Ricardo Monreal tiene razón cuando reconoce que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 prácticamente no tiene margen para reasignar recursos, incluso hacia sectores tan urgentes como salud, educación, seguridad e infraestructura.
Pero el coordinador de Morena en San Lázaro se queda corto en el diagnóstico. La realidad es más grave: la 4T construyó una gigantesca camisa de fuerza presupuestal y ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum está atrapado dentro de ella.
No hay dinero suficiente porque durante años se privilegió el gasto político sobre la inversión productiva, se multiplicaron compromisos permanentes y se destinaron cantidades monumentales a proyectos emblemáticos del obradorismo cuya rentabilidad económica sigue siendo cuestionada.
El resultado está a la vista: un gobierno con enormes obligaciones, una economía que no crece lo suficiente y una deuda que deberá utilizarse para cubrir el déficit.
La administración de Andrés Manuel López Obrador dejó una pesada herencia financiera. Pensiones, programas sociales, costo de la deuda y obras como el Tren Maya representan compromisos que no desaparecen con el cambio de presidente. Por el contrario, cada año demandan más recursos.
Claudia Sheinbaum tuvo la oportunidad de modificar esa herencia, pero decidió conservarla. Y esa decisión tiene consecuencias.
El problema de los programas sociales no es ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan. Eso constituye una obligación del Estado. El problema aparece cuando las transferencias de dinero se transforman en política electoral permanente, sin mecanismos suficientes para medir resultados y sin una economía creciendo al mismo ritmo que las obligaciones presupuestales.
Repartir dinero no sustituye al crecimiento económico. Un país no puede construir prosperidad únicamente distribuyendo recursos públicos. Primero tiene que producir riqueza, generar empleos, atraer inversiones, elevar productividad y cobrar impuestos sobre una economía que se expande.
México está haciendo exactamente lo contrario: el gasto obligatorio crece mientras la economía permanece prácticamente estancada. Así se construye una trampa fiscal. Cada peso destinado al servicio de la deuda, a subsidiar proyectos deficitarios o a sostener estructuras burocráticas es un peso que no llega a hospitales sin medicamentos, escuelas deterioradas, carreteras, sistemas de agua, policías municipales o infraestructura indispensable para atraer inversión.
Todos quieren más presupuesto y prácticamente nadie sabe de dónde sacarlo. La caja está comprometida antes de abrirla.
Y la salida “fácil” será nuevamente la deuda. Endeudarse para financiar infraestructura productiva puede ser razonable. Endeudarse sistemáticamente para cubrir gasto corriente y obligaciones permanentes constituye una señal de deterioro financiero.
Peor aún cuando no existe crecimiento suficiente para ampliar la capacidad futura de pago. La paradoja de la 4T es brutal: necesita desesperadamente inversión privada mientras mantiene condiciones que generan incertidumbre entre quienes podrían invertir.
La elección de jueces mediante un modelo cuestionado y subordinado al Ejecutivo, la debilidad del Estado de derecho, la inseguridad, las extorsiones, los problemas de disponibilidad de agua y energía y la incertidumbre alrededor de la relación económica con Estados Unidos constituyen obstáculos que ningún discurso presidencial puede borrar.
El dinero no entiende de propaganda, ni tampoco de ideologías. El capital llega donde encuentra rentabilidad, seguridad jurídica y reglas confiables. Y se marcha —o simplemente no llega— cuando encuentra incertidumbre.
De ahí que resulte contradictorio pedir miles de millones de dólares en nuevas inversiones mientras desde el poder se debilitan precisamente algunas de las condiciones necesarias para recibirlas. Sheinbaum enfrenta, por tanto, una decisión que ya no puede postergar: romper con los vicios económicos del obradorismo o convertirse en administradora de sus consecuencias.
No puede seguir culpándose eternamente a factores externos. Ya transcurrió suficiente tiempo para que este gobierno asuma plenamente sus decisiones. México necesita una verdadera reforma fiscal, una revisión profunda del gasto público y, sobre todo, recuperar la inversión productiva.
También tendrá que hacerse algo que en Palacio Nacional parece políticamente sacrílego: revisar uno por uno los llamados proyectos estratégicos de López Obrador y determinar cuánto cuestan, cuánto producen y cuánto dinero público seguirán absorbiendo. La advertencia de Monreal desnuda así una realidad mucho más profunda: el gobierno se está quedando sin dinero de libre disposición porque comprometió buena parte de sus ingresos en ocurrencias y apoyo electoral, antes de recaudarlos.