La captura del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y la posterior desaparición del ayuntamiento decretada por el Congreso de Oaxaca, no constituyen solamente otro episodio de la crónica criminal mexicana.
Representan una advertencia mucho más inquietante: cuando el crimen consigue penetrar el municipio, comienza a pudrirse desde abajo la estructura misma del Estado.
Sánchez Altamirano fue detenido en un operativo conjunto de autoridades federales y estatales por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
La Fiscalía oaxaqueña lo relaciona con Los Cromos, organización señalada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec. Las investigaciones también atribuyen a esa estructura actividades de cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y otros delitos.
El caso se agravó con la detención de John Keny Moreno Segura, excomisario de la Policía Municipal de Juchitán, a quien la Fiscalía de Oaxaca también ubica presuntamente dentro de la estructura de Los Cromos.
Es decir, las investigaciones ya no apuntan solamente hacia el vértice político del ayuntamiento, sino también hacia quien tuvo responsabilidades sobre su aparato de seguridad.
¿Cómo puede llegar un personaje posteriormente acusado de semejantes delitos a una presidencia municipal?
¿Quién revisó sus antecedentes?
¿Quién lo hizo candidato?
¿Quién financió su campaña?
¿Quién observó su desempeño?
¿Qué sabían las autoridades estatales y federales sobre las redes criminales que operaban en el municipio y desde cuándo?
El problema no puede resolverse simplemente diciendo que las autoridades finalmente actuaron. Que hayan actuado es positivo; que hayan tenido que hacerlo cuando el personaje ya ocupaba la presidencia municipal demuestra que los mecanismos preventivos fracasaron.
El Congreso de Oaxaca terminó por adoptar una decisión excepcional. A solicitud del gobernador Salomón Jara, declaró procedente la desaparición del ayuntamiento con 35 votos a favor y ninguno en contra.
El fundamento utilizado fue, entre otras disposiciones, el artículo 115 constitucional y la legislación estatal relativa al abandono del ejercicio de funciones.
Posteriormente, fue nombrado Francisco Vásquez Jiménez como comisionado temporal para mantener la operación del municipio.
Juchitán debe encender todas las alarmas porque el municipio constituye el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y, simultáneamente, uno de los más vulnerables frente al crimen organizado.
Ahí están las policías municipales, los permisos, el comercio, los mercados, las obras públicas, los proveedores, el uso de suelo y el conocimiento detallado del territorio.
Una organización criminal que logra someter o infiltrar una presidencia municipal no solamente obtiene protección: puede acceder a información, recursos públicos y capacidad institucional.
Eso transforma radicalmente el problema. Ya no estaríamos hablando únicamente de delincuentes corrompiendo funcionarios, sino, en los casos donde así lo acrediten las investigaciones judiciales, de delincuentes utilizando estructuras del Estado.
Juchitán no debe servir para una condena partidista selectiva. El problema ha alcanzado a autoridades emanadas de diferentes fuerzas políticas y durante gobiernos de distintos signos.
Precisamente ahí radica su gravedad: estamos ante una vulnerabilidad del sistema político mexicano, no ante un fenómeno que pueda explicarse exclusivamente mediante unas siglas.
Pero quienes gobiernan tienen una responsabilidad mayor.
Los gobernadores no pueden seleccionar, impulsar o respaldar políticamente a presidentes municipales y después declararse completamente ajenos cuando aparecen investigaciones de esta magnitud.
Tampoco los partidos pueden entregar candidaturas y, cuando llega una orden de aprehensión, comportarse como si jamás hubieran conocido al personaje.
Rumbo a 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas y miles de cargos públicos, este caso debería modificar radicalmente los procedimientos de selección de candidatos.
No basta con ganar encuestas internas, movilizar estructuras territoriales o garantizar votos.
Los partidos necesitan investigar antecedentes patrimoniales, relaciones financieras, posibles vínculos criminales y procedencia de los recursos de campaña de quienes pretenden gobernar.
Los servicios de inteligencia del Estado tienen herramientas que hace algunos años parecían impensables.
Inteligencia financiera, intervenciones autorizadas judicialmente, seguimiento patrimonial, información de aduanas, coordinación entre Defensa, Marina, Guardia Nacional, fiscalías y la Secretaría de Seguridad, entre otras herramientas que permiten reconstruir redes mucho más amplias que la simple captura de un delincuente.
Lo que hace falta es que esas capacidades lleguen hasta donde conduzcan las pruebas, sin detenerse frente a colores partidistas o jerarquías políticas.
Juchitán es la piedra podrida que apareció cuando se levantó una parte del piso.
La pregunta verdaderamente inquietante es cuántas más existen.
Porque si el crimen logra controlar al gobierno que está más cerca del ciudadano, el problema deja de ser solamente de seguridad pública.
Se convierte en una amenaza contra el Estado.