La realidad electoral es contundente: el PAN sin el PRI enfrenta vulnerabilidades importantes en diversas regiones del país y el PRI, sin acuerdos que amplíen su competitividad, encara una batalla todavía más complicada para conservar presencia política.
Bajo esa lógica, ambos partidos tendrán que decidir en cuáles de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027 les conviene competir coaligados y, sobre todo, qué estrategia seguirán en los 300 distritos federales de mayoría relativa, porque ahí se librará una de las batallas fundamentales: la nueva integración de la Cámara de Diputados.
La fórmula es conocida y no tendría por qué ser demasiado complicada: donde el PAN conserve mayor fortaleza territorial, el PRI tendría que evaluar sumarse; donde ocurra lo contrario, los panistas deberán decidir si respaldan al candidato tricolor o presentan uno propio.
No se trata simplemente de resucitar la alianza que perdió la elección presidencial de 2024, sino de reconocer que las correlaciones políticas son diferentes en cada estado y que dividir el voto opositor puede tener consecuencias distintas dependiendo de cada distrito.
Incluso Movimiento Ciudadano tendrá que definir hasta dónde mantiene su estrategia de competir por separado y hasta dónde existen coincidencias políticas con otras fuerzas opositoras.
El caso de Somos es diferente porque, al tratarse de un partido de nueva creación, la legislación le impide participar formalmente en coaliciones durante su primera elección; sin embargo, eso no cancela la posibilidad de entendimientos políticos, coincidencias legislativas posteriores o estrategias territoriales que terminen modificando la competencia en determinados estados, municipios y distritos.
Más allá de las dirigencias nacionales de Alejandro Moreno y Jorge Romero, que enfrentan cuestionamientos dentro y fuera de sus propias organizaciones, PAN y PRI conservan liderazgos regionales que podrían resultar competitivos.
Precisamente ahí estará uno de los principales desafíos: permitir que las candidaturas se construyan desde las realidades locales y no exclusivamente desde las oficinas nacionales. Si vuelven a privilegiarse cuotas, grupos y compromisos cupulares sobre competitividad electoral, difícilmente una alianza resolverá por sí misma los problemas de ambos partidos.
Pero sería un grave error que la oposición diseñara su estrategia suponiendo que enfrentará al mismo Morena arrollador de otros procesos electorales.
El partido gobernante también llegará a 2027 acompañado de sus propios fantasmas: divisiones internas, inconformidades por las candidaturas, desgaste de gobiernos estatales, diferencias con sus aliados y las repercusiones políticas de investigaciones y acusaciones provenientes de Estados Unidos contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
La escisión interna podría convertirse en uno de los mayores problemas para Morena. El reparto de candidaturas para las 17 gubernaturas ha provocado inconformidades entre aspirantes y grupos regionales, mientras el PVEM y el PT buscan preservar espacios propios.
Morena creció durante años alrededor de un liderazgo político predominante; ahora debe administrar una organización mucho más grande, con gobernadores, legisladores, dirigentes y grupos que poseen intereses propios y que no necesariamente aceptarán disciplinadamente todas las decisiones tomadas desde el centro.
A ello se suma el expediente de la llamada narcopolítica. Las acusaciones procedentes de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos abrieron un frente que estará presente en la conversación pública rumbo a las elecciones. Habrá que observar qué nuevas investigaciones o imputaciones formales se producen y contra quiénes.
Otro factor será el desgaste de los gobernadores morenistas. Después de varios años administrando buena parte de las entidades del país, Morena ya no puede atribuir todos los problemas locales a los gobiernos anteriores.
Seguridad, crecimiento, servicios públicos, infraestructura, corrupción y gobernabilidad formarán parte del balance que los ciudadanos hagan de cada administración. En varios estados, el candidato oficialista tendrá que defender no solamente las siglas de Morena y el proyecto presidencial, sino también el expediente del gobernador saliente.
Los tiempos electorales ya comenzaron y prácticamente toda decisión política empieza a pasar por el cedazo de 2027.
Para PAN y PRI, la disyuntiva es especialmente trascendente porque una nueva derrota de las dimensiones de 2024 profundizaría sus problemas y reduciría todavía más su presencia territorial rumbo a la sucesión presidencial de 2030.
El viejo PRIAN, aquella expresión peyorativa utilizada durante años para cuestionar la relación entre los dos partidos históricos, vuelve así al centro de la escena, aunque bajo circunstancias diferentes.
Ya no se trata de saber si se quieren, si comparten una identidad política o si pueden borrar décadas de enfrentamientos. Se trata de determinar dónde una alianza suma, dónde resta y dónde competir separados resulta electoralmente más conveniente.