A lo largo de la semana pasada destacó el planteamiento que hizo una profesora de Derecho y creadora de contenido, para que el voto de la ciudadanía en materia político-electoral quedara reservado o restringido a favor de personas que tuvieran conocimientos informados sobre la realidad política de México; propuso inclusive la conveniencia de tomar cursos básicos sobre la función del Estado como requisito para poder votar. La idea fue catapultada y llevada al extremo por detractores, quienes sugirieron que ello conduciría a que el voto se restringiría a favor de los profesionistas. La presidenta se refirió a ella y la calificó como una propuesta antidemocrática, clasista y violatoria de derechos universales.
La funcionalidad de la democracia se sustenta precisamente en la premisa que la profesora propone, porque difícilmente puede hablarse de una democracia operativa cuando ésta nace a partir del ejercicio manipulado de la voluntad electoral.
De algún modo, la legislación electoral, cuya génesis se encuentra en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así lo reconoce. El hecho de que la información electoral y las campañas en los medios masivos de comunicación se encuentren controladas, reguladas y puntualmente pautadas por las autoridades electorales responde al principio de equidad en la contienda: a la necesidad de impedir que un abuso informativo distorsione el conocimiento objetivo de la realidad en perjuicio del proceso político-electoral.
Sin embargo, el fenómeno del desequilibrio electoral no se restringe exclusivamente a la información pública, a los medios abiertos o restringidos de comunicación, ni a las plataformas digitales utilizadas para influir en la decisión de los electores mediante los ya conocidos algoritmos.
El mundo entero observa la aparición de nuevos mecanismos a través de los cuales los partidos políticos, los candidatos, los gobiernos populistas o los grupos de poder pueden influir negativamente en la objetividad democrática asociada a la información que ocupa la mente y condiciona la decisión del elector: nuevos instrumentos de manipulación con miras a ganar una elección.
México no escapa claramente a algunos de estos, encontrándose en primer lugar el del dinero empleado en programas sociales —del mismo modo en que ha ocurrido en América del Sur o en países gobernados por la izquierda radical—. El uso del dinero público para solventar apoyos pecuniarios para el mayor número de electores constituye un artilugio que atenta contra la democracia, porque el beneficiario de tales recursos cae en una hipnosis que le impide actuar con claridad ante la valoración y juicio sobre la sustentabilidad de tales políticas. El interés personal en conservar esos beneficios, sin miramiento de la conducción de los asuntos públicos por el partido otorgante, ciega al elector y lo conduce a ejercer su derecho al sufragio de una manera que puede resultar equivocada.
No resulta menor advertir que, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, el Gobierno Federal destina 835 mil 705.5 millones de pesos a los programas sociales prioritarios, que benefician a 16.3 millones de personas. Independientemente del criterio político que cada quien formule sobre dichos programas, la magnitud de esos recursos y el universo de beneficiarios explican por sí mismos la relevancia que esta política pública adquiere en cualquier proceso electoral y la necesidad de que su operación permanezca siempre ajena a cualquier incentivo de carácter partidista.
Otro aspecto de la vida política con dimensiones igualmente graves tiene que ver con el fenómeno de la inmigración y la adquisición de derechos electorales por parte del extranjero naturalizado o, incluso, de los nacionales residentes en el exterior. Europa observa este fenómeno con creciente recelo, particularmente ante la amplia apertura que España ha mostrado hacia inmigrantes irregulares y hacia descendientes de españoles en el extranjero, precisamente en vísperas de procesos electorales que pueden definir la continuidad de un gobierno socialista que, a juicio de sus críticos, ha perjudicado el crecimiento económico y menoscabado el estado de bienestar en perjuicio de sus connacionales.
México comparte con Filipinas uno de los primeros lugares en exportación de mano de obra; sin embargo, por su condición de vecino de los Estados Unidos de América, cuenta también con una población migrante flotante de enorme consideración. El endurecimiento de las políticas migratorias por parte de nuestro vecino del norte incrementa la permanencia de extranjeros en territorio nacional y abre la puerta a su regularización, ya sea como residentes o, en última instancia, como mexicanos naturalizados.
Es innegable que la facilitación de la naturalización de extranjeros de escasos recursos, quienes eventualmente pueden incorporarse a programas sociales de carácter monetario, genera un debate legítimo sobre los posibles incentivos políticos que ello pudiera producir. Un procedimiento de regularización migratoria con tales implicaciones electorales podría comprometer la aspiración de nuestra democracia de contar con un voto objetivo e imparcial de quienes comparten los efectos y consecuencias de los gobiernos que eligen.
De este modo, ante la legítima pregunta de si votar constituye un derecho o una obligación constitucional, no cabe la menor duda de que la respuesta comprende ambas dimensiones. Votar es una prerrogativa y un derecho de todos los mexicanos; pero, por su trascendencia para la vida nacional, para nuestra paz y para la convivencia armónica, constituye igualmente una obligación: el deber infranqueable de ejercer el sufragio con conocimiento y con una voluntad verdaderamente informada acerca de los efectos que una u otra propuesta de gobierno puede significar para beneficio o perjuicio de todos quienes vivimos en este país.
El Instituto Nacional Electoral es la autoridad administrativa en la que nuestra Constitución deposita la facultad de intervenir oportunamente para defender la legalidad y la equidad en la contienda electoral. En los tres ámbitos aquí señalados existe todavía mucho trabajo por hacer. Resulta paradójico que, frente a la mayor capacidad tecnológica jamás desarrollada por el ser humano para acceder a la información, nuestra sociedad permanezca tan dividida y, al mismo tiempo, tan desinformada.
Resulta urgente que, de cara a los procesos electorales del año entrante, se adopten medidas oportunas respecto de la intervención de las redes sociales en las elecciones; de la utilización de los programas sociales con fines electorales; y de los procesos de regularización migratoria cuando éstos pudieran tener implicaciones político-electorales. El futuro de nuestra democracia, en buena medida, depende de ello.