En la historia reciente de México, probablemente no había existido un momento tan angustioso como este en el que ha quedado colocado el Pleno de la SCJN la semana pasada. La trascendencia que arroja el planteamiento de inconstitucionalidad del transitorio décimo tercero de la reforma a las leyes secundarias para implementar la reforma constitucional del PJF, la ‘ley Zaldívar’, constituirá realmente el punto de quiebre del que dependerá el triunfo del movimiento encabezado por AMLO o el comienzo de la recuperación del modelo democrático.
No se trata de un problema de gobernabilidad al interior del propio Poder Judicial, que podría superar sin desgaste alguno el tema relativo a la continuación o alternancia en el ejercicio de su presidencia (ya en 1995 atravesó un proceso de transformación mucho más radical al presente, que no provocó tanta polémica); sino de comprobación fidedigna de institucionalidad republicana.
La incertidumbre se gesta en torno a la muestra que habrán de dar los ministros que integran el Pleno de la SCJN, sobre su filiación y cercanía al propio Poder Ejecutivo de la Unión, o sobre su independencia. Su voto, ante la grotesca violación constitucional que se someterá a su estudio y resolución, constituirá un parteaguas sin comparación para la historia del país. ¿Qué nombre y qué legado dejarán inscrito en los libros y anales del PJF, y cuál será el país que heredarán a sus hijos?
El presidente de la República ya ejerce un control incomparable sobre las Fuerzas Amadas del país, como también con respecto al Poder Legislativo de la Unión. Todos los días ha venido dejando en claro que persigue hacerse de la dirección de la materia electoral a través de la asunción de las funciones que tiene encomendadas el INE e irá, sin lugar a dudas, por el poder que ha sido confiado a los otros órganos constitucionales autónomos restantes.
Hasta hoy, los atropellos a los derechos humanos que provienen de las leyes que expide el Congreso de la Unión con el poder hegemónico que ejerce el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, o de los proyectos que en ejercicio arbitrario del presupuesto impulsa el presidente de la República, han encontrado como única limitante y contención las sentencias y resoluciones que en el ejercicio de su competencia en amparo han dictado los jueces federales.
El pueblo de México y quienes han confiado en la entereza de sus instituciones, ven con temor la disyuntiva que se dibuja en el horizonte con motivo de la reforma al PJF aprobada la semana pasada: la concreción final del proyecto totalitarista autodenominado 4T, mediante la asunción del control suficiente y directo del único muro de contención que se mantiene en pie, el Poder Judicial de la federación, o la consolidación del modelo democrático mediante el ejercicio compartido del poder público.
Ante una reforma normativa tan evidentemente inconstitucional, aquello que eventualmente llegarán a discutir los ministros de la SCJ al resolver el juicio de acción de inconstitucionalidad que con toda seguridad habrá de plantearse por diputados o senadores, no tiene que ver con la validez de un proceso legislativo evidentemente anómalo, o con la subordinación gramatical de la ley al texto constitucional, sino con la subordinación del número suficiente de asientos que conforman el Pleno de la SCJ a los mandatos o deseos del presidente de la República. De llegarse a constatar que existen ministros incondicionalmente adheridos al proyecto presidencial, la ciudadanía habrá quedado sin defensa alguna frente a los abusos en que pueda llegar a incurrir el Poder Ejecutivo federal y los órganos de la administración pública que de él dependen.
Paradójicamente, el escenario que se dibuja tiene las dos caras de la moneda bien dibujadas, pues uno sería el desenlace para el país si llegara a confirmarse la validez constitucional del ordenamiento cuestionado, y otro totalmente distinto el que arrojaría la posibilidad de que se resuelva, como lógicamente lo es, que la norma viola el texto de la ley fundamental.
Todo régimen democrático bien consolidado descansa en el reparto equilibrado del poder público entre órganos de gobierno encargados a funcionarios capacitados. La intervención escalonada, colegiada, bien definida, de colaboradores preparados a quienes se encomienda la interpretación científica de la ley, concede al gobernado un ambiente de confianza y certidumbre que favorece su desarrollo individual, como también el progreso de la colectividad a la que pertenece.
No existe régimen estatal alguno en el que el acaparamiento o monopolización del poder haya demostrado constituir un modelo apropiado, ni para el crecimiento de las libertades del individuo, ni mucho menos para el desarrollo exitoso de su intelecto en sociedad.
Con la resolución que habrá de adoptarse por el Pleno de la SCJ podría quedar al descubierto el primitivismo de la democracia mexicana y el resurgimiento de un régimen autoritario que, a pesar de haber parecido superado, podría haber permanecido latente todo este tiempo; o podría también llegarse a alumbrar a un nuevo Estado democrático, dotado de servidores capaces y a la altura de cualquier circunstancia, listos para defender el pacto supremo al que se debe sujetar todo aquel que, aún con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía participante en los procesos electorales, decida involucrarse en la honrosa responsabilidad de dirigir al país.
Es este último escenario el que entusiasma y el que abre una esperanza de que, al final de un periodo de obscuridad, sí puede existir un camino muy luminoso, con desarrollo y justicia para todos, en el que no se necesita confrontar a la sociedad ni demoler a las estructuras para proyectar a México hacia un futuro más próspero, en el concierto internacional, libre de corrupción y con seguridad para todos.
Así las cosas, no sólo el proceso electoral del 6 de junio arrojará una luz muy clara que ilumine el camino que la cuarta transformación habrá de seguir, o no, a lo largo de la segunda mitad que corresponde a esta administración electa; también el proceso de control constitucional que la semana pasada ha puesto sobre la mesa el presidente de la República constituirá un punto histórico de referencia al que no se le debe perder de vista bajo ninguna circunstancia. Águila o sol… este año se define el futuro de México. ¿Qué cara de la moneda habrán de elegir los ministros?