Donald Trump no aparecerá en ninguna boleta mexicana el próximo 6 de junio, pero políticamente estará presente en muchas de ellas.
Las acusaciones, investigaciones y sanciones que están surgiendo desde Estados Unidos contra personajes de la política mexicana se han convertido en un ingrediente que inevitablemente formará parte de las campañas de 2027 y que puede influir en el ánimo de los electores, particularmente en aquellos estados donde la inseguridad, el narcotráfico y la penetración criminal en las instituciones serán asuntos centrales de la disputa electoral.
No hablamos de especulaciones menores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló acusaciones contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.
La acusación sostiene que habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa a cambio de protección política y sobornos. Son imputaciones de fiscales estadounidenses y tendrán que probarse judicialmente, pero políticamente su existencia ya forma parte del escenario mexicano.
A ello se suma que esta misma semana el Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas y 25 empresas presuntamente vinculadas con la organización de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco.
Entre los sancionados aparece Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Es decir, Washington continúa colocando nombres mexicanos sobre la mesa y nada permite suponer que el tema desaparecerá conforme avance el proceso electoral.
Por eso Donald Trump estará, metafóricamente, en las boletas mexicanas.
No porque pueda votar ni porque Washington tenga derecho alguno a intervenir en nuestras elecciones, sino porque cada acusación, sanción, retiro de visa o expediente divulgado desde Estados Unidos será utilizado inmediatamente dentro de la batalla política mexicana.
La oposición intentará convertir esos casos en un referéndum sobre Morena; el oficialismo responderá denunciando intervencionismo extranjero, y Claudia Sheinbaum tendrá que caminar sobre una cuerda cada vez más delgada entre la defensa de la soberanía nacional y la necesidad de mantener una relación funcional con el principal socio comercial de México.
La propia presidenta ha marcado esa diferencia. Sheinbaum sostiene que el retiro de una visa estadounidense no tiene relación jurídica con una elección mexicana y ha reclamado pruebas cuando Washington formula señalamientos contra funcionarios.
Esa posición es institucionalmente correcta: una acusación estadounidense no equivale a una sentencia mexicana y cualquier responsabilidad individual debe demostrarse conforme a derecho. Pero una cosa es la consecuencia jurídica y otra, completamente distinta, el costo político.
Y ahí está precisamente el problema para Morena.
El oficialismo llegará a 2027 con 17 gubernaturas en disputa y sin Claudia Sheinbaum en las boletas. Incluso Ricardo Monreal ha advertido públicamente que nadie dentro de Morena debería considerar asegurado el triunfo y que, sin PT y PVEM, la elección será mucho más complicada.
El coordinador morenista reconoce, además, que la ausencia de la figura presidencial en las papeletas modifica sustancialmente las condiciones respecto de 2024.
A ese escenario debemos agregar un tercer elemento: la fractura interna.
La presión de Washington puede acrecentar las diferencias entre quienes conservan una lealtad política fundamental hacia Andrés Manuel López Obrador y quienes entienden que Claudia Sheinbaum necesita construir su propio gobierno, preservar la cooperación con Estados Unidos y evitar cargar indefinidamente con todos los personajes y conflictos heredados del sexenio anterior.
No necesariamente estamos ante una ruptura entre López Obrador y Sheinbaum. Hasta ahora, la presidenta ha negado públicamente cualquier distanciamiento y ha reiterado que ambos pertenecen al mismo proyecto político. Pero negar una ruptura no significa negar la existencia de intereses, grupos y estrategias diferentes dentro de Morena.
Ahí estará uno de los grandes dilemas de 2027.
Trump sabe perfectamente que el narcotráfico es uno de los asuntos de mayor rentabilidad política dentro de Estados Unidos. México, además, se encuentra inevitablemente conectado con esa agenda por razones geográficas, económicas y de seguridad.
El presidente estadounidense acaba de volver a colocar públicamente a los cárteles mexicanos en el centro de su discurso, mientras Washington mantiene abiertas investigaciones y acciones financieras contra redes criminales y personas presuntamente relacionadas con ellas.
Por eso las elecciones mexicanas de 2027 tendrán un protagonista extranjero que no necesita aparecer físicamente en ninguna campaña.
Cada expediente procedente de Washington tendrá repercusiones en México. Cada nombre de un político mexicano mencionado por autoridades estadounidenses alimentará las campañas. Cada sanción será utilizada por adversarios y defendida o cuestionada por aliados.
La elección será decidida exclusivamente por los mexicanos y en las urnas mexicanas.
Pero entre millones de boletas habrá una sombra imposible de ignorar. La de Donald Trump.