La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI ofrece una radiografía de México que debería preocupar mucho más al gobierno que cualquier encuesta electoral. Somos más mexicanos, dependemos en mayor medida de transferencias gubernamentales y cientos de miles de hogares han sufrido algo que resulta inadmisible en un Estado que presume gobernabilidad: alguno de sus integrantes tuvo que abandonar su lugar de residencia por la violencia o la inseguridad.
Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, alrededor de 509 mil 900 hogares reportaron que al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar de residencia por inseguridad delictiva o violencia. En esos hogares habitaban aproximadamente 1.6 millones de personas. Es importante hacer la precisión porque el dato no significa que cada uno de esos 1.6 millones haya sido desplazado directamente, pero sí dimensiona la cantidad de mexicanos cuyas familias fueron alcanzadas por este fenómeno.
Detrás de las estadísticas existen familias que abandonaron casas, empleos, negocios, escuelas, tierras y comunidades porque permanecer ahí representaba un riesgo. El desplazamiento interno constituye una de las expresiones más graves de la pérdida efectiva del control territorial: cuando un ciudadano tiene que abandonar su patrimonio porque el Estado no puede garantizarle seguridad, algo fundamental ha fallado.
Y el fenómeno no puede analizarse aislado. La ENVIPE 2026, también del INEGI y referida a los delitos ocurridos durante 2025, estimó 33.8 millones de delitos y una cifra oculta de 93.4 por ciento, es decir, delitos que no fueron denunciados o respecto de los cuales no se inició una carpeta de investigación. En 28.5 por ciento de los hogares, al menos uno de sus integrantes reportó haber sido víctima de algún delito.
Esa es una parte de la fotografía nacional. La otra resulta igualmente reveladora.
México llegó en 2025 a 130 millones 911 mil 314 habitantes. La población continúa aumentando, pero cada vez más lentamente: la tasa media anual de crecimiento demográfico pasó de 2.1 por ciento en el periodo 1990-1995 a apenas 0.7 por ciento entre 2020 y 2025. Además, la edad mediana alcanzó los 32 años. México sigue creciendo, pero simultáneamente envejece y modifica aceleradamente su estructura demográfica.
Eso debería obligar al gobierno a pensar en políticas públicas de largo plazo: salud, pensiones, educación, vivienda, empleo, seguridad y productividad. Sin embargo, otro dato de la Encuesta Intercensal merece especial atención: entre 2020 y 2025, la proporción de hogares donde al menos una persona recibía ingresos monetarios provenientes de programas gubernamentales pasó de 25 a 41.4 por ciento. Es decir, aproximadamente cuatro de cada diez hogares reportaron esta fuente de ingresos.
El crecimiento de las transferencias sociales puede explicarse por la expansión de programas y pensiones y, para millones de familias, representa un ingreso importante que, por otro lado, pone en peligro las finanzas públicas, pero que le da viabilidad al proyecto político de Morena rumbo al futuro.
Pero políticamente existe una contradicción que no puede soslayarse: mientras aumenta considerablemente el número de hogares que recibe recursos públicos, persisten carencias esenciales que no pueden resolverse mediante depósitos bancarios.
Un programa social puede complementar el ingreso de una familia, pero no sustituye una patrulla, un Ministerio Público eficaz, una carretera segura, un hospital abastecido o una escuela de calidad. Mucho menos puede devolverle su casa a quien tuvo que abandonarla porque una organización criminal se apoderó de su comunidad.
El Estado mexicano está ampliando su presencia como distribuidor directo de recursos, mientras en determinadas regiones enfrenta enormes dificultades para cumplir otra de sus obligaciones fundamentales: garantizar seguridad y permitir que las personas permanezcan en sus hogares sin miedo.
Incluso los datos territoriales resultan reveladores. Entre las entidades con mayores proporciones de hogares donde al menos un integrante sufrió desplazamiento relacionado con violencia o inseguridad aparecen Zacatecas, Morelos, Colima y Querétaro. El problema, por tanto, no pertenece exclusivamente a una región ni puede reducirse a un solo gobierno estatal.
La Encuesta Intercensal 2025 debería convertirse en instrumento para rediseñar prioridades presupuestales. Un país de casi 131 millones de habitantes, con crecimiento demográfico desacelerándose, una población que envejece, una elevada dependencia de ingresos distintos al trabajo y cientos de miles de hogares afectados por desplazamientos derivados de la inseguridad, necesita mucho más que ampliar transferencias monetarias.
Necesita instituciones que funcionen, porque gobernar no consiste únicamente en entregar dinero público. También significa garantizar seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura y oportunidades para que los ciudadanos construyan su propia prosperidad.