La ejecución de Clemente Condado Escamilla, director del DIF de Acayucan, Veracruz, en pleno evento público, representa la radiografía nacional de la violencia y la inseguridad pública y pone en evidencia, una vez más, que la estrategia de abrazos, no balazos, no solo es una burla a la sociedad, sino que traspasa la línea que existe entre la legalidad y el contubernio con los delincuentes.

El sábado pasado, a plena luz del día, fue asesinada la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, en Puebla, quien meses antes había pedido protección y la autoridad la ignoró.

Además, antier fue el segundo día más violento en lo que va de este sexenio y el más violento en todo 2022: 118 mexicanas y mexicanos perdieron la vida durante las 24 horas de ese día.

Esta cifra solamente es superada por el 1 de diciembre de 2019, cuando se registraron 127 homicidios dolosos, paradójicamente, día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió un año en el cargo. Estos números son propios de un territorio que se encuentra en guerra.

La impunidad va en la misma proporción que la violencia, y ambas presentan cifras inéditas de los últimos 50 años, lo que desnuda la cruda realidad de la existencia de un Estado fallido, que ha perdido el control sobre extensas zonas del territorio nacional, amén de que no pueden garantizar la seguridad en la vida de las personas y de su patrimonio.

Mientras Morena gobierna en más entidades del país, más se deteriora el Estado de derecho y crece progresivamente la violencia y los índices delictivos.

El México real y crudo contrasta con la visión sesgada e irreal del presidente López Obrador y sus colaboradores, quienes a pesar de las crecientes demandas ciudadanas por frenar la violencia y del avance del imperio del caos y de la ilegalidad, se mantienen en su macho de que la estrategia implementada es la correcta, por lo que se mantendrá el resto del sexenio.

Esto quiere decir que al cierre de la administración de AMLO hablaremos de un parte de guerra con más fallecidos, verbigracia que en Ucrania.

Ese será otro estigma que marcará el paso de AMLO por la presidencia de México.

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PAN, advirtió de que “la ola de violencia debe parar, la estrategia de seguridad debe cambiar y el Presidente debe dejar de proteger al crimen organizado con sus abrazos; esto no le beneficia en nada al país ni a las familias mexicanas honestas, trabajadoras y con un modo honesto de vivir”.

Aseguró que el sentimiento de miedo que ya ha permeado a la sociedad debería ser un indicativo para la actuación del gobierno; sin embargo, mantienen su postura pasiva mientras el crimen avanza.

En el país siguen creciendo la corrupción, los secuestros, las violaciones, los robos con violencia, las extorsiones telefónicas, los homicidios dolosos, los feminicidios, entre muchos otros delitos que lastiman la tranquilidad de las familias, y el gobierno decide deliberadamente no actuar.

“Es preocupante el incremento de violencia, inseguridad y desapariciones en el país, y el Presidente prefiere seguir hablando de temas que en nada aportan al país. Dejen de culpar al pasado, eso no le sirve a las familias. La delincuencia y la violencia aumentan sistemáticamente en estos casi cuatro años de gobierno, y la incapacidad de gobernar es evidente y preocupante”, reclamó el legislador Romero Herrera.

El coordinador panista en San Lázaro alertó de que al seguir por este camino, la inseguridad seguirá creciendo, los homicidios permanecerán, los feminicidios no pararán, las masacres seguirán presentes y la vida de todas y todos estará en riesgo, quitándonos la tranquilidad que merecemos tener las y los mexicanos.

Exigió al gobierno federal cambiar su estrategia y poner como una de sus prioridades en su agenda un freno a la ola de violencia que impera a lo largo y ancho de México.

Un México violento y sin ley tiene prendidas las alertas rojas en Washington y en alto nivel de tensión sobre la agenda bilateral, en donde la migración, el avance de los cárteles de la droga y la estatización sobre bienes privados, hacen constantes las visitas de Ken Salazar, embajador de EU y de funcionarios de círculo cercano del presidente Joe Biden.