en contra de los estudiantes de la carrera que quedarán alejados de esa práctica cotidiana que ha sido toral en la formación de los abogados de hoy.

Deberán ser los convenios que firmen las universidades y colegios de abogados, sumada a la ética y vocación de los despachos dedicados a la abogacía pura, y la posible inclusión de figuras afirmativas en la ley que favorezcan la contratación de los pasantes, las que salvaguarden la existencia y función de la pasantía en el campo del derecho. Se ve una tarea difícil, pero sabemos que los estudiantes cuentan con el apoyo de muchos colegas que apreciamos la importancia de esa etapa en su formación humana y profesional.

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