La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que su gobierno no aumentará impuestos y, en sentido estrictamente formal, puede sostenerlo: el paquete fiscal para 2027 no crea nuevos gravámenes generales ni incrementa las tasas del ISR, IVA o IEPS.
Sin embargo, para millones de contribuyentes y empresas la realidad será menos cómoda: aumentan derechos, se limitan deducciones, cambian retenciones y se estrecha el cerco fiscal.
La reforma al ISR aprobada por los diputados, por ejemplo, endurece las reglas para las empresas de mayores ingresos, limita la amortización de pérdidas fiscales y reduce el margen para deducir intereses. También establece retenciones sobre ingresos brutos de 2.1 por ciento para plataformas de transporte y reparto y de 2.5 por ciento para operaciones de comercio electrónico.
No se llaman nuevos impuestos, pero representan mayores cargas fiscales o financieras para determinados contribuyentes.
A ello se suman los incrementos establecidos en la Ley Federal de Derechos, que terminarán repercutiendo en distintos servicios y actividades. El gobierno ha descubierto que existe otra manera de incrementar la recaudación sin asumir el costo político de anunciar una reforma fiscal: cobrar más por derechos, restringir beneficios fiscales y fiscalizar con mayor intensidad.
El problema de fondo está en las finanzas públicas.
La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 contempla recursos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos. Parece una cantidad monumental, pero aproximadamente 1.48 billones corresponden a ingresos derivados de financiamientos. Además, se autorizó al gobierno federal un endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos y deuda externa de hasta 13 mil 500 millones de dólares.
Es decir, el presupuesto federal necesita una importante cantidad de recursos provenientes del financiamiento para cerrar sus cuentas, lo que deja al descubierto que la deuda pública con la 4T es la mayor contratada en este siglo.
El gobierno tiene cada vez mayores obligaciones: pensiones, programas sociales, servicio de la deuda, transferencias a Pemex, operación de las obras heredadas del sexenio anterior y un aparato público que demanda recursos crecientes.
Y cuando los ingresos ordinarios resultan insuficientes, aparecen solamente unas cuantas alternativas: gastar menos, recaudar más, crecer más o endeudarse.
La administración de Sheinbaum está apostando fundamentalmente por las últimas dos herramientas recaudatorias: cobrar mejor y recurrir al financiamiento.
El crecimiento debería ser la salida más saludable, porque una economía dinámica genera empresas, empleos, inversión y, naturalmente, más contribuyentes. Sin embargo, el desempeño económico continúa siendo uno de los grandes desafíos nacionales.
Por ello no sería excesivo afirmar desde ahora que México no crecerá más del 1 por ciento del PIB durante todo lo que resta del sexenio; lo que sí puede decirse es que, sin una aceleración sustancial de la economía, las presiones fiscales serán cada vez mayores.
Ese es el verdadero foco rojo.
México necesita financiar programas sociales que políticamente son prácticamente irreversibles; sostener Pemex; concluir y operar grandes proyectos de infraestructura; atender seguridad, salud y educación; pagar pensiones y cubrir un servicio de la deuda que consume recursos que podrían destinarse a inversión productiva.
¿De dónde saldrá el dinero? De los contribuyentes y de la deuda.
Por eso resulta engañoso reducir toda la discusión a la frase “no aumentamos impuestos”. Para una familia o una empresa, poco importa cómo bautice Hacienda el cobro adicional. Si aumentan derechos, disminuyen deducciones, crecen retenciones o se encarecen determinados trámites y servicios, alguien terminará pagando la diferencia.
Y generalmente esa diferencia termina trasladándose al consumidor.
México requiere una discusión fiscal seria. Ampliar la base de contribuyentes, combatir verdaderamente la informalidad, revisar el gasto improductivo, evaluar programas públicos, recuperar la inversión y generar condiciones de certidumbre para el capital nacional y extranjero.
Lo contrario es continuar exprimiendo a quienes ya están dentro de la formalidad.
La paradoja del Paquete Económico 2027 es precisamente esa: oficialmente no hay nuevos impuestos, pero Hacienda pretende recaudar más y vigilar más, mientras el gobierno también solicita autorización para endeudarse más.
La retórica puede llamarlo eficiencia recaudatoria; la realidad, sin embargo, es castigar más a los contribuyentes cautivos, dejar a los informales en paz y endeudar al país con el pago de intereses de los más altos del mundo.
La propuesta gubernamental del Paquete Económico es miope, ausente de creatividad y sin establecer las bases para un crecimiento económico sostenido, en donde debe prevalecer un Estado de derecho robusto e imparcial, seguridad pública y garantizar el suministro de energéticos y agua para la industria y empresas.
El otro punto toral de los impuestos es cómo se gastan y en qué se gastan, sobre todo cuando vemos los casos de corrupción y fracaso de los elefantes blancos de AMLO.