Desde San Lázaro

¿Venta de plazas en el sindicato del gobierno capitalino?

Alejandra Aguilar, trabajadora en la alcaldía Venustiano Carranza, adscrita al área de la Casa del Adulto Mayor, ha aprovechado esa posición para vender plazas hasta en 57 mil pesos.

Un problema más se le avecina a la jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, si no interviene de inmediato para frenar y dar turno a las autoridades correspondientes de la venta de plazas de base con la supuesta bendición y autorización del líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX).

Nos platican que, “con el visto bueno” del líder sindical, Aarón Ortega Villa, en las esferas más cercanas de su equipo hay toda una práctica de ilícitas acciones que se creía habían desaparecido por aquello de la honestidad, de venta de plazas que, bajo engaños, simulaciones y todo tipo de mentiras, se siguen ofreciendo a trabajadores eventuales, a desempleados y a gente que necesita un ascenso en el escalafón laboral y todo bajo una simple frase: “Yo te puedo ayudar, no te preocupes”.

Resulta que a nombre del SUTGCDMX, Alejandra Aguilar, así se presenta, es la punta de la madeja de todo un esquema de extorsión y se dice “privilegiada” como trabajadora sindical, pues sus antecedentes y prebendas laborales las obtuvo gracias a la ayuda de su mamá -en otra entrega le daremos más datos al respecto-, y con ese apoyo llegó a la plaza que ocupa actualmente como trabajadora en la alcaldía Venustiano Carranza, adscrita al área de la Casa del Adulto Mayor -eso dice la defraudadora profesional-, y con el cambio en la dirigencia sindical ahora es trabajadora comisionada al sindicato aludido desde donde, al parecer, ha aprovechado muy bien esa posición para vender las plazas hasta en 57 mil pesos, amparándose en que tiene los ‘contactos’ y con esa línea de acción dice, a quien desee escuchar sus ofertas, que “las plazas siempre se han vendido” y las cantidades que solicita son para darle lo correspondiente al ‘líder’.

Es tanta la necesidad de la gente por contar con un empleo seguro, que de inmediato caen en las redes del generoso discurso que ofrece estabilidad laboral y con la certeza de que “los nuevos trabajadores” tendrán, a los seis meses y un día, vacaciones, derecho a aguinaldo y muchas otras prestaciones.

“Ustedes lo saben -les dice a sus necesitados interlocutores- en este trato no hay ningún contrato o documento firmado, todo es bajo palabra”, y así con ese anzuelo, propio de los expertos en este tipo de fraudes, y como para no dejar huella del delito, pide que para asegurar la supuesta venta de la plaza ofrecida, con niveles que van de 11 a 16, el depósito del dinero solicitado se haga en cuentas que no son de ella sino de los propios defraudados, con el argumento de que la apoyen porque “tuve un problema en mi cuenta bancaria y urge apartar la plaza”; les pide su tarjeta y el NIP correspondiente, para proceder a extraer el efectivo.

Alejandra Aguilar, o como sea el nombre real de la supuesta comisionada sindical, no duda en decir que ‘extravió' su credencial de elector y lo único que presenta a manera de identificación es una licencia de conducir que data de varios años atrás y se ve más falsa que un billete de 15 pesos.

Y vaya que le sabe al negocio. Doña Alejandra, o como se llame, presume numerosas plazas comprometidas y, por lo que se ve, la estafa viene de hace tiempo, por lo que no estaría mal que, verbigracia, desde el Legislativo local, la Fiscalía General de la CDMX o el Ejecutivo capitalino, a esta supuesta trabajadora comisionada en el SUTGCDMX se le investigue, ya que con un salario de 15 mil pesos mensuales se da el lujo de tener y vivir en una residencia en la alcaldía Iztapalapa y presumir que tiene también un restaurante en la avenida Álvaro Obregón; que cuenta con casas y terrenos en Malinalco, Estado de México, adonde se va a descansar los fines de semana y, por si esto fuera poco, nada más para su transporte diario utiliza un Audi de dos plazas, con interiores en piel color hueso y una camioneta con valor superior a los 700 mil pesos, por lo que cabe la pregunta: ¿quien pompó?

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