Clara Brugada llega a sus primeros dos años al frente del Gobierno de la Ciudad de México con una paradoja política que debería preocupar seriamente a Morena: conserva una aprobación general de 60 por ciento, pero cuando los capitalinos califican áreas concretas de su administración, aparecen señales muy distintas, particularmente en seguridad pública y corrupción.
La más reciente encuesta de El Financiero retrata con claridad esa contradicción. Mientras seis de cada diez entrevistados aprueban en términos generales la gestión de la jefa de Gobierno, apenas 13 por ciento tiene una opinión favorable sobre el desempeño de su administración en seguridad pública y 75 por ciento lo califica negativamente. Más aún, 63 por ciento señala a la inseguridad como el principal problema de la Ciudad de México.
El dato es particularmente relevante porque la seguridad no es un asunto accesorio en la evaluación de cualquier gobierno. Es una de sus responsabilidades esenciales y condiciona la calidad de vida, la inversión, la actividad comercial, la movilidad y hasta la percepción que los ciudadanos tienen sobre su entorno.
También resulta adversa la evaluación en corrupción: solamente 14 por ciento expresa una opinión favorable sobre el desempeño gubernamental en este rubro, frente a 77 por ciento que lo califica negativamente. En economía, el resultado es menos desfavorable, pero tampoco representa una fortaleza indiscutible: 46 por ciento tiene una opinión positiva sobre su manejo.
Así llega Brugada al primer tercio de su administración: con una base importante de aprobación sustentada, entre otros factores, por los programas sociales —que alcanzan 73 por ciento de opiniones favorables—, pero con debilidades profundas precisamente en algunos de los problemas que más inciden en la vida cotidiana de los capitalinos.
La jefa de Gobierno ha contado con recursos presupuestales, respaldo presidencial, mayoría política y una estructura territorial que Morena construyó durante décadas en la capital. Además, gobierna una ciudad donde la izquierda ha sido fuerza dominante desde 1997, con la excepción de los avances opositores registrados en diversas alcaldías.
Es decir, Brugada no puede argumentar falta de poder político para ejecutar su proyecto.
Su administración presume una inversión pública 55 por ciento superior a la de 2024, 3 mil 600 obras entregadas, 450 kilómetros reencarpetados y 48 mil millones de pesos destinados al Metro. Son datos que forman parte del balance presentado por el propio gobierno capitalino y que deben incorporarse a cualquier evaluación seria de estos dos años.
Pero una administración no se juzga solamente por cuánto gasta, sino por los resultados que percibe la población. Ese es precisamente el foco rojo para Clara Brugada.
Su gobierno ha apostado intensamente por programas sociales, eventos públicos y una narrativa política de cercanía popular, mientras enfrenta cuestionamientos en seguridad, corrupción, transporte, agua y otros servicios urbanos. La política de símbolos —incluida la promoción de elementos como los ajolotes— puede tener utilidad cultural y comunicacional, pero difícilmente sustituye resultados en los problemas estructurales de una metrópoli de la dimensión de la Ciudad de México.
El contraste resulta todavía más importante rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
No corresponde anticipar desde ahora cuántas alcaldías ganará cada fuerza política, pero sí advertir que la elección será una prueba territorial relevante para Morena. La oposición buscará capitalizar precisamente los problemas cotidianos de los capitalinos: inseguridad, servicios públicos, movilidad, agua, desarrollo urbano y corrupción.
Brugada tendrá entonces que demostrar que su aprobación personal puede convertirse en respaldo electoral para su partido. Clarita todavía dispone de tiempo, recursos y capital político para modificar esas percepciones y, sobre todo, mejorar resultados. Pero las elecciones intermedias colocarán inevitablemente a su administración bajo escrutinio.
Por eso 2027 será algo más que una elección de alcaldes y diputados locales: permitirá medir territorialmente hasta dónde permanece intacta la relación entre Morena y los habitantes de la capital.
Y pensando todavía más adelante, hacia 2030, el resultado tendrá otra lectura. La Ciudad de México ha sido durante décadas el principal laboratorio político de la izquierda mexicana. Si Morena comienza a perder terreno precisamente aquí, el mensaje trascenderá las fronteras de la capital.
A Clara Brugada todavía le quedan cuatro años de gobierno. El problema es que el calendario electoral corre mucho más rápido.
Y los ajolotes, los conciertos y la propaganda podrán adornar la administración, pero difícilmente responderán la pregunta que hoy domina las preocupaciones de los capitalinos: quién y cómo va a garantizarles seguridad o siquiera atenuar la corrupción o activar la economía de la metrópoli.